Con la colaboración de los partidos Morena y Verde Ecologista de México para acordar el regreso de Arturo González Cruz a la alcaldía de Tijuana, la protección del Ejército Mexicano para conservar la gobernabilidad en el Ayuntamiento ante la toma de Palacio Municipal por parte de la Policía y una sesión extraordinaria para dejar sin efecto un acuerdo de 2013 para crear la Comisión Municipal del Agua, se logró detener el intento del gobernador Jaime Bonilla por, antes de concluir su bienio, municipalizar el servicio. Gobernación y Sedena, resguardaron seguridad. La gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contó con el respaldo federal para tener, en el tema del agua, margen de maniobra
La toma política del Palacio Municipal de Tijuana, la madrugada del 29 de septiembre, obedeció al intento de parte del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de Tijuana, de no permitir el acceso al presidente municipal, Arturo González Cruz.
Previamente, alrededor de las 00:40 horas, por 18 votos a favor y 7 en contra, en el Congreso del Estado de Baja California habían autorizado la revocación de la licencia definitiva que, para el cargo de alcalde de la ciudad, había solicitado González Cruz los últimos días de enero de 2021.
Al momento de la irrupción, los policías municipales, comandados por el entonces secretario y ahora funcionario de la FGE, Pedro Cruz Camarena, pretendieron sacar de la sala de Cabildo a regidores del XXIII Ayuntamiento, y a González Cruz, quien ya era, de nueva cuenta, presidente municipal.
Con armas largas, intentaron desalojarlos, para que no continuaran acordando la sesión de Cabildo para dejar sin efecto un acuerdo de 2013, cuando Carlos Bustamante Anchondo era alcalde, que creaba la Comisión Municipal del Agua de Tijuana. Mismo que, ocho años después, el gobierno de Jaime Bonilla tomó, consideró y publicó en el Periódico Oficial del Estado, para continuar con sus planes de la municipalización de las Comisiones de Servicios Públicos, por un decreto firmado por él y no acorde a los requisitos que en la Constitución Mexicana se inscriben.
El lunes 27, Karla Ruiz Macfarland alcaldesa suplente, se había negado a entrarle al tema, cuando la regidora Mónica Vega, al no verlo en el Orden del día, propuso incluirlo y votarlo.
El tema tenía que ver con dar marcha atrás a la aceptación del Ayuntamiento de Tijuana, sobre la Comisión de Servicios Públicos, y también en concordancia con la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovida por diputados locales, para que el gobierno de Jaime Bonilla, “interrumpa los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado (para la municipalización del agua), y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en tanto se resuelva el fondo del asunto”.
De hecho, la propia Mónica Vega había interpuesto una solicitud de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, para detener el procedimiento para el traspaso del organismo operador de agua del al gobierno municipal, el cual le fue concedido el mismo 28 de septiembre.
Sin embargo, aun pretendiendo ejercer el poder sobre Congreso y ayuntamientos, Bonilla presionó a la alcaldesa suplente no sólo a través del padre, que es el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, sino con dádivas o tras canonjías. Por ejemplo, días antes había entregado una Notaría al licenciado Jorge Alberto Larrieu Creel, quien resultó ser yerno del fiscal general, cuñado de la alcaldesa suplente y esposo de su hermana, Karina Michelle Ruiz Macfarland.
Al final, Karla Ruiz se frustró, se dijo fracasada y suspendió la sesión de Cabildo donde se dejaría sin efecto el acuerdo de Bustamante para la creación de la Comisión Municipal del Agua de Tijuana.
De la toma del Palacio Municipal por parte de la Policía de Tijuana, en cuestión de minutos pasaron al resguardo del inmueble por elementos del Ejército Mexicano.
La orden al Ejército, de controlar a la Municipal y permitir al alcalde González Cruz y a los regidores convocar a una sesión extraordinaria, dado que la suspendida por Karla Ruiz, la ex alcaldesa suplente, había quedado en el limbo para conservar la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Tijuana, provino desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se conoce que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no fue ajena a los movimientos nacionales. El respaldo que ha encontrado la futura mandataria estatal en el Gobierno de México para impedir las limitaciones que Jaime Bonilla pretende heredarle, fue fundamental para que el cuerpo edilicio de Tijuana pudiera convocar a una sesión extraordinaria, donde no sólo aprobaron dejar sin efectos el acuerdo de Bustamante, sino dar continuidad a la conformación del XIV Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza Montserrat Caballero.
Ante las presiones del gobernador Bonilla y del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, para con la hija de este último, la ex alcaldesa suplente, la coalición entre Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) marcó la diferencia, cuando entre los líderes de ambos partidos, solicitaron al diputado federal Arturo González Cruz, pedir licencia a tal cargo y regresar en su calidad de presidente municipal para completar lo que Ruiz Macfarland no pudo, y evitar un irregular traspaso de la Comisión del Agua a la ciudad.
