El Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal contra ex alcaldes y ex tesoreros en la imputación por abuso de autoridad, al no haber enterado cuotas y aportaciones al Instituto entre 2012 y 2015. La audiencia estaba programada para el jueves 25 de noviembre y fue diferida hasta abril de 2022
El Ayuntamiento de Ensenada, a través de Sindicatura, solicitó audiencia de impugnación ante el juez José Luis Contreras porque el Ministerio Público dio carpetazo, es decir, decretó no ejercicio de la acción penal a favor de los ex alcaldes Enrique Pelayo Torres, Gilberto Hirata Chico y los ex tesoreros Samuel Jaime y María Guadalupe Beltrán, por el delito de abuso de autoridad al no haber enterado cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) entre 2012 y 2015.
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Dentro del cuaderno de revisión 120/2018, la audiencia de impugnación estaba programada para el jueves 25 de noviembre a las 14:00 horas en la Sala Virtual 16; los cuatro imputados arribaron a las instalaciones de los Juzgados penales, a un costado del Centro de Readaptación Social en el puerto, sin embargo, fue diferida hasta el 18 de abril de 2022, toda vez que el apoderado legal del Ayuntamiento, Omar Fernando Lira Sánchez, no exhibió ante la fiscalía el poder que lo acreditara como tal.
Bajo Número Único de Caso (NUC) 0201-2016-11125, a los cuatro se les imputa que durante abril de 2012 (segundo año de la administración de Pelayo Torres) hasta abril de 2015 (segundo año de la gestión de Hirata Chico, en su carácter de presidentes y tesoreros del Ayuntamiento de Ensenada) dejaron de cubrir las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Municipio al Issstecali, generando daños a la Hacienda pública municipal por 51 millones 584 mil 851 pesos con 43 centavos.
Sobre Gilberto Hirata y Samuel Jaime pesa una inhabilitación de 10 años dictada por Sindicatura a mediados de 2018 y, en 2016, María Guadalupe Beltrán Rocha fue inhabilitada por dos años y medio.
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Abogados consultados por ZETA explicaron que el ofendido (Ayuntamiento) impugna al no estar conforme con la determinación del Ministerio Público de archivar el caso al determinar el no ejercicio de la acción penal. Al haber impugnación, se fijan fecha y hora para celebrar la audiencia oral en la que el ofendido deberá exponer de manera técnica lo que le causa perjuicio y por qué está en desacuerdo con la determinación del Ministerio Público, conforme el Código Penal, si hubo una mala apreciación del MP o si faltaron datos por investigar.
Los defensores particulares, en este caso la ex subprocuradora Sonia Patricia Navarro Navarro y Mario Fernando Ruiz Sández, así como el propio Ministerio Público, Christian Gerardo Flores Echeverría, tendrán la oportunidad de contrarrestar la exposición del ofendido; el MP ya está del lado de los defensores al haber archivado el asunto, explicaron abogados.
Al juez de Control, José Luis Contreras, corresponderá confirmar el no ejercicio de la acción penal o regresar el asunto al MP para que continúe investigando. Si el togado resuelve en el primer supuesto, queda la instancia del amparo.
Los litigantes consultados por ZETA coincidieron en que, por una parte, los jueces federales están vinculando a ex funcionarios municipales, y por otra, en el fuero común no han entrado al estudio de los asuntos porque el Ministerio Público los ha archivado.
Este Semanario solicitó una entrevista con la titular de Sindicatura, Elizabeth Muñoz Huerta, para conocer su versión sobre este revés, sin embargo, la respuesta de la dependencia fue que se encontraba “indispuesta de salud”.
También se abordó al fiscal regional, Rafael Orozco Vargas, en el arranque del operativo Diciembre Seguro para saber por qué el MP determinó archivar el asunto, pero aseguró no poder dar declaraciones y que todos los temas se manejan desde Mexicali o Tijuana.
AUDITORÍA DOCUMENTA FALTA DE PAGOS
En las cuentas públicas del Ayuntamiento de Ensenada entre 2012 y 2015, son recurrentes las observaciones de la Auditoría Superior del Estado en cuanto a los registros contables con el Issstecali.
En 2012, según el documento disponible en la página de la Auditoría, el Ayuntamiento de Ensenada presentaba registros contables en cuentas por pagar por concepto de cuotas y aportaciones, y recargos al Issstecali por 113 millones 885 mil 978 pesos, integrados por 67.4 millones de cuotas patronales, retenciones al personal por 32 millones 067 mil 093 pesos y recargos moratorios por 14 millones 337 mil 001 pesos, “de los cuales no se ha efectuado el pago respectivo”.
En la revisión de la cuenta pública 2013, el monto por cuotas y aportaciones, y recargos por pagar al Issstecali, ascendiendo a 214 millones 458 mil 310 pesos, integrados por la subcuenta Cuotas Patronales Convenido por 201 millones 214 mil 637 pesos, incluyendo 28 millones 669 mil 342 de recargos moratorios; y Subcuenta Cuotas y Aportaciones Issstecali por 13 millones 43 mil 673 pesos.
En 2014, con Hirata de lleno en su administración, la Auditoría Superior del Estado encontró que al Issstecali se le debían 308 millones 309 mil 135 pesos por cuotas y aportaciones no enteradas, cantidad integrada por la subcuenta Cuotas Patronales por un importe de 201 millones 214 mil 637 pesos, incluyendo 28 millones 669 mil 342 pesos de recargos moratorios y subcuenta Cuotas y Aportaciones a Issstecali No Convenido -servicio médico, fondo de pensiones, cuota de antigüedad y préstamos- por 107 millones 94 mil 498 pesos.
