La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana manifestó su preocupación por el decreto que mañana firmará el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los autos “chocolate”, ya que según el organismo empresarial pondrá en riesgo casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo y transporte en el país.
En un comunicado, difundido este viernes 15 de octubre de 2021, el presidente de la Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, calificó la medida presidencial como un “cheque en blanco” para la delincuencia.
Afirmó que la regularización indiscriminada es también un “duro golpe” a la industria automotriz en uno de los momentos más adversos que enfrenta, ya que en el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros en los primeros nueve meses de 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2019.
Igualmente, la producción de vehículos ligeros está 23.8 por ciento por debajo de los niveles vistos de enero a septiembre de 2019. “La producción registrada en septiembre 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010”, resaltó.
Rosas Jiménez previó que la medida presidencial afectará las finanzas públicas ya que habrá una caída en la recaudación, puesto que ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta.
Además, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos, que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar, y que en 2020 logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos.
El líder empresarial recordó que de 1979 a 2011 ha habido 19 procesos de regularización y actualmente está vigente un decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 24 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, de modo que es factible importar un vehículo usado.
Abundó que la internación ilegal de automóviles representa un acto de evasión fiscal y un delito con el que se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos.
“Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros”, aseguró.
