El líder del PAN en BC, señaló que las personas designadas para estar al frente de los organismos operadores del líquido vital “fueron también responsables de este sistema de cobros corrupto” que operó en la anterior administración
El dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Mario Osuna Jiménez, se dijo preocupado de que en su primer día de mandato la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda haya anunciado el nombramiento de Juan Pablo Guerrero como encargado de despacho en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y de Armando Fernández al frente del organismo en Mexicali.
A decir del líder partidista, tales designaciones son señal de que en los organismos operadores del agua permanecerán las prácticas que prevalecieron durante la pasada administración con un esquema de cobranza “corrupto”, pues en ese periodo Guerrero Mercado se desempeñó como subdirector de Atención a Usuarios en la CESPT y Fernández Samaniego en calidad de titular de la CESPM.
En una visita que Ávila Olmeda hizo a la CESPT ayer lunes 1 de noviembre, la mexicalense igualmente anunció que en Tecate repetirá como titular Jesús Alfonso Arámburo.
“Nos preocupa las acciones del primer día de gobierno en donde (la titular del Ejecutivo estatal) nos manifiesta que no va a haber ningún cambio en donde más se ha evidenciado la corrupción del gobierno de Jaime Bonilla (antecesor de Ávila Olmeda)”, manifestó el ex secretario de Desarrollo Social en Tijuana.
Osuna Jiménez, abundó: “el nombrar como encargado de despacho a quien estuvo al frente, junto con los directivos de la comisión y que fueron partícipes de este sistema corrupto de Fisamex (empresa contratada para auditar sobre el consumo del líquido vital), junto con las comisiones del agua, junto con Jaime Bonilla y que la validación de nueva cuenta del director de la Comisión de Agua de Mexicali, en el mismo sentido que fueron partícipes y fueron también responsables de este sistema de cobros corrupto y que la primera acción de la gobernadora sea ratificarlos, es preocupante”.
Acusó que Fisamex en colusión con Bonilla Valdez, “estuvo extorsionando no nada más a políticos y empresarios”, sino “a la ciudadanía en general”.
Según detalló, las auditorías emprendidas por Fisamex constituyeron “un negocio cuadrado”, en razón de que “el cobro que se le hizo a esas familias (de acuerdo con los datos arrojados por las revisiones) lo está pagando de nueva cuenta el gobierno” con las correspondientes retribuciones la empresa, la cual “se está llevando su porcentaje y eso representa un desvío de recursos”.
El presidente de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Acción Nacional, Juan Marcos Gutiérrez, Fisamex, Romafam, Fiscales del Agua “le cobraban a los organismos (o comisiones estatales) el 20%, que es un dineral que sólo en 2020 rebasó los 300 millones de pesos de puros honorarios a esas empresas de Manuel García Soto”.
Sobre “la ruta de ese dinero”, estableció: “(los recursos) entran a Romafam, que es Manuel García Soto, y se los pasan a Fiscales del Agua, que es Manuel García Soto, quisiéramos saber de Fiscales del Agua, a dónde se va el dinero y eso sólo nos lo puede decir la Unidad de Inteligencia Financiera”.
El abogado panista se pronunció por que la UIF concluya una investigación que inició el 6 de mayo, en contra de Jaime Bonilla Valdez y “todos esos funcionarios incluido Fisamex y su representante Manuel García Soto, en el expediente 110 FB 4617 2021”.
Mario Osuna y Juan Marcos Gutiérrez participaron como invitados en reunión semanal de la Asociación Nacional de Periodistas A.C., celebrada en el edificio de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana este martes.
Osuna Jiménez reiteró que los panistas no aprueban “el discurso de la gobernadora del día de ayer” y recalcó que al interior de Acción Nacional existe “la preocupación (de) que el primer día de gobierno (Ávila Olmeda) venga a encender esos focos rojos con las comisiones del agua, que es el negocio que se hizo en estos dos años (de 2019 a 2021) con Jaime Bonilla”.
Además afirmó ser motivo de preocupación que la mexicalense haya dicho que entre los agentes policíacos activos o destacados en Baja California “están los mejores elementos de nuestro país”; siendo que “a nivel nacional el propio sistema de seguridad pública señala que Baja California son de los primeros estados en delincuencia organizada y particularmente Tijuana la primera ciudad con más violencia”, observó el líder partidista.
En opinión de Osuna Jiménez, tanto en el tema del agua como en el de seguridad, “los discursos” de Ávila Olmeda no cuadran “con los hechos”.
