“Tenemos un adeudo de su Estado, de su tierra, dejada por el gobierno anterior de 9 mil 164 millones, y el presupuesto es de 17 mil”, planteó el mandatario estatal como un problema mayúsculo que de entrada ya atiende su administración
“Es una deuda pública bancariamente manejable a corto y mediano plazo, creo que es uno de los estados que no se endeudó de una manera irresponsable”, fueron las palabras de Víctor Manuel Castro Cosío como gobernador de Baja California Sur en su toma de protesta, respecto a la deuda heredada por su antecesor, el panista Carlos Mendoza Davis.
Pero bastó un mes al frente del gobierno para cambiar de opinión, y, justo cuando los embates por problemas financieros se le vinieron encima, el morenista reculó y dijo “que siempre no”, que la deuda heredada en realidad es un problema mayúsculo.
Pese a asumir el poder en semanas previas, de reuniones de transición, de convertirse en un proceso “transparente”, ahora, reconoce ante medios de comunicación que la situación es distinta a como la había manifestado, como quien dice, está recurriendo a lo de siempre: a culpar al gobierno anterior ante la incapacidad.
“Nos dejaron una deuda total de bancos a largo plazo, cuando yo me di cuenta de esto, pensé que era todo y que era manejable según los financieros, de 2 mil 055 millones de pesos de bancos programado, que podemos ir pagando en un máximo de 10 años con los bancos. ¿Se puede negociar? Se puede renegociar, esa es la primera información bancaria”, expresó Víctor Castro Cosío.
La deuda bancaria del gobierno de Baja California Sur ya no es manejable, la historia cambió de pronto, o al menos eso fue lo que le asesoraron. Incluso, el mandatario estuvo de acuerdo con un adelanto de participaciones federales que pidió su antecesor, para dejarle liquidez a su llegada para el pago de nóminas y apoyos a los ayuntamientos.
Castro reconoció que el Gobierno del Estado se puede endeudar, pero no puede comprometer por completo su presupuesto, como si el pago de la deuda fuera en una exhibición, cuando realmente estuvo de acuerdo en endeudar al Estado por los próximos 10 años.
“En pasivos, diversos pasivos, nos dejaron 7 mil 108 millones, es decir, tenemos un adeudo de su Estado, de su tierra, dejada por el gobierno anterior, de 9 mil 164 millones y el presupuesto es de 17 mil, o sea, más de la mitad del presupuesto es deuda, para que tengan una idea. Nos podemos endeudar, pero Baja California Sur comprometería sus finanzas, nos parece totalmente inadecuado”, rectificó Castro.
Incluso, mientras en un inicio la meta era sacar de la quiebra a tres de cinco ayuntamientos, ahora asegura que es parte de la deuda heredada por el panista.
Lo que dejó claro es que sí estuvo de acuerdo -con anuencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- en solicitar un préstamo de 200 millones de pesos para que su gobierno no tuviera preocupaciones en el cumplimiento de la nómina, lo que ahora es un endeudamiento “inteligente y responsable”.
“Le vamos a hacer frente a este endeudamiento, que crece en la siguiente, de la deuda de los ayuntamientos, se adeudan 13 mil millones de pesos, esa es la deuda real de Baja California Sur, se la acabo de presentar al señor Presidente y a todo el gabinete con el que nos reunimos en Ciudad de México, el acuerdo con el Presidente es que para diciembre, se adelantaron 200 millones en septiembre para cubrir las nóminas para los trabajadores en agosto; y la primera quincena de septiembre, se comprometieron 200 millones de nuestra administración, que tanto el Presidente como un servidor estuvimos de acuerdo”, reconoció Castro Cosío.
Una vez que culpó a su antecesor, indicó que a partir de su toma de protesta y hasta diciembre, con el nuevo presupuesto 2022, se hará un manejo responsable, sin endeudamientos y cumpliendo los principios de austeridad.