Inmediatamente desde el Gobierno del Estado, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, inició una campaña para desestimar la presidencia municipal de Arturo González Cruz, incluso denunciándolo, solicitando informes al Ejército Mexicano y evidenciando la ignorancia de la Constitución, que determina que un cargo de elección popular, como la alcaldía, es irrenunciable, y que, ante las licencias, los derechos políticos del electo están a salvo para su regreso.
Caso similar, por ejemplo, el del gobernador Jaime Bonilla, quien es senador con licencia y gobernador constitucional de Baja California, y en dado caso, está en poder de solicitar licencia al cargo de gobernador, regresar al Senado, votar, pedir licencia nuevamente y regresar a la administración estatal.
La insólita toma del Palacio Municipal por la policía local y el posterior resguardo del Ejército Mexicano para mantener la gobernabilidad, por encima de los deseos del gobernador Bonilla de aprobar, a toda costa, la municipalización del agua, a pesar de una suspensión de la Corte, fue un manotazo en la mesa al todavía mandatario estatal.
Al final, se quedó con siete votos en el Congreso, sin alcalde en Tijuana, con el Ejército a cargo de la seguridad política, y sin traspaso de la Comisión Estatal, al Municipio.
La jugada política nacional entre Morena y el PVEM, así como las relaciones de la gobernadora electa en el Gobierno de México impidieron, por el momento, una municipalización irregular, lo cual permitió a Arturo González Cruz, regresar y entregar el gobierno municipal del que tomó posesión en 2019.
LA TENSIONADA SESIÓN DE CABILDO
En vísperas de la instauración del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, privó un ambiente de tensión en el gobierno municipal, a partir de que 12 regidores pretendieran dejar sin efectos un acuerdo sobre la creación de la Comisión Municipal de Agua (Comati), de manera que la administración entrante ya no pudiera sacar adelante ese procedimiento, que resultaba ser afín a las pretensiones del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, relativas a municipalizar el manejo administrativo del líquido vital.
Los desacuerdos generaron tal crisis política que la alcaldesa suplente, Karla Patricia Ruiz Macfarland, se negó a reanudar la sesión de Cabildo correspondiente, en la cual cabía la posibilidad de discutir la propuesta de echar abajo el proyecto de municipalización. En ese contexto fue que el presidente municipal propietario, González Cruz, decidió reincorporarse al cargo, luego que viniera gozando de licencia definitiva otorgada el 16 de febrero y se hubiese desempeñado a partir del 1 de septiembre como diputado federal.
En la sesión en la que el Congreso del Estado aprobó su reincorporación como presidente municipal, Marco Antonio Blásquez y Sergio Moctezuma Martínez, ex colaboradores de Bonilla Valdez que actualmente fungen como legisladores locales, no dejaron de manifestarse en desacuerdo con la pretensión de que el munícipe con licencia retomara las riendas del ayuntamiento.
Esa madrugada, agentes policíacos provistos con armas largas intentaron impedirle el paso a González Cruz cuando se disponía a ingresar a Palacio Municipal, y por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), igualmente se trató de desalojar a ediles del salón de sesiones, donde supuestamente se encontraban con la idea de reanudar la sesión que Ruiz Macfarland dejó a medias desde el lunes 27.
Tanto el alcalde como los regidores finalmente contarían con el apoyo de elementos del Ejército para su resguardo.
Por la mañana trascendió que el presidente municipal saliente dispuso la destitución de Pedro Cruz Camarena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), así como de Joel Fabián Guardado Reynaga en su calidad de secretario general de Gobierno, quien según declararía el munícipe reincorporado, había llegado al Ayuntamiento con el respaldo del mandatario estatal.
El mismo miércoles en Palacio, Arturo González ofreció atención a representantes de los medios. Justificó que con todo y que el 16 de febrero se le había otorgado licencia definitiva al cargo de primer edil, procedió con su intención de reincorporarse en razón de que “los puestos de elección popular son irrenunciables”.
Afirmó que retornaba en vista de que algunos regidores se lo habían solicitado y que de parte de Morena también había emanado una solicitud en tal sentido. Dadas esas circunstancias, manifestó que participaría en la sesión extraordinaria de Cabildo programada para ese día a partir de las 15:00 horas, en la que finalmente se enlistaría el planteamiento de dejar sin efectos el acuerdo sobre la transferencia del servicio de agua potable a la administración pública municipal y la creación de la Comati.
