La alcaldesa Montserrat Caballero, ordenó,
“para poner orden”, cercar y credencializar
a las personas en contexto de movilidad que
habitan en el campamento de El Chaparral.
La Policía Municipal tiró a la basura una
decena de casas de campaña aún con
pertenencias para colocar una malla metálica
perimetral que controla e inhibe la llegada de
más migrantes a la zona. El operativo se hizo
de noche y se intentó hacer sin la presencia de
medios de comunicación y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
La Policía Municipal de Tijuana irrumpió la noche del jueves 28 de octubre en el campamento migrante ubicado en la garita peatonal de El Chaparral. En punto de las 18:00 horas, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Bienestar del municipio, ingresaron al lugar.
La zona es habitada por personas que solicitan asilo humanitario a Estados Unidos. En un inicio las personas en contexto de movilidad de origen haitiano y centroamericano colocaron las primeras tiendas de campaña (19 de febrero), por la reactivación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
El campamento inició con alrededor de 100 casas de campaña, pero conforme fueron avanzando los días, arribó más gente, más familias, no sólo migrantes extranjeros, también mexicanos desplazados por la violencia, con la creencia de que si estaban en El Chaparral, más pronto les resolverán su solicitud de asilo a EU.
Ni el gobierno de aquel país ni el mexicano prestaron atención a lo que se estaba generando en la frontera entre ambas naciones. Incluso el gobierno norteamericano continuó deportando hasta 400 personas por Baja California, en lugar de devolverlas a su lugar de origen.
Por parte de los gobiernos mexicanos hubo invisibilidad y omisión de acciones, lo que permitió que el campamento creciera, contabilizando más de 2 mil personas, entre las cuales había alrededor de 300 menores de edad. La falta de atención gubernamental también creó un autogobierno en el campamento auspiciado por asociaciones civiles extranjeras.
Las casas de campaña se iban rotando; había quienes lograban cruzar con apoyo de los abogados de la asociación norteamericana Al Otro Lado, dejando su tienda sola para que otra familia que llegara al campamento tuviera dónde dormir.
Se las ingeniaron para hacer una instalación eléctrica que por medio de un diablito dotaba de energía eléctrica a prácticamente todo campamento. También instalaron una red de tuberías para la distribución de agua potable tanto para el baño, como para preparar comida, donde incluso tenían instalados filtros para poder consumirla, gracias a donaciones de extranjeros.
El Chaparral había dejado de ser una garita peatonal para cruzar a Estados Unidos desde Tijuana, para convertirse en una aldea migrante, donde tenían su autogobierno, donde los hondureños mantenían el control. Ellos eran su propia seguridad porque no había nada que le garantizara estar seguros, pero, aun así, sucedían delitos al interior.
Jose Luis Perez Canchola, entonces director municipal de Atención al Migrante, señaló en distintas entrevistas la presencia del crimen organizado en el campamento, la venta, consumo y distribución de drogas, prostitución, perversión de menores, tráfico de personas, violencia y hasta secuestro.
Sin embargo, pasaron nueve meses sin que alguna autoridad de los tres niveles de gobierno atendiera la situación. La pregunta constante era cuándo removerán al campamento, y entre las distintas dependencias se echaban la bolita.
De acuerdo con activistas consultados, de los principales responsables en atender la situación era el Gobierno Federal, pero su representante en BC, el delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, nunca dio información precisa sobre el futuro de los migrantes en ese punto de la ciudad, sólo aseguraba que en el Centro Integrador para el Migrante había 300 lugares.
La desatención sistemática al campamento generó que los criminales encontraran refugio en ese espacio. Fuentes dentro de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Baja California consultadas por ZETA, confirmaron tener ubicados de rostro a un par de presuntos delincuentes, principalmente a uno apodado “El Gato”, de origen centroamericano.
Agregaron que hay (o había) presencia de pandillas que venían con la caravana desde Honduras y El Salvador, al igual que por pandillas del Sur de California como Los Sureños y La 18, sin embargo, aún no han detenido a ningún supuesto delincuente en las inmediaciones del campamento.
Todo cambió cuando el gobierno norteamericano decidió -19 meses después- la reapertura de sus fronteras con México y Canadá a viajes terrestres no esenciales, cerradas desde el 21 de marzo de 2020 como medida preventiva ante la pandemia del virus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
La fecha anunciada por Estados Unidos para la reapertura es el próximo 8 de noviembre, colocando en jaque al campamento instalado en la entrada del cruce peatonal.
La alcaldesa Montserrat Caballero visitó el lugar el 22 de octubre e informó que iniciaría medidas de “protección” para los migrantes y pondría orden en el lugar; sin embargo, aseguró que esa garita no se abriría.
Entre las medidas tomadas por la presidente municipal destacaron:
* Colocación de un perímetro preventivo acompañado de un censo, para asegurar a los niños y adultos que ocupan el área.
* Credencialización de migrantes para su fácil identificación y atención personalizada.
* Conocer caso por caso y brindar facilidades para que aquellos que quieran volver a su país de origen, puedan hacerlo.
