Falta de servicios, certeza jurídica, carencias en salud, apoyos sociales e infraestructura, entre los reclamos
Residentes del poblado Santa Anita, territorio disputado entre Rosarito y Ensenada, hicieron un llamado al Congreso del Estado para poner fin al conflicto y con ello el retraso que sufre la comunidad en materia de servicios, certeza jurídica, seguridad y procuración de justicia, así como salud.
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Brenda Pinto, integrante de la comunidad, expuso que el jueves 28 de octubre una representación del poblado acudió al Congreso del Estado para exponer, una vez más, la situación a los diputados, especialmente a Juan Manuel Molina García, presidente de la Mesa Directiva.
La señora Pinto dijo a ZETA que en la comunidad con unos mil 700 habitantes existen credenciales de elector con seis diferentes tipos de datos cruzados, lo que genera problemas a la hora de realizar trámites.
En su caso, tramitó su INE en Rosarito, sin embargo, aparece como residente de Ensenada, con dirección en Santa Anita y código postal de El Descanso, perteneciente a Rosarito. Ello provoca que los recibos de servicios tengan direcciones erróneas al decir Misión viejo, poblado Santa Anita o solamente Santa Anita.
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Otra incongruencia expuesta fue haber votado para ediles de Rosarito, pese a que la credencial muestra Ensenada como municipio de residencia.
Rosarito, dijo, atiende al poblado con los servicios de recolección de basura y alumbrado, pero no los contempla en programas sociales, mucho menos en obras del Ramo 33, al igual que Ensenada.
“Muchos de los apoyos sociales que obtiene la comunidad son gracias a la comunidad estadounidense que vive en la zona, tanto en lo educativo, alimentario y salud”.
“Ensenada cobra el 99 por ciento de impuestos como el predial y Rosarito el resto, cuando se supone que en la Ley de Ingresos Rosarito tiene autorizados los cobros en Santa Anita”, reclamó.
“Para regularizar tierras, de Rosarito los mandan a Ensenada y este último se desentiende, en cuanto a procuración de justicia, acuden a Ensenada a presentar denuncias ante la FGE y los mandan a Rosarito, pero en Rosarito los envían de regreso a Ensenada”, acusó.
En el poblado, expuso, no hay Centro de Salud, solamente una vez a la semana acude una caravana de Isesalud desde Tijuana.
Para poder atender de mejor manera las necesidades de los pobladores, Pinto dijo que se intentó crear una asociación civil, pero no se ha podido conformar al haber tantos datos cruzados.
Actualmente, expuso, se cuenta con un módulo de atención que hace las veces de una “delegación legítima”, donde se atiende como si fuera oficina de gobierno; el módulo es financiado por la comunidad, es decir, los ciudadanos deben sostenerlo.
Lamentó que después de más de 20 años y un desfile de diputados locales, el tema siga sin resolverse en los hechos. De la diputada Rocío Adame, representante del Distrito XV, dijo que ya lleva más de un mes y no ven respuestas, pese a que el tema de los límites territoriales es prioritario en esa demarcación.
