La propuesta de México para combatir el tráfico de armas fue aceptada por 12 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
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El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución presentada por México para combatir el tráfico ilícito de armas.
En un video compartido en redes sociales, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el Canciller Marcelo Ebrard explicaron que la propuesta fue aceptada por 12 miembros del Consejo de Seguridad, mientras que tres se abstuvieron.
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“Lo que buscamos es disminuir el tráfico de armas a nuestro país y esta resolución nos va a ayudar a eso”, explicó Ebrard. “ Nos va a permitir tener mejores registros, darle seguimiento a los flujos financieros de los que se dedican al tráfico de armas”.
Juan Ramón de la Fuente mencionó que esta resolución plantea que las armas pequeñas y ligeras son amenazas para la paz y seguridad internacionales; condena los flujos de armas que resultan en suministros a agentes no estatales, como los delincuentes, y convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones.
Otro punto relevante de la resolución es que reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire.
También contempla la necesidad de capacitación de personal en adunas y la necesidad de un mayor intercambio desinformación sobre traficantes y rutas.
La resolución señala además que debe existir un seguimiento a los flujos de capital de este tráfico ilegal y reconoce la importancia de la colaboración de las empresas privadas, es decir, deben cooperar con las autoridades.
El pasado 22 de noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon llamó a los gobiernos del mundo y a las empresas del sector privado a implementar medidas para evitar el tráfico de armas, en virtud de la violencia que este alimenta en diversas regiones y países, incluyendo México.
En su calidad de presidente temporal del Consejo, el Canciller Ebrard acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
“Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil: destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad”, denunció ante miembros permanentes y no permanentes del Consejo, así como de otros Estados de la ONU.
El Secretario reconoció los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, apuntó, estas acciones han sido insuficientes.
El jefe de la diplomacia mexicana informó que alrededor de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas cada día por disparo de arma de fuego en el mundo. En América Latina, añadió, se presentan cifras anuales de violencia y muertes por armas de fuego aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado.
“Debemos hacer más para disminuir el desvío y tráfico de armas y sus consecuencias negativas, en particular en países que se debaten con altos niveles de violencia criminal”, apuntó Ebrard, quien estuvo acompañado por el representante permanente de México en la ONU, el embajador Juan Ramón de la Fuente
El Secretario Ebrard señaló que, además de los gobiernos, el sector privado tiene responsabilidad en el tráfico de armas. Las empresas, dijo, deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse de que las que son fabricadas legalmente no lleguen a manos criminales.
Durante su alocución, Ebrard se refirió a la demanda presentada por México en agosto pasado, en una corte en Massachusetts, en contra de compañías privadas productoras de armas en Estados Unidos, a las que nuestro país acusa de realizar prácticas intencionales y negligentes en la producción y comercialización de armas que propician el trasiego ilegal y, en consecuencia, afectan a la población mexicana e incrementan la violencia. ZETA/SinEmbargo
