Si en un tema ha sido opaco el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a punto de concluir, es en el manejo, distribución y operación del agua. En la etapa de transición, que no ha sido fluida como cree el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el todavía mandatario en Baja California ordenó, explícitamente, no entregar la información concerniente a los organismos del agua al equipo de la gobernadora entrante, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Lo que sí ha hecho Bonilla, es azuzar a los alcaldes sobre los que cree puede influir, para exigir que las comisiones de agua del Estado en los municipios, sean entregadas a los ayuntamientos.
Con una suspensión para la transición de los organismos del agua por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bonilla no quita el dedo del renglón. La semana pasada, hizo a los alcaldes firmar una carta en la que solicitan a la Corte, les sea respetado ese derecho consagrado en la Constitución, pero desvirtuado en el ejercicio del gobierno por parte del morenista.
De lo poco a lo que han tenido acceso en el equipo de Marina del Pilar, el futuro secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno, dijo que las comisiones de Servicios Públicos están en números rojos. Con hartos pasivos. Requerirán -dijo el ex financiero de Urbi- de una reingeniería financiera para rescatarlos y que no sigan el rumbo de la inoperatividad, como ahora están encaminados.
De la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, confirmó que tiene pasivos por 4 mil millones de pesos, lo que prácticamente significa la mitad del presupuesto del Ayuntamiento de Tijuana para 2021.
Efectivamente, este año por concluir, la ciudad tuvo un presupuesto integrado por 8 mil 344 millones de pesos, de los cuales 5 mil 059 millones provienen de participaciones federales, mil 966 millones por impuestos y mil 115 millones por cobro de derechos. Pero Tijuana no obtuvo todo el recurso.
El propio Bonilla, quien a nueve días de concluir su administración intenta trasladar el pasivo de (mínimo, pues no hay información a profundidad disponible) 4 mil millones de pesos de la CESPT al Ayuntamiento de Tijuana, aún le debe a la ciudad poco más de mil millones de pesos en participaciones federales.
Efectivamente, el mandatario ha jineteado el dinero de los tijuanenses, al decidir no entregarlo para la administración de la ciudad y utilizarlo para salir adelante en sus múltiples compromisos y deudas de corto plazo, así como pago a acreedores.
Es decir, gracias a él, Tijuana tiene mil millones menos en su presupuesto.
En estas condiciones, lo que estaría recibiendo el ayuntamiento, ya de suyo en problemas financieros, sería una institución “enferma”, refirió Marco Moreno, y justificó:
“La CESPT tiene deudas importantes con la Comisión Estatal del Agua (CEA). El resbalón de no haberle pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene qué ver con el flujo de recursos que la CESPT tiene que entregar a la CEA por la distribución del agua y que por la propia problemática que tiene la CESPT, no lo logró realizar”.
Incluso, mencionó que “hay contratistas que se están bajando del contrato ya firmado con la CESPT, ante la imposibilidad de cobrar a tiempo”.
Moreno concluye que, en estas condiciones, “no tendría sentido transferirle a un municipio una entidad enferma”.
Porque, además, a los 4 mil millones de pasivo de la CESPT, habría que sumarle los 2 mil millones de pasivo que tiene el Ayuntamiento de Tijuana, lo cual, para el financiero, llevaría a la ciudad a una situación financiera delicada, sin descartar que muchos de los créditos del agua, están sustentados en las participaciones federales del Gobierno del Estado y la capacidad crediticia del mismo, un contexto muy diferente a la condición económica de Tijuana.
Con un presupuesto cercano a 60 mil millones de pesos, el Estado puede, en un momento dado, respaldar los adeudos de la comisión del agua, lo que metería en aprietos al Ayuntamiento de Tijuana, con poco más de 8 mil millones de pesos de presupuesto.
¿Las comisiones del agua deben ser manejadas por los ayuntamientos? Sí, en un momento dado, y para ello están facultados constitucionalmente, pero el proceso de desincorporación que utilizó Bonilla más por limitar el margen de acción financiera de la futura gobernadora, al ser las comisiones del agua, generadoras de flujo de efectivo, que por beneficiar a los ayuntamientos, que finalmente agregarían deuda a su deuda.
El próximo secretario de la Hacienda bajacaliforniana reflexionó: “La iniciativa no descansó en un proceso de análisis financiero ni de los ayuntamientos, ni de las comisiones, ni del Estado, que son las tres partes que pudieran tener implicaciones, desafortunadamente, en todos los casos negativas”.
Sobre el caso de Tijuana y el pasivo de 4 mil millones de la CESPT, explicó: “Si consideramos que Tijuana es el municipio más endeudado del país, con un pasivo superior a 2 mil millones de pesos, evidentemente no tendría capacidad para afrontar ese compromiso financiero. Eso sin considerar los niveles de déficit que está generando actualmente, que son del orden de 400 millones de pesos”.
Además, refirió que un tema que no se ha abordado, es el estatus de los trabajadores de las comisiones estatales del agua, quienes dejarían de ser parte de un sindicato estatal, para ser transferidos a uno municipal.
La propuesta del próximo gobierno será “hacer más fuertes a los organismos, inclusive metropolizarlos en lugar de hacerlos municipales, darles más músculo financiero, que tengan la posibilidad de tener contratación de deuda en mejores condiciones posibles que te lo da el volumen”.
Sólo falta esperar que concluya el gobierno de Jaime Bonilla para acceder a la información de los organismos del agua, y que la Corte resuelva, claro.