* De quedarse en la ciudad, se reubicarán en albergues previamente definidos para familias, mujeres y hombres.
LA NIÑA DESAPARECIDA EN EL CHAPARRAL
El 27 de octubre, el área de comunicación del Ayuntamiento de Tijuana difundió un boletín de prensa alertando de la presunta desaparición de una menor de edad que vivía en el campamento migrante. Elementos a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Fernando Sánchez González, se encargaron de hacer la investigación en el campamento.
La Fiscalía General del Estado informó que nunca recibió tal reporte. Personas que habitan El Chaparral refirieron a ZETA que no había ninguna niña perdida y, al paso de las horas y hasta el cierre de esta edición, jueves 4 de noviembre, las autoridades municipales no informaron sobre si se dio con el paradero de la supuesta niña privada de la libertad.
EL OPERATIVO
Para lo que sí serviría la información sobre una supuesta perdida de una menor de edad, fue para que las autoridades municipales entraran al campamento migrante. Lo hicieron al siguiente día, cuando desplegaron un operativo en las inmediaciones de El Chaparral. Según información oficial, hubo 120 elementos de la Policía Municipal, más otros 30 que se encontraban disponibles por si se requerían refuerzos.
También había un par de camionetas de la Guardia Nacional en los principales accesos al campamento. Los agentes municipales no informaron del operativo, ni a los defensores de Derechos Humanos, ni a la prensa, incluso se impidió el acceso a algunos reporteros y activistas para documentar lo que estaban haciendo.
Instalaron una carpa con capacidad para aproximadamente 100 personas, además de un módulo de atención médica y otro con comida para los migrantes. En la carpa grande se realizaría la credencialización de los habitantes del campamento.
Personal de la Secretaría de Bienestar local comenzó a ir de casa en casa de campaña exhortando a las familias a realizar su credencialización, ya que, de no hacerlo, no podrían ingresar al campamento una vez colocada la cerca perimetral; a cambio les darían comida y algunos víveres más.
Mientras convencían a la gente para dar sus datos personales y dejarse tomar una fotografía para su credencial, elementos de la Policía Municipal comenzaron a derribar casas de campaña aún con pertenencias de algunos migrantes que habían salido a trabajar y no se encontraban ahí, para poder colocar la valla perimetral.
La forma violenta en que se realizó esta acción generó gran inconformidad por parte de los habitantes del campamento, ellos se negaban a que les quitaran sus tiendas de campaña y las pertenencias dentro, mientras las autoridades continuaban su trabajo. Durante este proceso no hubo representantes de la Comisión Nacional, ni de la Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDH, respectivamente).
Luego de retirar las casas de campaña, estas fueron arrojadas a camiones de basura. Al ver la acción, los migrantes enfrentaron a los policías y funcionarios públicos que se encontraban en ese momento e intentaron sacar sus pertenencias del camión recolector. En dos camiones de basura y uno de redilas pretendían llevarse las tiendas de campaña.
Después de dos horas de tensión y constante confrontación con algunos de los líderes del campamento, comenzaron las labores de obra para instalar el cerco metálico alrededor. Perforaron el piso, colocaron tubos de poco más de dos metros de altura y luego una malla metálica, dejando enjaulados a los migrantes.
Transcurrían los primeros minutos del viernes 29 de octubre y la operación estaba prácticamente concluida, con migrantes censados, credencializados y enjaulados.
“NO ESTÁN ENJAULADOS”: ALCALDESA
La presidente municipal Montserrat Caballero señaló en conferencia de prensa (el 29 de octubre) que las medidas implementadas la noche del jueves por el Ayuntamiento de Tijuana son para poner orden en el campamento migrante, así como que ninguna otra dependencia de gobierno los ha apoyado.
“Requiero un patrullaje de la Guardia Nacional, que se vea visible la fuerza, la fuerza castrense, visible, no que accione o tenga otro tipo de medidas que ellos en su experiencia sabrán”, dijo.
Respecto a si colocar un cerco es enjaular a los migrantes, como lo hiciera el ex mandatario Donald Trump en suelo estadounidense, Caballero aseguró que es por su seguridad, al igual que censarlos y otorgarles una credencial.
“Esto es un limitante, nosotros vivimos en delimitaciones, de malla ciclónica, cercos, etcétera, así vivimos. Jaulas no, no jaulas, no estaban los niños solos, entonces el comparativo sí es distante porque ellos pueden entrar, pueden salir y cuentan con protección de sus padres”.
La primera edil agregó que la persona que no se deje censar será retirada, al igual que aquellas sin algún propósito de estar ahí. Asimismo, se buscará con las autoridades estadounidenses que las personas que no se dejen censar, no sean entrevistadas por los agentes fronterizos.
LES CORTARON LA LUZ
Al mediodía del 2 de noviembre, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) visitó la periferia del campamento, revisaron de dónde a dónde corrían los cables de energía eléctrica y encontraron el diablito para proceder a cortarlo, dejando sin luz a las familias.