Además, comentó que posiblemente no asistiría al acto de toma de protesta a la alcaldesa entrante, Montserrat Caballero Ramírez, programado para el jueves 30, pues bastaba con que un representante del Congreso del Estado le tomara protesta.
Finalmente, González Cruz acudió a la ceremonia e incluso en el área de acceso se dejó ver departiendo con Caballero, así como con la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien por su lado se ha llegado a mostrar en contra de las políticas de municipalización de Bonilla Valdez.
Sobre su separación de la alcaldía en febrero de 2021, González Cruz explicó que el gobernador no le hacía llegar las participaciones federales, además de que por disposición del Gobierno del Estado se le habían cerrado los Servicios Médicos Municipales (en plena pandemia de COVID-19), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y delegaciones.
“…y luego, hicieron una infamia de inventar un asunto, que no tengo nada que ver, ya se lo llevó la Federación y ahora la Federación será la que determine quién tuviera alguna responsabilidad en eso”, detalló a propósito de haber sido implicado, como presunto responsable, por el asesinato de Mariano Soto, quien administraba una cuenta de Facebook; caso que recientemente fue atraído por la Fiscalía General de la República y respecto al cual se tiene programada una audiencia inicial de formulación de imputación contra González Cruz para el 4 de marzo de 2022.
Por otro lado, en una entrevista que concedió a la codirectora de ZETA en la oficina de la Presidencia, expuso en buena medida que había solicitado la licencia definitiva, debido a que el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, lo amenazó, diciéndole que, si no dejaba la alcaldía, lo encarcelaría (por su presunta responsabilidad en la muerte de Soto).
Con la marcha atrás a la municipalización del servicio de agua potable y el protocolo para la toma de protesta a Caballero Ramírez, la sesión extraordinaria número 59 igualmente transcurrió en un contexto enrarecido (el 29 de septiembre), habida cuenta del receso que se decretó por el supuesto hallazgo de un “artefacto sospechoso” en uno de los sanitarios de Palacio, situación que orilló a que personal del Ayuntamiento y policías municipales (con Miguel Cabrera Medina al frente de la SSPC en sustitución de Cruz Camarena) obligaran a desalojar el recinto oficial, mientras que con el apoyo de binomios caninos se llevó a cabo una inspección de las instalaciones.
De nueva cuenta, tal como en la madrugada y la mañana de ese día, el inmueble se vio rodeados elementos de las fuerzas del orden, en este caso, adscritos a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA ALCALDESA SUPLENTE
La reunión de trabajo del lunes 27, en la que la regidora Mónica Vega Aguirre propuso dejar sin efectos el acuerdo sobre la instauración de la Comati, resultó ser la última a la que acudió la alcaldesa suplente, Karla Patricia Ruiz Macfarland.
Vega Aguirre arguyó que el proceso de transferencia del servicio de agua potable en todo caso debía hacerse “con mayor cuidado, atendiendo la responsabilidad encomendada por la ciudadanía que reside en este municipio, sin poner en riesgo el derecho fundamental el acceso al agua”.
Con esa tentativa, la regidora estaba sugiriendo que en la administración entrante fuera inviable instaurar el organismo operador del servicio en la modalidad de municipal. Ello con el pormenor de que la hoy alcaldesa constitucional, Montserrat Caballero Ramírez, a mediados de agosto y en su calidad de presidente municipal electa, participó en la firma de un convenio para traspasar al Ayuntamiento la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
El regidor Luis Antonio Quezada, quien a la par formaba parte del equipo de transición de Caballero Ramírez, criticó que Vega Aguirre intentara enlistar “a quemarropa” el tema y dijo que, de aprobarse su discusión, se dejaría para el final de la fase de puntos a tratar.
El entonces secretario de Gobierno, Joel Guardado Reynaga, igualmente se mostró renuente con el punto de acuerdo planteado por la regidora.
“Con todo respeto, secretario, sus consideraciones están de más, debido a que lo que vote y lo que defina la mayoría de Cabildo, eso es lo que sería lo conducente, y la solicitud es para que sea incluido en el 3.1 (del Orden del Día)”, esgrimió Vega Aguirre.
“Me da tristeza terminar así”, manifestó Karla Ruiz Macfarland en medio de la discusión. Visiblemente afectada, continuó: “La neta, siento que fracasé como alcaldesa; si algo quise siempre, es instar a la unidad y hacer un Cabildo que pudiéramos dialogar”.
En el uso de sus facultades, dio la indicación de que, en caso de aprobarse la inclusión del tema relativo a la Comati, se discutiera como punto “3.4” y no con carácter de prioritario, tal como había propuesto Vega Aguirre.
