Bajo el argumento de combatir el delito de secuestro, la Fiscalía General del Estado intentó hacerse de tecnología que permite el acceso a equipos móviles y su localización, por el cual pretendían pagar más de 16 millones de pesos. Congreso del Estado rechazó la petición que intentaba hacerse con recurso propio, pero nada impide que lo incluyan dentro de sus planes en el siguiente ejercicio fiscal. La última vez que la FGE adquirió un equipo similar fue en 2016, a la mitad del precio ofertado actualmente
Un sofisticado equipo IMSI-IMEI Catcher, utilizado para irrumpir en equipos móviles de cualquier persona, es el que pretende adquirir la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Ruiz Hernández, bajo el argumento de que será utilizado para combatir el delito de secuestro.
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El 8 de octubre -a escasos días de terminar la administración de Jaime Bonilla Valdez-, un documento foliado FGE/OM/1034/2021 fue presentado al Congreso del Estado para solicitar un estudio de viabilidad financiera que permitiera a la FGE transferir recursos propios obtenidos de diversos servicios como venta de inmuebles o peticiones de vigilancia por parte de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), entre otros, y enviarlos a la partida 56051, relacionada con equipos de comunicación.
La petición era transferir 16 millones 196 mil 901 pesos, con el único argumento de que dicho equipo fortalecería las herramientas para el combate al secuestro, para elementos del conocido Grupo Delta de la institución.
Lo que no detalla dicho documento es que puede ser utilizado de manera libre por las autoridades para intervenir equipos de comunicación hasta de 500 metros a la redonda, comentó Luis Fernando García, de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D).
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Desde su perspectiva, la intención de la FGE representa una amenaza para la sociedad, pues si bien pueden ser utilizados para el combate a la inseguridad, la historia en el país e incluso en Baja California, es que se emplean para perseguir a periodistas, activistas sociales e incluso rivales políticos.
El último informe al que se tuvo acceso sobre inteligencia, tecnología e intervención telefónica es precisamente de la R3D, data de 2016 y exhibe precisamente que las autoridades de Baja California han utilizado de forma indiscriminada este equipo, incluso para seguir los pasos de un individuo durante tres meses ininterrumpidos.
Lo preocupante es que en ninguno de los casos se había utilizado esta herramienta en un proceso judicial abierto hasta ese momento, lo que deja en evidencia los pocos controles que existen en torno a las herramientas tecnológicas para irrumpir en la privacidad digital de la ciudadanía.
ZETA logró -con ayuda de la R3D- localizar dos contratos que datan de 2014 y 2016, los cuales confirman la adquisición de equipo de espionaje muy similar al que pretende obtener actualmente la FGE, el cual precisa sus funciones como la intervención de llamadas en tiempo real, la localización y revisión de mensajes de texto, entre otras funciones.
EL EQUIPO QUE PRETENDE LA FGE
El estudio de viabilidad financiera de la Auditoría Superior del Estado -en poder de ZETA– no permite identificar muchos detalles sobre el equipo que pretende adquirir, pero sí brinda algunos datos y orientación respecto a las intenciones.
Se trata de un equipo Stealh IMSI-IMEI Catcher ID Grabber, Catch & Release, Full SDR, con tecnología de radio definida por software, bandas de frecuencia mundial de cuatro canales multibanda 900/1800/2100 y 2600 para todas las redes móviles. Tecnologías GSM 2G, UTMS 3G y LTE 4G, escalable y flexible para nuevas tecnologías. Potencia RF ajustable hasta 20 vatios de potencia máxima por canal GSM 2G y UTMS 3G, y hasta 15 vatios para LTE 4G. Potencia máxima total RF de 80 vatios, con estuche de pelícano y una antena direccional TX/RX de alta ganancia, además de una antena GPS. El equipo tiene un peso de 30 kilogramos y se utiliza de manera portátil.
Luis Fernando García, perteneciente a la R3D, analizó de manera general las especificaciones del equipo, y aunque reconoció que las determinaciones del estudio de viabilidad son insuficientes para determinar la magnitud de la compra, hay datos que lo vuelven preocupante.
