Informó que la resolución de la SCJN de que continúe realizando las actividades para la Revocación de Mandato con un presupuesto que en la óptica del organismo es insuficiente, “tiene carácter de provisional y no resuelve el asunto de fondo”
El Instituto Nacional Electoral informó que acatará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de continuar con el proceso de Revocación de Mandato valiéndose del presupuesto con que para tales efectos cuenta actualmente.
Sin embargo, quedó a la espera de que la SCJN resuelva a propósito de la controversia constitucional que interpuso el 7 de diciembre bajo el argumento de enfrentar una insuficiencia presupuestaria para organizar el ejercicio de participación ciudadana.
Por lo que respecta a ese recurso, interpuesto en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, INE sometió a la consideración de la SCJN ordenar a la Cámara de Diputados proveerle “los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato”.
Este jueves 23 de diciembre el organismo informó que la decisión emitida por la Comisión Especial de la SCJN relativa a que puede continuar organizando el proceso de Revocación de Mandato con una bolsa disponible de mil 503 millones de pesos “tiene carácter de provisional y no resuelve el asunto de fondo”.
El 17 de diciembre el órgano electoral dio a conocer que pospondría las actividades para la realización de ese ejercicio, en razón del recorte presupuestario que le aplicó Cámara de Diputados y toda vez que con los recursos disponibles, obtenidos por la institución a base de ajustes y metas de ahorro, no alcanzaba “para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia”.
De ahí que el órgano legislativo promoviera una controversia constitucional, la cual ingresó a trámite y redundó en la orden de que el INE continuara organizando el proceso.
El día de hoy, el organismo informó que “la determinación de fondo (de la SCJN, respectiva al planteamiento de recibir mayores recursos) será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley e Revocación de Mandato, que en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales”.
El INE indicó que conforme al artículo 41, debe habilitarse el mismo número de casillas utilizadas en el proceso electoral anterior (161 mil).
Ambos mandatos “suponen una inversión de 3 mil 830 millones de pesos”, cantidad que se había contemplado en el Anteproyecto de Presupuesto entregado por el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y a cuyo monto global (24 mil 650 millones de pesos) la Cámara de Diputados aplicó un recorte de 4 mil 913 millones.
Este jueves, el Instituto señaló que en vista de los fondos con los que dispone al momento, “se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades”; ello a propósito de que la Corte estableció que “se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”, según citó el órgano electoral.
El Instituto puso de manifiesto que “para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto”.
Reportó que el proceso de verificación y validación de firmas necesarias para cumplir con el requisito constitucional de un respaldo consistente en 3% de la Lista Nominal que detone el ejercicio de participación, está en marcha “y nunca fue suspendido”.
De modo que “se continúa con la revisión de las firmas en papel que el INE recibió durante los últimos días en más de mil 400 cajas, las cuales se habrán de sumar a un millón 44 mil 630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias para que abonen al cumplimiento del requisito”, detalló el organismo.
Sobre los resultados de la revisión y validación, añadió que la Dirección del Registro Federal de Electores los habrá de presentar en el ánimo de que el Secretario Ejecutivo presente al Consejo General (Edmundo Jacobo Molina) haga entrega del informe final sobre el cumplimiento del requerimiento “a más tardar el 4 de febrero de 2022”.