“Pensamos que de aquí a diciembre y con el nuevo presupuesto, cuidaremos nosotros de qué forma, pero ordenando el sistema financiero, de tal manera que nos evite ese tipo de situaciones, porque 13 mil millones de deuda, quienes pagan las consecuencias es el pueblo de Baja California Sur”, lanzó.
LOS NUEVOS AJUSTES DEL GOBIERNO
Por la problemática que imperó en el Congreso de Baja California Sur, así como la misma pandemia, se mermó el Presupuesto de Egresos 2021, el cual quedó asignado con la misma cantidad de 2020: 17 mil 240 millones 655 mil 604 pesos.
Cuidando el endeudamiento heredado de más de 13 mil millones de pesos no sólo del gobierno anterior, sino de otras tantas administraciones de todos colores, para hacer rendir el presupuesto, se acordó la reducción de bonos y prestaciones.
“Por eso decidimos dar a conocer los salarios en tabulador que va a ser único, no habrá ningún tipo de bono, nóminas complementarias, extemporáneas, de gratificaciones por labores cumplidas, por ningún motivo”, aseveró el mandatario.
El tabulador oficial del Gobierno del Estado plantea importantes reducciones en el salario, por lo que el gobernador de BCS cobrará mensualmente casi lo mismo que la alcaldesa de La Paz (80 mil pesos), pero menos que un diputado (88 mil pesos):
Gobernador: 85 mil pesos.
Secretarios de Estado: 75 mil pesos.
Subsecretarios: 65 mil.
Directores generales: 60 mil.
Directores de área: 40 mil.
Coordinadores: 35 mil.
Jefes de departamento: 18 mil pesos.
“Es el sueldo que yo tenía como delegado federal, ustedes entenderán, 42 mil a la quincena. Gana más un ejecutivo de una empresa, yo lo sé, pero nadie va a ganar por encima del gobernador, 85 mil pesos”, reiteró el Ejecutivo estatal.
Sin embargo, surgen las contradicciones. Narciso Agúndez Gómez -hijo de Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador y asesor de Castro Cosío-, ocupa el cargo de director general de la Administración Portuaria Integral (API), institución cuya página oficial se encuentra en construcción.
ZETA pudo acceder al salario del director del API, por lo que estaría ganando 4 mil 562 de salario diario aprobado para 2021, es decir, hasta 136 mil 860 pesos de remuneración en tabulador, así lo marcan los documentos adquiridos a través del portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
“La política de austeridad va a consistir en que no habrá más que los salarios que di a conocer, creo que deben estar sin ninguna otra percepción, si alguien recibiera alguna percepción más, se va fuera del gobierno por cualquier motivo, porque no es discurso lo que está planteando el señor Presidente, es la austeridad republicana”, advirtió el gobernador de extracción morenista.
Aquí es donde Víctor Castro deberá ajustar sus dichos con sus hechos, tomar las decisiones correctas que vayan acorde a su discurso de austeridad.
Otra medida de austeridad, es que no habrá más contrataciones de las necesarias, no más plazas nuevas con la llegada de este gobierno, y desde luego, respetando a mujeres vulnerables y trabajadores con más de 10 años.
“Control de plazas, ningún área va a tener nuevos ingresos, al contrario, estamos pidiendo reducción de contratos, hemos encontrado gente que no puede seguir ahí, porque no desempeñaba ninguna labor y estaba contratado de manera desleal, les dimos las gracias, algunos van a tratar de demandar, hemos decidido mantener a madres solteras y personas con más de 10 años de labores”, explicó Castro Cosío.
SALUD Y JUSTICIA EN EL OLVIDO
La revisión de cuentas ha arrojado deudas preocupantes, por ejemplo, Salud tiene deuda de 488 millones en proveedores, convenios y gastos de operación; Educación, 175 millones de adeudo y, lo más preocupante, más de 4 mil 500 millones de pesos a instituciones como Insabi, ISSSTE y Fovissste.
