Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del año en curso, Tijuana suma mil 829 muertes violentas; noviembre acumuló 149 víctimas y diciembre inició con siete asesinatos y dos homicidas capturados. Carlos Flores Cabral, nayarita de 45 años, y Steven Álvarez, de 31, oriundo de California, Estados Unidos, fueron detenidos y acusados de secuestro agravado y delitos vinculados a la desaparición forzada de personas (Se presumen inocentes mientras no se declare responsabilidad por autoridad judicial, Art.13, CNPP)
Ambos fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana y el Ejército, en el interior de un inmueble en la calle Juan Escutia y Cañón Centenario de la delegación Sánchez Taboada, de donde había escapado un hombre al que tuvieron secuestrado.
Al ingresar, a simple vista los uniformados pudieron observar los restos de dos personas -presuntamente asesinadas y semienterradas-, un cadáver con la cabeza expuesta y otro sin región cefálica, del que sólo se alcanzaban a ver las piernas envueltas en un costal que salían de un pozo.
Minutos antes, en recorrido, los agentes habían intervenido a un hombre que vieron salir corriendo por unas escaleras de llanta, de un terreno con un cuarto de madera, visiblemente golpeado y con las manos atadas al frente, con cables eléctricos. Al entrar, capturaron a dos de los secuestradores, pero un tercero -aún no identificado- huyó.
Los acusan de secuestro -pena mínima 15 años- porque existe evidencia de que tenían intención de provocarle daño a la víctima rescatada con vida, pero el juez podría reclasificar a privación de la libertad, delito que impone una pena de uno a cinco años de prisión.
En el caso de los cadáveres, evitaron imputar a Flores y Álvarez por exhumación -delito que castiga la falta de respeto a los muertos-, porque en medio de la pugna mortal entre narcomenudistas, al estar semienterrados, era evidente que sabían que las víctimas estaban ahí, veían los restos, e incluso si no lo cometieron, sabían que se cometieron varios delitos, y al enterrarlos existía la intención de que los restos no fueran localizados, lo cual implica una penalidad de 25 a 50 años, con agravante de hasta 75 años.
La captura fue declara legal, y hoy viernes 3 de diciembre a las 15:00 horas, el juez decidirá si se les imputa por los delitos que pidió la fiscalía o los reclasifica.
“Integramos la carpeta de investigación por ese delito para ver si podemos ampliar el ejercicio de la acción penal en contra de estos sujetos por homicidio o por inhumación, estamos trabajando en ello”, expuso el fiscal central Hiram Sánchez.
“Son sujetos vinculados a otros homicidios, incluso a la víctima la estaban obligando a cometer una conducta delictiva de homicidio que, al no prestarse a ello, pretendieron privarlo de la vida. Estos actos inciden de manera favorable en la incidencia delictiva de homicidios, porque estos sujetos reclutaban a gente que mataran a nombre de ellos o bajo su conducción, y seguramente también después los privarían de la vida tras cometer esto”, concluyó el funcionario.
