Al verla con su enorme y jovial sonrisa de oreja a oreja, sociable al punto de la imprudencia, embarazada en la tercera ola de pandemia de COVID-19 repartiendo besos y abrazos a diestra y siniestra “con el corazón por delante”, pareciera que nada preocupa ni perturba la paz de la primera mujer gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Como si ya tuviera la fórmula para hacer que la entidad que encabeza deje de figurar entre los primeros cinco lugares de incidencia homicida de México, y que cuatro de los cinco municipios no estuvieran clasificados entre las 25 ciudades más violentas del país, porque con base en las encuestas de percepción ciudadana y los reclamos que recogió durante la campaña, trabajar para resolver este problema debe ser una de sus prioridades. Lo mismo que el reclutamiento de menores en los carteles de droga, el aumento de las adicciones, la alerta por feminicidios y el incremento de la violencia intrafamiliar.
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Ávila Olmeda tiene que trabajar en la depuración de las corporaciones de seguridad, y al mismo tiempo, cumplir con la entrega del fondo de 400 millones de pesos para cumplir la Ley de Seguridad Social de los integrantes de las corporaciones. Y no olvidar devolver el helicóptero que el anterior ejecutivo usaba de taxi, a la vigilancia de seguridad, objetivo para el que fue comprado.
Debido a que su antecesor y correligionario morenista abusó de las finanzas estales que administró con las extremidades inferiores y la mano izquierda, el saneamiento de los recursos del erario estatal se convirtió, de frente al final de año, en el pendiente más urgente para la mandataria. Pero no se trata de tapar los hoyos financieros heredados, porque son miles de millones de pesos, mucha gente multada, forzada al desembolso de cobros irregulares y en algunos casos extorsionada, así que la ejecutiva está obligada a investigar y denunciar para no ser cómplice. Ella es la responsable constitucional de velar por la conservación del orden, tranquilidad, seguridad, desarrollo, bienestar y calidad de vida de los californios, así que debe aplicar todos los mecanismos para que los culpables del sexenio antepasado o del bienio pasado, sean juzgados, sancionados y regresen al pueblo lo robado.
Además de establecer un Sistema Estatal Anticorrupción, porque su gente tampoco tiene un cheque en blanco. Entonces, mientras encara las consecuencias del desaseo financiero, debe pagarles sus sueldos y prestaciones a los maestros, cubrir los adeudos y bonos del personal de la Secretaría de Salud que han enfrentado la pandemia, y vigilar que no suceda lo mismo que con sus antecesores en el gobierno, Francisco Vega y Jaime Bonilla: el desabato de básico en los Hospitales Generales, y de medicinas y químicos contra el cáncer.
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También es menester que revise y analice los abusos de maestros en escuelas públicas, que están cobrando e incumpliendo con sus horas de clase, aumentando exponencialmente el rezago educativo -dos años, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad-, lo que reducirá el grado promedio de escolaridad de Baja California que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi-, es de 10 años y quedara en ocho años.
Con los ayuntamientos, apoyarlos para el saneamiento de sus deudas y la gestión de recursos para atender el problema migratorio, porque no es justicia que la Federación herede el problema y no asigne presupuesto. También le toca coordinarse en el blindaje y reubicación de la comunidad migrante en El Chaparral.
Prepararse ante el inminente aumento del tipo de cambio de 20 a 21 pesos por dólar, que los expertos vaticinan ante el incremento de la demanda por la temporada decembrina y la apertura del cruce a Estados Unidos, y la baja del consumo local.
Como se comprometió a no aumentar gravámenes y a eliminar impuestos como hizo con el del vino, Marina deberá tener el ingenio de crear mecanismos para generar recursos propios, sin abusar de la misma base de contribuyentes. Urge que proponga la fórmula para mejorar la desfasada infraestructura hídrica, optimizar el servicio de agua potable y aumentar la base de contribuyentes cumplidos. Como mexicalense, ella conoce el apremio para reducir los costos y encontrará una solución permanente para los cobros de energía eléctrica.
Asimismo, es necesaria una propuesta para reducir los tiempos de cruce a Estados Unidos, alternativas para solucionar la sobredemanda de las pocas vías de comunicación que resultan el congestionamiento vial, contaminación e incrementos en tiempos de traslado, y la modernización del transporte de pasajeros, que por tres décadas se ha prometido, sin cumplirse.
Imprescindibles serán los planteamientos de Ávila Olmeda para apoyar a los comerciantes, empresarios y emprendedores locales para sobrellevar los embates económicos de la pandemia, alternativas de solución para reabrir esas más de 15 mil empresas que cerraron en los últimos dos años para crear más empleos de cinco salarios mínimos como los que se perdieron, y no de dos salarios mínimos como los que generó su antecesor. Para reducir el número de bajacalifornianos en pobreza extrema, que el bienio pasado creció de 50 mil a 58 mil, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Igual de urgida es la implementación de una política que permita a los pescadores del Alto Golfo de California, salir del socavón económico y social en que los hundió la veda que lleva ya seis años.
Aunque todo lo anterior es de urgente y obvia resolución -como dicen los diputados-, de entrada, vale empezar por ver la gobernadora les cumple a médicos y profesores. Después, ver qué hace con los resultados de la auditoría al gobierno saliente, y de ahí seguir con los compromisos que doña Marina hizo para los primeros 100 días de administración: gestionar ante el Gobierno Federal la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); reponer la Secretaría de Turismo; activar la Mesa de Seguridad estatal, arrancar el programa de instalación de 10 mil cámaras; crear el Escuadrón Violeta; gestionar vacunas; crear la Comisión para la Salud Pública Veterinaria; reactivar la comisión fronteriza; ampliar el programa de desayunos escolares; establecer el programa de huertos familiares; incentivar las microempresas y el autoempleo con 50+ Empleo Mujeres; fortalecer la Ley de Fomento de Competitividad y Desarrollo Económico, y dar continuidad a otros programas de asistencia social.
Así que, a partir del beneficio de la duda, será en la segunda semana de febrero de 2022 cuando los bajacalifornianos puedan saber cuál es el valor que la gobernadora da a su palabra y el nivel de su compromiso con el servicio público.