Utilizaban la energía para calentar comida, cargar sus teléfonos celulares, tener un poco de iluminación, cortarse el cabello, escuchar música, etcétera. Las autoridades municipales se deslindaron de la acción a través de un comunicado, adjudicando la responsabilidad a la CFE, instancia que, hasta el cierre de edición, no respondió a las solicitudes de información de ZETA.
Esta situación ha generado mayor inconformidad por parte de las personas en contexto de movilidad que aún se encuentran en el campamento, al grado de llamar a una manifestación para que les restablezcan el servicio de electricidad.
El 4 de noviembre, el Ayuntamiento se pronunció al respecto en otro comunicado, argumentando que “ante la anunciada manifestación en la línea internacional de migrantes asentados en el Campamento del Chaparral, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana se deslinda de este tipo de acciones y reitera su disposición de seguir apoyándolos.
“Los inconformes mostraron su desacuerdo por la suspensión del servicio eléctrico por parte de la CFE. Estas prácticas, de acuerdo al Artículo 368 del Código Penal Federal, son delitos”.
CONDICIONAR Y LIMITAR EL ACCESO AL CAMPAMENTO VIOLA DERECHOS HUMANOS: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, particularmente al Municipio de Tijuana, a garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes albergadas en el campamento de El Chaparral y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo, ante la implementación de medidas restrictivas que limitan su ingreso a dicho recinto.
El 22 de octubre, la CNDH tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento de Tijuana credencializaría a las personas migrantes que se encuentran alojadas en el referido campamento y se colocaría un cerco perimetral para restringir el acceso, bajo el argumento de evitar una “situación catastrófica”.
En su más reciente vista, la CNDH informó que no hay presencia de autoridades estatales ni federales, y la zona del campamento se encuentra delimitada con un cerco perimetral de malla ciclónica; sin embargo, a algunas personas migrantes se le niega el acceso al campamento ante la falta de la credencial solicitada por elementos de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana que se encuentran resguardando el lugar. 
“Hay una urgente necesidad de implementar acciones, a fin de que se habiliten lugares de alojamiento acorde al número de personas extranjeras varadas en ese sitio o, en general, que ingresen o arriben a esa zona, proporcionando espacios en condiciones dignas de acuerdo a sus necesidades particulares, y priorizando en todo momento la atención a las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad”.
LAS OTRAS VIOLACIONES A DH, SEGÚN ACTIVISTAS
Activistas consultados por ZETA, como la directora de la Asociación Civil Alma Migrante, Graciela Zamudio, apuntaron que hubo diversas violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y las enumeraron dando una explicación del porqué de cada una:
Violación al derecho de acceso a la información de la población en Tijuana. “El hecho de ocultar a la población de Tijuana que las personas en el campamento se encuentran en nuestra ciudad porque se vieron forzadas a dejar sus hogares en diferentes lugares de la República Mexicana y del mundo, donde las condiciones de seguridad no existen, sobre todo, porque las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley les han fallado en protegerlos.
“Son personas en situación de desplazamiento forzado y solicitantes de refugio, no vienen de la nada, sino familias enteras que tuvieron que dejar todo lo que tenían e incluso sus hogares para evitar que sus familias siguieran siendo violentadas, asesinadas y secuestradas en los diversos municipios del país y de los demás países de donde provienen”.
Violación al derecho de acceso a la información de la población en movilidad. “No han sido informados sobre dos derechos esenciales que tienen, el primero, a no ser devueltos a esas localidades donde corren tanto peligro; y el segundo, a que no se obstaculice su derecho a solicitar asilo en México o en cualquier otro país, como Estados Unidos.
“Cuando la alcaldesa informa que se está poniendo en comunicación con los presidentes municipales de las ciudades de origen, para que les reciban de vuelta en esos lugares en donde las autoridades no les protegen y en los que pueden perder la vida, además de aterrorizarles, está afectando su derecho a conocer que tienen derecho a no ser devueltos a los lugares en los que corren peligro sus vidas y sus demás derechos humanos”.
Asimismo, cuando informa que ha solicitado a las autoridades del vecino país que condicionen la cita para iniciar el proceso de asilo a que las personas se encuentren alojados en un albergue, como lo hizo en su conferencia de prensa del día 29 de octubre de 2021, incumple su obligación de abstenerse de obstaculizar que soliciten asilo en ese país, sobre todo involucrándose en un proceso en el que el Municipio carece de competencia legal, por ser ajeno a las leyes mexicanas”, explicó la abogada defensora de migrantes.
Violación al derecho de acceso a la justicia. “No informan el resultado de las investigaciones para brindar seguridad a las personas, ya que informar que existen delitos al interior del campamento, solamente genera estigmatización y miedo en el grupo que ahora se encuentra cercado, sin que haya una solución sobre la afectación a su derecho de seguridad pública”.
Violación al derecho de defensa. “No informar con claridad el proceso de acreditación de las personas defensoras de los derechos humanos para asegurar que continúen teniendo interacción con las personas en situación de movilidad. La población indica que las donaciones se han reducido porque no las dejan pasar”.
Violación al derecho de comunicación. “El corte de luz hace que disminuya su posibilidad de tener siempre carga en sus teléfonos para comunicarse y reduce la luz”.
