Parlamento
Los días parecen más largos. La espera del momento en que termine esta calamidad de gobierno estatal se volvió más apremiante, luego de la última escena entre el gobierno estatal de Jaime Bonilla y el gobierno municipal de Tijuana. Decepción para algunos, coraje para otros, pero las conductas desplegadas por este gobernador que se va (particularmente en contra de los gobiernos municipales) merecen ser enlistadas.
A pesar de su desesperada, repentina y mal argumentada invocación sobre el fortalecimiento municipal en ocasión de pretender seguir mangoneando su tema y negocio del agua, el récord que nos deja Jaime Bonilla en contra de los municipios del estado, es negativo y lamentable. Veamos:
Cuando reformamos el Artículo 115 constitucional allá en el año de 1999, garantizamos un ámbito de competencia propio y exclusivo para el municipio mexicano. En la negociación de esa reforma, que encabecé como Diputado Federal en la LVII Legislatura Federal (1997-2000), las materias de desarrollo urbano, calles, parques, jardines, alumbrado, equipamiento urbano, regulación del uso de suelo, edificaciones, fraccionamientos y otras muchas materias quedaron -sin cuestionamiento alguno- en el ámbito municipal, según las fracciones III y V del citado 115.
Como ya he explicado en previa entrega, el tema del agua mereció un tratamiento especial por su complejidad y efectos en la vida diaria, y por ello, la fracción III debe leerse junto con el artículo tercero transitorio de esa reforma, pues así lo resolvimos en aquel ejercicio de Constituyente Permanente: la transferencia del agua solo se puede hacer mediando petición de mayoría calificada de un ayuntamiento, con plazo de 90 días para dar respuesta y emitir un programa de transferencia que garantice la viabilidad del servicio debidamente negociado con cada municipio. El interés público antes que nada. Nada de esto fue atendido por Bonilla en su reforma.
En aquella reforma también ordenamos que la hacienda municipal fuera ejercida sin intermediación ni afectación alguna por parte de los gobiernos estatales o federal, según ajustes a la fracción IV del famoso 115.
Adicionalmente, se dispuso que las legislaturas estatales podrían agregar al ámbito de competencia autónomo municipal, vía su legislación local, otras materias que así decidieran conforme a sus condiciones particulares. Así fue como Baja California adicionó un par de materias al marco de competencias municipales: regulación de venta de bebidas con graduación alcohólica y el transporte público.
Empero, el gobernador Jaime Bonilla Valdez nos deja para la triste memoria de su gestión: haber quitado a los municipios de Baja California su competencia en materia de transporte público; intentar expropiaciones saltándose toda la legislación y competencia autónoma municipal en materia de desarrollo urbano; pleito y persecución contra la alcaldesa de Tecate y el ex alcalde de Tijuana; bloqueo ilegal de la publicación de la Ley de Ingresos Municipal de Tecate por más de cuatro meses, retención ILEGAL de cientos de millones de pesos de participaciones federales a municipios…
Y como grand finale, no obstante toda la lista de agravios a los municipios y en hipócrita gesto municipalista, tenemos su locuaz intento de transferir a chaleco el servicio de agua potable a municipios, con énfasis en Tijuana, violando otra vez el artículo tercero transitorio de la reforma al 115 constitucional de 1999, que previno precisamente que no hubieran transferencias del servicio de agua en forma irresponsable ni al vapor.
Para rematar, la escena del alcalde Arturo González Cruz regresando a su cargo como presidente municipal un par de días conforme la ley se lo permite, y el inefable secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, cuestionando de la manera más absurda la legalidad de ese regreso con el único propósito de continuar con su obsesión de transferir la función del agua a un gobierno local, para intentar seguir manipulando el negocio del cobro de presuntos adeudos de agua, queda como episodio vergonzoso en materia de gobernabilidad; y es prueba irrefutable de la incompetencia del encargado de la política interior del estado durante este gobierno estatal que termina.
Así se despide Jaime Bonilla como gobernador, habiéndose inaugurado con el absurdo de pretender alargar su periodo de 2 años al que fue claramente electo, por uno de 5 años lo cual le fue negado vista su inconstitucionalidad, ni más ni menos que por la Suprema Corte de nuestro país. El decadente gobernante deberá rendir cuentas por tantos agravios a los municipios, a los ciudadanos que lastimó mediante cobros indebidos de adeudos de agua más parecidos a una extorsión que a un cobro fiscal y, en general, por la gestión de prepotencia, arbitrariedad y debilitamiento generalizado del estado de derecho.
P.S.- Por si fuera poco, la asignación directa de notarías a personas de reciente examen y práctica al vapor, en perjuicio del concurso oposición, agraviando a otros aspirantes con patente y más de diez años de práctica, decora su mensaje de desprecio a la ley y ausencia del sentido de justicia. Así creo que será recordado Jaime Bonilla Valdez. ¡Vaya despedida!
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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