Por último, en 2015 el Ayuntamiento presentó cuentas por pagar por cuotas y aportaciones, y recargos al Issstecali por 460 millones 193 mil 209 pesos que se integran por la subcuenta Cuotas Patronales Convenido por 201 millones 214 mil 637 pesos, incluyendo 28 millones 669 mil 342 pesos de recargos moratorios; y subcuentas Cuotas y Aportaciones a Issstecali -servicio médico, fondo de pensiones, cuota de antigüedad, préstamos- por 258 millones 978 mil 572 pesos.
VINCULADOS A PROCESO
En agosto de 2020, un juez federal vinculó a proceso al ex alcalde Hirata y al ex tesorero Samuel Jaime por el delito de peculado. Los hechos considerados para la vinculación a proceso fueron el traspaso de 3.5 millones de pesos, de recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) etiquetados para la habilitación de la Estación de Bomberos de la colonia Nueva Era en San Quintín y la pavimentación de una calle en el ex Ejido Chapultepec; estos se utilizaron en el pago de nómina municipal.
En febrero de 2021 ambos fueron vinculados a proceso por el mismo delito, por parte de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Ensenada.
En esa ocasión, Sindicatura Municipal ponderó el seguimiento de la carpeta judicial 125/2020 tunada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, donde se hace referencia al desvío de recursos superiores a 4 millones de pesos destinados por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, al Ayuntamiento de Ensenada para un proyecto de obra en el ex Mercado Municipal.
En marzo del mismo año, los dos ex funcionarios fueron vinculados a proceso por peculado y se les impuso la medida cautelar de no salir de Baja California sin autorización.
El juez José Luis Castañeda determinó el auto de vinculación a proceso contra ambos en dos causas penales por el delito de peculado: bajo causa penal 01178/2019 y NUC 01-2017-06081, por peculado y abuso de autoridad; y bajo causa penal 01381/2019, NUC 01-2017-04771, por abuso de autoridad y peculado.
ORDENA JUZGADO PAGAR 35 MDP A PROVEEDOR
El 29 de noviembre, el Ayuntamiento de Ensenada fue notificado por el Juzgado Cuarto Civil, que deberá pagar 28 millones 38 mil 317 pesos y otros 7 millones 710 mil 537 pesos a Germán Castello Cedillo, como parte de un juicio ejecutivo mercantil.
La jueza Cuarta provisional de primera instancia civil, especializada en materia mercantil, fijó un plazo improrrogable de cinco días para ordenar al tesorero Vicente del Toro Maldonado adoptar las adecuaciones necesarias en el siguiente presupuesto, a efecto de incorporar los 28 millones de pesos a la que fue condenada como cantidad liquidada y 7 millones de pesos por concepto de interés legal que se generaron a razón del juicio.
Una semana antes de concluir la administración de Marco Novelo Osuna, el órgano de control interno del Municipio dejó un expediente con NUC 16/2019 en contra del ex director de Atención Ciudadana, Martín Villalobos Salas, por el delito de peculado.
El tema del supuesto desvío de recursos surgió cuando el titular de la dependencia en el XXI Ayuntamiento de Gilberto Hirata, adquirió artículos nuevos para apoyos sociales por medio del negocio propiedad de Germán Castello Cedillo, con domicilio en Tijuana.
Omar y Germán Castello redactaron a la Sindicatura del XXII Ayuntamiento (administración encabezada por Marco Novelo) que entregaron a consignación varios artículos como bicicletas, juguetes, materiales de construcción o impermeabilización, artículos escolares y línea blanca para regalar a personas de escasos recursos, pero Tesorería Municipal omitió el pago de facturas por más de 20 millones de pesos. En total fueron más de 45 millones de pesos en proveeduría.
La Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento no encontró evidencias documentales de que estos artículos hubieran sido entregados a los beneficiarios, como estaba estipulado en la solicitud del recurso económico. Para efectos de fiscalización del recurso, cada beneficiario debe cumplir con entregar una serie de requisitos documentales para identificar a la persona y, al mismo tiempo, que acredite que tiene una necesidad.
Durante la investigación, Sindicatura Municipal encontró que sí existía una lista de supuestos beneficiarios, pero ningún documento que respaldara la entrega, ni siquiera credenciales de elector.
Por este asunto, un ciudadano en Mexicali interpuso una denuncia ante instancias administrativas como la Auditoría Superior del Estado, pero en contra del ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social Municipal y ex regidor priista Samuel Albestrain Pérez.
ACUSACIONES ABUSO DE AUTORIDAD Y PECULADO
1. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2014. Monto total: 79.691 millones de pesos.
2. No supervisar la administración del recurso desviado (35.656 millones de pesos).
3. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS 2015. Total de recurso desviado: 16.720 millones de pesos.
4. Otorgamiento de 96 ascensos a elementos policiales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.
5. No vigilar ni cumplir con las disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, mismo que regula el manejo del crédito autorizado mediante Decreto 196 por la XXI Legislatura para financiamiento y/o restructuración de la deuda pública con Bansi. Total de recurso desviado: 262.1 millones de pesos.
6. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS o Ramo 33 por 89.6 millones de pesos.
7. No vigilar la administración correspondiente al fondo federal Archivo Histórico 2016 por un millón de pesos.
8. No vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo 2016 por un millón de pesos.
9. No vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo 2016 por 3.5 millones de pesos.
10. Incumplimiento a la normalidad relativa a la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (fortalece del ejercicio fiscal 2016 por 26.5 millones de pesos).
