El jueves 18 de noviembre, con apenas 17 votos, el Poder Legislativo aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, esquema muy similar al que venía desarrollándose durante administraciones panistas.
Más allá de defender o criticar la creación de esta estructura que ya fue prometida para el actual zar Antisecuestros, Ricardo Iván Carpio -cuyos números y efectividad en su materia lo respaldan-, lo realmente preocupante ocurrió durante la sesión de Pleno donde se votó el tema.
Y es que la operación del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y los alfiles de la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, jalonearon a los 25 diputados con la intención de convencerlos de respaldar sus respectivos proyectos, o en su defecto, comprar conciencias para aprobar o rechazar la reforma, según sea el caso.
La XXII Legislatura es identificada como Pago por Evento, en irónica referencia sobre el incentivo económico al que el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid acostumbró a los diputados para aprobar sus reformas o propuestas, principalmente aquellas pintadas de corrupción.
Según lo que se cuenta dentro del Legislativo, varios diputados recibieron llamadas y propuestas, principalmente de perfiles allegados a Ruiz Hernández, para ofrecer grandes cuantías a cambio de un sufragio no favorable a la creación de la Secretaría de Seguridad. Dentro de la misma institución sugieren pagos que partían desde los 750 mil pesos.
Los jaloneos fueron intensos. Diego Echeverría, Alejandrina Saguchi y Amintha Briceño, los tres diputados por el Partido Acción Nacional, se retiraron de la sesión poco antes de subir el tema a Pleno, pero regresaron justo en el momento para sufragar; algunos diputados de Morena creyeron que abandonarían la sala para no tener que sufragar, pero finalmente le rindieron fidelidad a la gobernadora.
Otros dos perfiles como la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba y Rossy García, se retiraron de la votación inexplicablemente, pese a que habían dejado en claro una postura a favor de la iniciativa, al menos de la primera.
En el aire surgió un rumor sobre el supuesto pago para votar en contra del proyecto, o al menos retirarse de la sesión; al final Daylín regresó para emitir un comentario relativo a la reserva que se planteó de último minuto para mantener el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) dentro de la Fiscalía General del Estado.
Otros como Sergio Moctezuma Martínez, de Morena, pero principalmente bonillista, recibió un jalón de orejas por parte de su patrón, Jaime Bonilla Valdez, debido a que aprobó la iniciativa en Comisiones. Curiosamente, luego de respaldar el proyecto en Comisiones, decidió rechazarlo sin previa justificación en el Pleno.
Los tres diputados del PT, Claudia Agatón Muñiz, Julio César Vázquez Castillo y Marco Blásquez, dijeron rechazar la iniciativa por instrucciones del partido a nivel nacional, pero la realidad es que la gobernadora no les ha otorgado posiciones políticas de poder dentro del Ejecutivo, por lo que se cree que su intención es mantener una postura negativa hasta que exista un acercamiento.
Los diputados de oposición y los bonillistas, saben que pueden vender muy caro su amor en los temas trascendentales, sobre todo porque la bancada de la Cuarta Transformación está dividida, lo que ha convertido al PAN en el mejor aliado de Morena para dar gobernabilidad en momentos coyunturales.
Esperemos que no, pero este es el primer mensaje de que la actual Legislatura se convertiría en el nuevo espectáculo de Pago por Evento.
