Con la novedad que cuatro regidores de Morena en el Ayuntamiento de Mexicali están metidos en tremendo problema que, con sus actos racionalmente ejecutados, pudieran costarle una multa a su partido e incluso hasta la separación del cargo.
El lunes primero de noviembre, Joel Blas Ramos, abogado electoral del Partido Revolucionario Institucional, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral y una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta comisión de irregularidades y el uso indebido de recursos públicos que pudieran corresponder a un delito.
Los implicados son los regidores José Ramón López Hernández, José Manuel Martínez Salomón, Cleotilde Molina López y Eneyda Espinoza Álvarez, todos integrantes de la bancada de Morena y reelectos de manera directa dentro del Ayuntamiento de Mexicali. Ahora enfrentan un proceso judicial que, si bien tiene orígenes políticos, se impuso fuera del periodo electoral.
Resulta que tanto ediles como diputados tienen el derecho de buscar una reelección directa sin separarse del cargo, acto que fue calificado como “Ley Gandalla” por parte de un sector opositor de la sociedad. Esta reforma permitía mantenerse en el cargo durante el proceso electoral, con la única limitante de no utilizar recursos públicos durante este periodo, es decir, ni sueldo, viáticos o recursos destinados al apoyo social.
La restricción impuesta en la Ley y revisada por el propio Instituto Nacional Electoral (INE) se cumplió a cabalidad hasta que concluyó el proceso electoral, puesto que a partir de esa fecha -mañosamente-, solicitaron que todo el dinero que no se utilizó les fuera proporcionado nuevamente.
El 31 de agosto se celebró una sesión de Cabildo donde se aprobó el Punto 6, el Dictamen 39/2021 de la Comisión de Hacienda, relativo a transferencias financieras en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
En los oficios en poder de CachanillaZ, el propio regidor José Manuel Martínez Salomón envía un documento al tesorero Víctor Amador Barragán, al que le solicita reintegrar el recurso a él y sus compañeros regidores, el cual ronda los 300 mil pesos para cada uno, mismo que se utilizó -según externan en el documento- para apoyo social, combustible y otro tipo de viáticos. Es decir, los mismos motivos por los que se limitaron durante el periodo electoral.
“Por violentar de manera irreparable los principios como la neutralidad, imparcialidad y legalidad en materia electoral, y al incumplir los requisitos del artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, sean inelegibles para el cargo de Regidor del XXIV Ayuntamiento, y se convoque a los suplentes en términos de la ley”, refiere el documento en poder de CachanillaZ y firmado por el priista.
El acuerdo del 5 de enero de 2021 del Consejo General del INE solicita la facultad de atracción para que dicha institución evalúe el principio de Imparcialidad en cada caso, y agrega que “el principio de neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en forma amplia en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de esa suerte cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a tal mandato”, lo que quiere decir que usar este recurso público está prohibido, independientemente del periodo en que se encuentre.
Y tiene mucha lógica, puesto que, aunque no se utilizó ese recurso durante el proceso electoral, sí pudieron comprometerse actos durante la campaña, mismos que se pagarían cuando concluyera el mismo, lo que sería una táctica mañosa por parte de los mismos ediles.
El movimiento gandalla que hicieron los regidores de Morena será evaluado por los organismos electorales, pero también por la Fiscalía Electoral de Baja California, entes que determinarán si fue ilegal lo que a todas luces, es un acto abusivo con el que intentaron burlarse del principio de Imparcialidad y hacerse de dinero que -por Ley- no debieron ejercer.
Ahora sí que primero agandallaron la reelección, y posteriormente el recurso.