“Un IMSI Catcher lo traducimos con antenas falsas, lo que estas hacen, es simular que son una antena de telefonía móvil legítima, de Telcel o AT&T, recolectan de todos los teléfonos de todos los datos, algunos modelos permiten inclusive interceptar comunicaciones, mensajes o llamadas”, refirió el experto, quien agregó que se recolectan y geolocalizan e identifican los teléfonos alrededor de dicha antena.
Consideró que el equipo podría tener un alcance hasta de 500 metros y fácilmente recolectaría todos los datos, números y demás características de todos los teléfonos móviles en ese rango.
“Esto es problemático, porque es una herramienta que recolecta información de manera masiva. La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, tienen la facultad, información o acceder a metadatos e intervenir llamadas con una orden judicial, con personas o números específicos; y estas recolectan todas las personas que pasan por ahí, todos los que no tienen por qué sentir ninguna interferencia en su vida privada, y eso convierte a esas herramientas problemáticas e incluso ilegales. Se agrava, porque no hay regulación específica para estos temas”, refirió el activista digital, quien indicó que no se guardan registros e informes sobre quiénes lo usan, con qué objeto y si se obtuvo una orden judicial al respecto.
Agregó que no puede considerarse legítima la adquisición de este tipo de equipos, toda vez que invaden la privacidad de otras personas, cuando la petición de una orden judicial debe ser específica y dirigida hacia un objetivo criminal o una vida, y este tipo de equipos incumple con esas medidas.
“No decimos que no pueden intervenir a un secuestrador con un procedimiento judicial, pero el modelo que se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es que en casos de emergencia puedes acceder sin autorización judicial, pero digamos, está justificado por una persona específico, y le pides a una empresa que sea para una autorización judicial o de emergencia y se obtiene, pero adquieres una herramienta que haces la geolocalización por tus pistolas. Si para usar este equipo solicita la autorización judicial, no sería legítimo usar esas herramientas porque afectan a muchas más personas, porque pueden ser geolocalizadas”, advirtió.
Hoy en día resulta increíble que se encuentra en debate la posibilidad de regular la adquisición de chip de teléfono por medio de datos personales e incluso biométricos, cuando este tipo de equipos se adquieren sin ninguna regulación.
BC, GOBIERNO ESPÍA Y OPACO
Durante la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) adquirió 60 millones de pesos en equipos para espiar llamadas, mensajes, geolocalizar e irrumpir en equipos móviles de manera directa.
Por medio de dos contratos en poder de ZETA, se confirmó la adquisición de estos equipos que, si bien fueron dotados para la PGJE, la realidad es que algunos fueron utilizados -según fuentes de la misma institución- por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la General de Gobierno de aquella administración.
El primero de los dos contratos signados con la empresa de origen israelí Eyetech Solutions, SA de CV, filial de Verint Systems, SA de CV, empresa relacionada con presuntos desvíos de recursos dirigidos por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, coincidentemente refugiado en Israel para evitar su extradición.
En esa ocasión se adquirieron dos maletines de IMSI Catcher con características prácticamente iguales a las que pretende obtener la FGE en la actualidad, con valor de 8 millones de pesos cada uno. Es decir, menos de la mitad del precio que pretende la actual administración.
El objetivo era el mismo: rastrear todos los equipos móviles en un diámetro de acción y extraer información de su equipo móvil, e incluso localizarlo.
El segundo compromiso es aún más oneroso, puesto que se erogaron 45 millones de pesos por cuatro equipos para intervenir teléfonos, extraer información de los equipos móviles, localización remota, entre otras cuestiones, todas dirigidas a invadir la privacidad.
Según el informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, de la R3D, el último de este tipo y publicado en 2016, Baja California requirió en cuatro ocasiones información de localización en tiempo real de objetivos, pero sólo en una realizó una petición formal ante las autoridades para ello.
En uno de estos casos, la PGJE pidió seguir en tiempo real a una persona por un periodo de tres meses ininterrumpidos. Lo extraño es que el Poder Judicial dio a conocer que ninguna de las acusaciones formales del Ministerio Público utilizó dicha información en un expediente judicial.
