De no haber tomado esa decisión “se ponía en riesgo el acceso a la justicia, porque no había las condiciones para dar trámite a las demandas”, dice nuevo secretario del Trabajo
A menos de cinco horas de que entrara en vigor la implementación de la reforma laboral en Baja California, el gobierno estatal informó este 2 de noviembre que se prorrogará 90 días el inicio de las labores del Centro de Conciliación Laboral Estatal y los tribunales laborales (pertenecientes al Poder Judicial), de manera que la impartición de justicia laboral seguirá a cargo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, dijo a ZETA que una vez que inició la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda se constituyó el grupo interinstitucional para la implementación de la reforma con los nuevos funcionarios. Dentro del cual se observó que no hay condiciones para iniciar la reforma laboral en el estado mañana 3 de noviembre, como estaba previsto.
“Una vez analizado en ese grupo interinstitucional se concluyó que para poder poner en marcha de manera óptima el Centro Estatal de Conciliación y cumplir con la reforma era necesario solicitar una prórroga a la STPS federal.
Por vía de oficio solicitamos la prórroga de 90 días (el 1 de nov.) y el día de hoy se nos notificó en sentido positivo”, apuntó.
De no haber tomado esa decisión “desde luego que se ponía en riesgo el acceso a la justicia, porque no había las condiciones para dar trámite a las demandas” que recibiría el Centro de Conciliación y los tribunales laborales, dado que no se cuenta con espacios físicos para éstos, señaló Arregui Ibarra.
En entrevista con este Semanario agregó que también hace falta la contratación de conciliadores, el proceso de capacitación y homogenización de criterios.
Sin precisar el avance que tuvo la implementación de la reforma en la administración de Bonilla Valdez, el nuevo titular de la STPS reiteró que el principal motivo de la prórroga fue cumplir con la instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda “de garantizar un servicio de calidad y de eficiencia”.
Apuntó que aún con dicha prórroga el Estado se encuentra dentro del término establecido en la normatividad federal para implementar la reforma laboral, cuyo plazo vence en mayo de 2022.
El 31 de octubre la STPS federal envío un boletín diciendo que las 13 entidades incluyendo BC que forman parte de la segunda etapa de implementación de la reforma laboral estaban listas. Entonces ¿El gobierno anterior mintió y BC realmente no estaba lista para llevar a cabo la implementación de la reforma laboral?
Desde luego que no había condiciones y por eso es que se tomó la determinación en el grupo interinstitucional para la implementación del nuevo sistema. Una vez advertido el avance que se tenía se concluyó que no había condiciones, por lo tanto lo manifestado por el titular en la anterior administración en el criterio de este grupo interinstitucional con los funcionarios de la administración entrante derivó en la necesidad de solicitar esta prórroga. Esa fue la conclusión de manera objetiva, concreta.
Por otro lado, Arregui Ibarra indicó que, si bien desde la etapa de transición se “venía advirtiendo” de que los avances en la implementación no eran suficientes, era “necesario entrar en funciones para poder tomar las determinaciones que se tomaron, que se consensuaron con el área encargada de la STPS federal y que llevó a concluir en esta prórroga”.
En cuanto a los cerca de 83 millones de pesos que el gobierno federal envió al Estado para la implementación de la reforma laboral, el funcionario estatal indicó que todavía se están ejecutando y que se estará analizando por parte de cada institución involucrada cuánto se ha ejercido.
“EL PRIMER GOLPE PARA MARINA”: ROBERTO QUIJANO
Roberto Quijano, representante de la Comisión Laboral de Coparmex la prórroga decretada por la gobernadora se venía venir, toda vez que la administración pasada de Jaime Bonilla Valdez fue “muy irresponsable” porque desde hace mucho tiempo se había advertido que la federación envió el recurso y no se aplicaron “o si se aplicaron no sabemos en qué se aplicaron”, puesto que no existe la infraestructura para los tribunales, ni los centros de conciliación y los jueces laborales los acaban de nombrar el viernes pasado.
“Los juzgados laborales (en Tijuana) ya se están haciendo por la Penitenciería”, pero los Centros de Conciliación que son indispensables para que un conflicto laboral agote la etapa de conciliación no están listos”
Consideró que éste es “el primer golpe a la administración de Marina, la justicia laboral se atrasa tres meses es la primera mala noticia por ser un tema tan importante”. La prórroga significa un atraso “enorme” para la justicia laboral y contraviene la Constitución en el sentido de que la justicia laboral debe ser pronta y expedita. “Hay una gran inseguridad jurídica para los trabajadores”, afirmó.
En contraste, dijo, la competencia federal ya está lista, pues ya se cuenta con un Centro Federal de Conciliación en Otay y los tribunales laborales federales se ubicaron en Zona Río, pero en el tema local.
