La UIPE no tiene la estructura para perseguir y judicializar delitos como lavado de dinero. Fiscalistas aseguran que una unidad de inteligencia sin autonomía y facultades similares a la UIF, es un gasto innecesario de recursos públicos; sin embargo, se le han destinado recursos millonarios con sólo cinco empleados. El titular no es especialista en la materia; previo a su nombramiento era agente del Ministerio Público en Tecate
El 26 de febrero de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció en un comunicado el nombramiento de Nelson Iván Garza Rodríguez, ex agente del Ministerio Público, como titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), a un año de su creación.
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Dicha asignación llegó después de la firma de un convenio colaborativo entre el titular de la FGE, Guillermo Ruiz Hernández, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, celebrada el 4 de febrero de 2021 para combatir los delitos relacionados con lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En julio, durante una reunión con la asociación civil Foro Cívico Tijuanense, el fiscal general anunció que la entidad tendría una Unidad de Inteligencia Económica (UIE) para atacar a las organizaciones delictivas, asegurando que en la FGE ya se contaba con estructura para perseguir este tipo de delitos.
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Durante ese evento, Ruiz Hernández aseguró que para el 6 de agosto estaría lista y en funciones la UIF estatal, pero la realidad fue otra. A la fecha no hay tal dependencia en el Estado, sólo la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
La UIPE tiene cómo objetivo realizar investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay una en cada entidad federativa y está coordinada con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La presumida unidad del fiscal no cuenta con recurso propio, tampoco con las facultades suficientes para iniciar investigaciones propias, congelar cuentas o generar una sanción contra algún presunto exceso o delincuente fiscal, ya que depende 100% de la FGE.
De acuerdo con especialistas en Derecho fiscal consultados por ZETA, estas unidades de Inteligencia Financiera de los estados sólo representan un gasto oneroso de los recursos públicos si no se les dota de independencia y facultades para investigar o generar alguna sanción.
También señalaron que estas Unidades de Inteligencia Patrimonial en manos de los gobernadores, lejos de volverse una herramienta para enfrentar al crimen organizado y la defraudación fiscal, podrían convertirse en un arma política para que los gobiernos hostiguen a sus adversarios.
En el caso particular de Baja California, la UIPE tiene una oficina en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana, con cinco empleados y nada más. Su titular es visto en el edificio una vez a la semana, de acuerdo con empleados de la dependencia consultados por este Semanario.
GASTOS ONEROSOS PARA UNA DEPENDENCIA SIN DIENTES
Aunque es una oficina relativamente pequeña tanto en espacio como en carga de trabajo, el 15 de octubre de 2020, la Oficialía Mayor del Estado le adjudicó un contrato por 367 mil 550 pesos a la empresa Office Furniture Manufacturing, S de RL de CV para el suministro de mobiliario para el despacho.
Se adquirieron 15 archiveros de cuatro gavetas, cuatro credenzas de madera, seis escritorios de madera, cinco escritorios módulo en “L”, dos mesas para sala de juntas, siete libreros, 13 sillas fijas de visita, 15 sillones ejecutivos y dos sillones de una plaza.
Pero ese no es el único gasto oneroso que se ha realizado para la UIPE; también se solicitó al Congreso del Estado una ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos de FGE para el ejercicio fiscal 2021 por 8 millones 299 mil 981 pesos para la adquisición de software.
El recurso se utilizará para pagar la licencia de la plataforma IBM i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) “para fortalecer las capacidades de análisis e investigación” de la UIPE.
La exposición de motivos para la solicitud del recurso la FGE argumenta:
“Es de señalar que con esta propuesta se pretende hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos de naturaleza de contenido patrimonial o económico, con el apoyo de las herramientas tecnológicas”.
La empresa a la que se contrataría la licencia de este sofisticado software para análisis de datos, es Cuatro Networks, S de RL de CV (RFC CNE100930Y6), la cual no se encuentra dada de alta ante el Registro Público del Comercio.
Como representante legal de la firma aparece Liliana González Morales, pero al buscar en los registros de la Secretaría de Economía y el Registro Público de la Propiedad, no figura en esta empresa, sino como socia de otra del mismo ramo: Iungo Solutions, S de RL de CV.
Luego de una exhaustiva búsqueda a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encontró contrato alguno con Cuatro Networks o Iungo Solutions, ni con alguna otra empresa por concepto de pago de licencia para alguna aplicación tecnológica enfocada en la UIPE.