“En el caso de las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de los Estados de Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Tamaulipas y Yucatán, al responder solicitudes de acceso a la información indicaron no haber solicitado autorización para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. El Consejo de la Judicatura Federal tampoco identificó solicitudes provenientes de dichas autoridades”, refiere el informe.
Esto es, que no existe evidencia de uso, pese a que se invirtieron 60 millones para adquirir dicho equipo. En otras palabras, se desconoce su efectividad y la justificación de adquirirlo.
“El que se revelara esta información en nada afecta la efectividad de estas herramientas, al constituir una serie de vigilancia masiva con personas inocentes, no es una herramienta legítima en su uso por parte del Estado. Sí puedes intervenir conversaciones, sí puedes, con una petición judicial, y un juez federal me lo autorizó; no es que no tienen herramientas, si tienen la intervención judicial ¿cómo justifican eso?”.
El diputado Juan Manuel Molina García aseveró que la intervención telefónica está penada de forma severa por la Ley, pero reconoció que, a lo largo de los años, este tipo de equipos se han utilizado como una herramienta política, por lo que es importante evaluar el desempeño y honorabilidad de los funcionarios que ocupen dichos cargos.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció que toda herramienta tecnológica es bienvenida para el combate a la inseguridad y no se puede escatimar en gastos en estos temas, siempre y cuando se haga con respeto a los Derechos Humanos.
CONGRESO RECHAZÓ PROPUESTA DE FGE
El 23 de noviembre, diputados de Morena rechazaron la petición del representante de la FGE, Édgar Navarro, quien participó en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, para aclarar dudas y proporcionar detalles sobre las necesidades para adquirir dicho equipo.
Los diputados Juan Manuel Molina, Michel Sánchez Allende, Julia Andrea González y Manuel Guerrero Luna -todos de Morena- se manifestaron en contra de la transferencia presupuestal, argumentando que no había suficientes elementos ni información para considerarlo viable; sólo Sergio Moctezuma Martínez y Claudia Agatón, de Morena y PT, respectivamente, avalaron el proyecto.
La Auditoría Superior del Estado presentó un documento de 12 páginas -en poder de ZETA-, el cual establece las características generales del equipo y sugiere el costo superior a 16 millones de pesos, derivados del presupuesto base proporcionado por la empresa Genesi Networks Consulting, S de RL de CV.
Dicha empresa se registró este año en el padrón de proveedores de la FGE y tiene como asociados a Pedro Corona Pérez, Carlos Armando García Félix y Blanca Elvia Núñez Osorio desde 2009.
Según el Registro Público de Comercio (RPC), radica en San Luis Potosí, pero actualmente tiene su sede de operaciones en la calle Javier Barrios Sierra número 540, Delegación Álvaro Obregón en Ciudad de México.
La diputada Michel Sánchez Allende cuestionó si era la única empresa con capacidad para ofertar el servicio, pero Navarro dijo desconocer esa información.
“Sí se contaba con equipos, pero se van actualizando las tecnologías, hoy en día los celulares ya van en 5G, hay equipos que van saliendo del mercado y otros entrando, por eso debemos actualizar la última actualización de ese sentido”, refirió Édgar Navarro, enlace de la FGE con el Congreso. Curiosamente, el equipo a adquirir no refiere nada sobre la red 5G.
ZETA revisó la otra empresa que ha dotado de estos servicios a la FGE en años anteriores, Eyetech Solutions, SA de CV, cuyos propietarios son de origen israelí, pero ya no forma parte del padrón de proveedores en 2021 -según la Plataforma Nacional de Transparencia-, por lo que sólo podría competir si se lanzara una licitación de este tipo.
Sí bien, se rechazó la adquisición del equipo con el recurso excedente que afirma tener la FGE, la realidad es que bien podría incluirlo como parte de su presupuesto para el próximo año y sin ningún problema, lo que genera preocupación en los legisladores.
El diputado Juan Manuel Molina aseveró que muchas de estas funciones formarán parte de la próxima Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que sería irresponsable autorizar la adquisición del equipo, teniendo estas consideraciones.
