En esta edición impresa, el nombre de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se integra a la página negra que semana a semana se publica en ZETA para preguntarle, como a sus nueve antecesores, si ella, la primera mujer en el cargo, tendrá la voluntad, y su administración será capaz de detener, a quien o quienes ordenaron el asesinato de nuestro codiretor fundador, Héctor Félix Miranda.
Se le pedirá que tenga el valor de resolver a cabalidad, un homicidio que además de segar una vida productiva, se manifestó como uno de los primeros ataques armados en Baja California a la libertad de expresión, al derecho al acceso a la información y al derecho a las audiencias.
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Es un caso en el que “todos los caminos conducen al Hipódromo de Agua Caliente” -como declaró el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel-, después que dos de los autores materiales, Antonio Vera Palestina -jefe de la guardia- y Victoriano Medina -escolta de Jorge Hank Rhon, concesionario del centro hípico- fueran señalados, detenidos y sentenciados por el asesinato del periodista. Después que las autoridades fiscales corroboraran que las armas y el auto usados para asesinar el periodista también habían salido de la propiedad del Grupo Caliente en la delegación de la Mesa en Tijuana.
El tema del autor intelectual es tan vívidamente impune, que incluso en abril y mayo de 2015, los asesinos materiales terminaron de purgar sus laxas penas de 27 y 25 años -hoy son 50 años-, y el que lo pidió y pagó por la muerte no ha sido nombrado, detenido, juzgado, ni castigado.
Cierto, la gobernadora de 36 años no cumplía siquiera los tres octubres cuando los trabajadores de Hank le quitaron la vida a balazos a “El Gato”, pero la juventud no es excusa. Marina Ávila estuvo obligada a conocer la historia del casinero, simplemente porque como candidato a la gubernatura de Baja California, fue su oponente por el Partido Encuentro Solidario (PES) en la elección del 6 de junio, campaña en la que por cierto, fue denunciado por sus comentarios misóginos contra las candidatas, y sancionado por ello.
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Está claro que “no se mata la verdad matando periodistas”, es públicamente conocido que después del homicidio de Félix, los antecedentes del ex interno de El Hongo y ex alcalde de Tijuana por el PRI, se han seguido acumulando, y no son pocos.
A mediados de los noventa, fue detenido con animales en peligro de extinción, joyas, colmillos de marfil y demás artículos de contrabando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; en 2009, fue parte de la lista de sospechosos -junto a otro grupo de escoltas de Caliente- por el homicidio de la novia de uno de sus hijos; el mismo año, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa de turista para internarse en aquel país, debido a múltiples sospechas que sobre él pesan en cortes de la Unión Americana, particularmente por vínculos primero con el Cártel Arellano Félix, y después con el de Sinaloa.
En 2011, el Ejército Mexicano encontró en la residencia particular de Hank que se construyó en la propiedad del Hipódromo Aguacaliente, miles de cartuchos y 89 armas, de las cuales cinco dieron positivo en las pruebas de balísitica, de haber sido utilizadas para asesinar a seis personas, todas ligadas a la guardia de Jorge Hank Rhon; y en 2012, de nuevo fue sorprendido ingresando al Aeropuerto Internacional de Tijuana con 17 aves no registradas, las cuales fueron confiscadas por elementos del Ejército Mexicano que las detectaron en la aeronave privada en la que viajaba el ex reo.
Con ese historial, después del asesinato de Héctor Félix, todos los gobernadores siguientes aceptaron los negocios lícitos de Hank, porque el hombre de los caballos adquirió mayor poder económico… pero ninguno le manifestó deferencia publica. De hecho, en varias ocasiones, el saliente Jaime Bonilla lo señaló públicamente de criminal y corrupto.
A la fecha, el más cercano había sido el panista Francisco Vega de Lamadrid, quien nombró titular del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en Zona Costa, a César Hank Inzunza, el hijo rebelde del zar de las apuestas.
Jorge Hank fue capturado en fraternales imágenes con los panistas, dos veces en 2014 y otras más en 2017, durante el “Bajatón”, la cena para reunir recursos para construir el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) y la cena de gala en beneficio de Estancia Familiar, cuando la esposa de Vega, Brenda Ruacho, acuerpó al priista como benefactor.
Recordemos que esta ex primera dama fue obligada, en abril de 2021, a regresar 6.8 millones de pesos desviados del DIF a sus cuentas personales durante su gestión.
El 31 de octubre del año en curso, ningún antecedente fue considerado por la gobernadora Marina Ávila, quien colocó al ex reo Jorge Hank en primera fila durante su toma de protesta, incluso el sentenciado asesino material de Héctor Félix, Antonio Vera Palestina, logró ingresar por una entrada alterna, aunque no estaba en la lista de invitados y también presenció, desde privilegiado lugar, la asunción política de Ávila Olmeda.
Además, el señalado contrabandista fue requerido y aceptado al festejo posterior de la toma de posesión, organizado en petit comité para amigos y familiares, de la nueva gobernadora del Estado, donde además de tomarse fotografías en cálido abrazo, Marina le dedicó parte de su discurso, cual si fuera uno de sus guías y promotores.
Antes, el 30 septiembre, durante la toma de posesión de Montserrat Caballero como alcaldesa de Tijuana, ya se habían fotografiado en amistoso saludo. “Dime con quién andas y te diré quién eres”, reza el refrán que vale recordar.
Desde 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó una investigación seria, completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Héctor Félix Miranda. A partir de 2004, en 2015 y en 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha exigido una revisión del caso que “esclarezca la autoría intelectual del crimen”.
Entonces, a partir de hoy, en ZETA demandaremos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que, más allá de las filias personales, sociales, políticas y/o comerciales, muestre voluntad ella, y capacidad su gobierno, para indagar y apoyar la investigación de elementos que vinculen al autor intelectual del asesinato del periodista Héctor Félix Miranda para sentenciarlo como asesino, y violador de los derechos a la libertad de expresión y a la información.