DE AGENTE DEL MP A DIRECTOR DE LA UIPE
Desde el 1 de julio del año en curso, Nelson Iván Garza Rodríguez percibe un salario mensual de 51 mil pesos -según lo reportado ante los organismos de Transparencia- pero apenas hace tres años recibía casi la mitad de su sueldo actual por su labor como Agente de del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy FGE).
En aquel tiempo ganaba mensualmente 37 mil pesos, ocupando posiciones como la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Zona Tijuana o la titularidad de una unidad de la otrora conocida como PGJE.
La trayectoria de Garza Rodríguez se ha forjado en distintos estados de la República Mexicana, como Tamaulipas (de donde es originario) y Sinaloa. También se le relaciona con Jorge Álvarez, ex subprocurador de Tijuana y ex fiscal regional de Tecate, en la creación de la Fiscalía General del Estado.
En 2019, el ahora director de la UIPE impartió clases en la Universidad Autónoma de Baja California, como profesor de asignatura en la Facultad de Derecho del Campus Tijuana, percibiendo un sueldo de 2 mil 300 pesos semanales. Para el año siguiente, del 1de julio hasta el 30 de junio de 2021, se desempeñó como agente del MP de Tecate, adscrito a la FGE, mientras Jorge Álvarez era fiscal regional. Su sueldo era de 34 mil pesos mensuales.
ZETA buscó al egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Valle del Bravo de Reynosa, Tamaulipas para sostener una entrevista en la que se abordaran las acciones por él emprendidas como director de la UIPE, así como los resultados obtenidos durante su gestión; sin embargo, Garza se negó a la petición de este Semanario.
LAS ESCASAS ACCIONES DE LA UNIDAD
El fiscal general Guillermo Ruiz ordenó a Nelson Garza no dar entrevistas; ante la negativa (ordenada por el “Titi”), quien sí atendió la solicitud de información de ZETA fue el fiscal central, Hiram Sánchez Zamora, excusando que, a diferencia del director de la UIPE, él sí tiene autorización para dar entrevistas, mientras que Garza Rodríguez debe solicitar permiso al fiscal general Guillermo Ruiz Hernández para atender a medios de comunicación y este no se lo concedió hasta el cierre de esta edición.
Sánchez Zamora informó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica ha servido de enlace entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las fiscalías regionales y especializadas de la FGE, tramitando altas de usuarios del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad:
Fiscalía General del Estado
Fiscalía de Contraloría y Visitaduría
Fiscalía de Unidades Especializadas
Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género
Fiscalía Regional de Ensenada
Fiscalía Regional de Mexicali
Fiscalía Regional de Playas de Rosarito
Fiscalía Regional de Tecate
Fiscalía Regional de Tijuana
En total son 18 usuarios, dos por cada fiscalía; este registro les permite solicitar información a la CNBV sobre cuentas bancarias y comunicar aseguramientos.
El fiscal central agregó que la UIPE ha recabado 150 contestaciones a peticiones realizadas por la CNBV, de la siguiente forma:
73 en Fiscalía Regional de Ensenada
57 en Fiscalía Regional de Mexicali
18 en Fiscalía Regional de Tijuana
2 en Fiscalía de Unidades Especializadas.
De igual forma, Sánchez Zamora presumió que la UIPE firmó un convenio con la UIF, otro con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de realizar la propuesta de convenio a celebrar con la Secretaría General de Gobierno, en la cual ejerce atribuciones respecto a Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como funciones notariales del Poder Ejecutivo estatal; y una nueva propuesta de convenio con la Secretaría de Hacienda y el SAT de Baja California, con atribuciones en los departamentos de Control Vehicular, Actualización del Padrón Fiscal y de Control del Ingreso, Recaudación de Rentas y Sub Recaudación de Rentas.
Para concluir, el funcionario estatal reveló que la Unidad de Inteligencia participó en el Congreso Internacional Antidrogas Nuevos Desafíos en la Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero, celebrado en Ciudad de México los días 28 y 29 de julio de 2021; y en el Foro Internacional Fortalecimiento de Capacidades Policiales FBINAA-México –realizado el 22 de octubre en Tijuana- como ponente en el diálogo abierto “Lavado de Dinero en el Ámbito Local”, pruebas del arduo trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la FGE.
