Parlamento
“Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro, y tiene, tiene brillando el alma…”
Cada que hay cambio de gobierno, en el orden que sea, los sentimientos encontrados entre esperanza y la sensación de que es más de lo mismo, se vuelven cotidianos. Al nuevo gobernante hay que darle “chance”: mira el “tiradero que le dejaron” dicen algunos, o el simple adagio de que “las soluciones no se dan de la noche a la mañana” espetan otros. Empero, en opinión de quien esto escribe, el trazo de las reparaciones, su eficacia y durabilidad debieran expresarse desde un principio. Empero, nos siguen recetando “soluciones” engañosas o a medias.
Ejemplo de lo anterior es la vacilada de decreto que supuestamente reduce el IVA al 8% en la frontera. ¿Es cierto acaso tal medida? La respuesta es no. Lo del 8% es una concesión graciosa de un decreto administrativo que nos reduce temporalmente la tasa a quienes cumplen con determinados requisitos. Sin embargo, como los lectores se habrán dado cuenta, hay establecimientos donde sí les cobran el 16% y en otros al 8%, simple y sencillamente porque no todos se inscribieron al programa y/o no todos cumplían con los requisitos.
Lejos de ser general, la medida está plagada de amenazas para quienes ejercen el 8% y la primera edición del decreto que era de dos años, apenas fue renovada por otros dos. Planear un negocio o inversión de largo plazo bajo esas premisas, es simplemente frustrante.
Corrían los años 20’s y el régimen especial de auténtica zona libre fue planteado por primera vez en 1923 por mi bisabuelo, Don Ulises Irigoyen. Los primeros proyectos de decreto de zona libre propuestos entre 1924 y 1993, tenían la tinta de su pluma y fueron elaborados por el abuelo a petición del secretario de Hacienda Marte R. Gómez y, en su momento, por el Presidente Abelardo L. Rodríguez.
Los argumentos de entonces son, en lo fundamental, iguales a los que se pueden esgrimir hoy: la tasa del impuesto al consumo en frontera debe ser competitiva respecto del país colindante, mientras que una auténtica zona libre, con independencia de medidas de seguridad no arancelaria, es aquella que simplemente tiene cero aranceles y cero impuestos de importación. Por tanto, nos sigue quedando a deber López Obrador.
Agrego, además, que en la relación intergubernamental hacendaria, a los estados del norte se les debe compensar de alguna manera en su régimen fiscal (impuestos), los beneficios que el gasto público dedica a los Estados del centro y sur del país vía el presupuesto. Si no nos estimulan vía gasto público, que se permita el estímulo mediante una tasa al consumo competitiva y una auténtica zona libre.
Este gobierno que se dice trasformador, no ha hecho más que evadir e impedir soluciones de fondo, con idénticas técnicas que usaban en la época del PRI-Gobierno. Lo anterior viene a cuento luego del aplaudido decreto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que exime de pago del impuesto a las ventas finales de bebidas con graduación alcohólica, en favor principalmente de los vitivinicultores. Lamentablemente para ellos, esta es la realidad:
*Primero, se trata de un impuesto que no habían pagado puesto que no se publicó debidamente en la Ley de Ingresos del Estado.
*Segundo, por tanto, la medida anunciada, si bien les reitera que no se los cobrarán, lo cierto es que no tiene impacto económico alguno puesto que era un impuesto inactivo.
*Tercero, el Impuesto sigue vivo y rozagante pero con una especie de “suspensión”. La bronca es que se los activan en un santiamén.
Al igual que el caso del IVA, el decreto que exime de cobro del “impuesto al vino” de la Gobernadora, no es una solución siquiera medianamente completa. La solución de fondo plausible, sería que la gobernadora promoviera la derogación de ese impuesto de la ley de hacienda estatal, lo cual si daría certidumbre a los productores de vino y apostaría a su competitividad en el largo plazo.
Dicho de otro modo, eximir temporalmente el pago de un impuesto que de todos modos aún no te cobraban, pero con el cual tenían la amenaza de activarlo, es muy similar a que simplemente no lo publicaban en ley de ingresos para no cobrarlo (tal y como ocurría en los gobiernos anteriores). Por tanto, el mencionado decreto no da un resultado muy diferente a lo que ocurría antes. Metafóricamente: hoy guardan la pistola con que amenazaban a esa industria, pero la dejan bien cargada… por si se ofrece. Lo deseable sería despedazar el arma y sus municiones, que no es otra cosa que derogar el impuesto formalmente en la ley que lo contiene.
Por último, si realmente se quiere impulsar la planta productiva y corregir los excesos de Jaime Bonilla, la reforma exigible es que modifiquen la tasa del impuesto sobre nómina, del actual 3% y la regresen al 1.80% histórico (la sobre tasa del 0.63% podría ser una medida transitoria). Eso sí aliviaría a las golpeadas finanzas del sector empresarial, particularmente a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% de los puestos de trabajo.
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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