Consultada por ZETA, la regidora explicaría que la idea de incluirlo como 3.1, obedeció a su presentimiento de que si se dejaba para el final, antes de ello se decretaría receso sin que prevaleciera la oportunidad de discutirlo.
De cualquier manera, sin dar pie a que se analizara la posible inclusión del tema, Ruiz Macfarland decretó un receso de 10 minutos. Sin embargo, la sesión extraordinaria número 58 no se reanudó. Regidores permanecieron en el salón de sesiones hasta la media noche, a la espera de retomar los trabajos, pero ni la alcaldesa ni Guardado Reynaga reaparecieron.
El miércoles 29, Ruiz Macfarland hizo circular una carta en la que daba por sentado que a partir de ese día dejaba el cargo de presidente municipal.
“Las situaciones políticas ajenas a mi gobierno me han obligado a retirarme de esta forma (desplazada por la reincorporación de González Cruz), sin embargo, en el período que tuve la oportunidad de conocer el profundo trabajo que como tijuanenses realizamos desde nuestra trinchera para sacar adelante esta grandiosa ciudad, fue el motor que impulsó las acciones implementadas en mi gestión”, anotó.
LA REINCORPORACIÓN DEL ALCALDE CONSTITUCIONAL
En sesión extraordinaria del Congreso del Estado con inicio a las 23:30 horas del 28 de septiembre, la XXIV Legislatura de Baja California aprobó que el alcalde con licencia definitiva, Arturo González Cruz, retomara sus funciones al frente del Ayuntamiento de Tijuana. Disposición que procedió con base en una votación de 17 sufragios a favor y 7 en contra.
El acuerdo para que reasumiera como alcalde, fue presentado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Rocío Adame Muñoz, quien indicó que, de darse el caso, entraría en vigor al momento de ser aprobado.
El diputado del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blásquez Salinas, lo mismo que los legisladores de Morena, Ramón Vázquez Valadez y Sergio Moctezuma Martínez López, se mostraron inconformes con el proyecto para reincorporar a González Cruz.
“Ya no hablemos de lo ilegal, lo ilícito, la pura convocatoria es una falta de respeto a los bajacalifornianos”, dijo Blásquez a propósito de haberse convocado a la sesión “con minuto de anticipación”, según arguyó.
Vázquez Valadez expuso que conforme al Artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal del Estado de Baja California, en aras de resolver una ausencia definitiva y en caso de que el suplente no procediera a ocupar el cargo de presidente municipal, el gobernador debía enviar una terna al Congreso del Estado.
Martínez López reclamó: “En qué parte de la Ley, no establece un procedimiento para que esta soberanía revoque sus propias decisiones”, en alusión a que fue el propio Congreso la instancia que había otorgado la licencia definitiva, en la anterior Legislatura.
“No podemos erigirnos como si fuéramos un órgano jurisdiccional”, asentó el ex secretario del Trabajo.
El presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Molina García, argumentó que desde que se le concedió la licencia, él, como diputado de la XXIII Legislatura, estableció “que no deberían considerarse licencias definitivas que impidieran a ningún funcionario poder regresar al cargo”. Agregó que sus argumentos se sustentaban en ocho resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado.
La misma madrugada del miércoles, una vez efectuada la votación, Molina García y la secretaria de la Mesa Directiva, Araceli Geraldo, remitieron el acuerdo de reincorporación, a autoridades municipales, del Estado y de las fuerzas del orden.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
El 29 de septiembre por la tarde, Arturo González Cruz encabezó la sesión extraordinaria número 59 en la sala de sesiones de Cabildo.
En la reunión finalmente quedó desechado el acuerdo sobre la creación de la Comati, con el voto de 12 regidores y el alcalde.
Faltaron a la sesión la síndico procuradora, María del Carmen Espinoza, así como Quezada Salas y los regidores reelectos, José Refugio Cañada y Claudia Casas Valdés.
En el curso de la reunión de trabajo, las puertas de la sala de sesiones se cerraron con llave, en vista de que supuestamente había “artefacto sospechoso” en uno de los sanitarios de Palacio Municipal.
Se decretó un receso, tras lo cual personal del Ayuntamiento y elementos policíacos indicaron al resto de los presentes abandonar la sala, así como las instalaciones del gobierno municipal, en tanto que se llevó a cabo una inspección por el inmueble.
Aparentemente, en lo que la gente desalojó, los ediles reanudaron y concluyeron la sesión, de manera que el protocolo para la toma de protesta a Caballero Ramírez quedó aprobado.
De nueva cuenta, por el supuesto hallazgo del objeto en los baños, Palacio Municipal quedó custodiado por elementos de las fuerzas del orden, quienes se aposentaron alrededor de la edificación, manteniéndose a la expectativa.