Esta es la repartición de deudas, recursos ejercidos y que no han sido pagados, mientras el presupuesto anual en Deporte es de 7.2 millones de pesos, irrisoriamente ridículo ante la queja de falta de resultados en ese rubro.
Lamentablemente, el Hospital Salvatierra se convirtió en objeto de múltiples denuncias al final de la administración de Carlos Mendoza, los propios trabajadores filtraron fotografías, comentarios a través de redes sociales y denuncias de familiares de los enfermeros, quienes estaban arriesgando sus vidas al no contar con aire acondicionado en los covitarios.
“En infraestructura, tienen problemas de impermeabilizarlo, arreglar áreas comunes, el sistema de aire acondicionado que seguido falla, necesitamos mejorar al Hospital Salvatierra en su infraestructura, algunos aparatos que va a ser necesario, pues ya dieron su vida útil, mantenimiento preventivo. El señor Presidente, de una manera muy generosa, pidió al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) que haga un levantamiento, para que sea en el presupuesto de este año hacerle algunas mejoras importantes, sobre todo en áreas más crítica y que sean los propios médicos, los trabajadores, químicos, la gente que está al frente de las diversas áreas del nosocomio, que nos permitan resolver este problema de infraestructura”, externó el gobernador del Estado.
Las fotografías del interior del Hospital Salvatierra hablan por sí solas: plafón destrozado, paredes y techos, equipos que por falta de inversión se han arreglado y algunos convertidos en equipos hechizos, amarrados con ligas por la falta de inversión necesaria, de sentido común.
Para Víctor Castro no se trata de una falta de inversión por la pandemia, los daños provocados en las instalaciones datan de mucho tiempo atrás, la institución no fue tratada con seriedad.
“El ahorro que estamos teniendo, nos va a servir muchísimo para invertirlo en el Hospital Salvatierra, hagan un recorrido ahorita antes de que lo arreglemos y platiquen con la gente de ahí, hagan el reportaje desde cuándo no se le invierte al hospital en infraestructura, no es la pandemia, no son dos años. Sería muy fácil ocultarlo y decir que es por la pandemia”, afirmó.
En materia de justicia penal, informó que los centros de justicia de La Paz y Los Cabos fueron creados con las patas, inversión que en el fondo era buena, pero que no cumplió las necesidades, o quizá no se aplicaron con las especificaciones requeridas para su funcionamiento.
“De todas las obras, por ejemplo, tenemos que hacerle una pasadita al Centro de Justicia que está en Colosio y Las Garzas, y sean testigos de una obra que realmente no merecemos los sudcalifornianos, el del Centro de Justicia de San José voy a visitar porque me dicen que está en peores condiciones que el de acá, se muestra algo agrietado. Son recursos del pueblo y no se pueden seguir utilizando de esa manera, lo mismo que se inunda el Seguro Social de San José, de hace décadas, porque no merecemos los sudcalifornianos que se nos dé gato por liebre”, denunció el gobernador.
LOS EXCESOS DE MENDOZA
Aunque no ha justificado del todo, Víctor Manuel Castro Cosío dijo que, en un mes de funcionamiento en la oficina del Ejecutivo, sólo han gastado 17 mil pesos en combustible, mientras que la anterior administración ejercía 200 mil mensuales en combustible.
Por ello, mencionó que la austeridad llegará justo para ahorrar el consumo de gasolina, que sea consumo responsable, y así como todos los ahorros, serán encauzados a los hospitales con necesidades.
“En Seguridad Pública vamos a fortalecer porque no es posible que traiga una Suburban blindada un funcionario y Seguridad Pública se exponga. Por citar un ejemplo, en la oficina del Ejecutivo se designaban 200 mil pesos de gasolina al mes, nosotros en un mes llevamos 17 mil, llevamos ahorrados 183 mil pesos, sólo en una oficina. En SEDIF llevan ahorrados más de 150 mil pesos en puro combustible, ahorramos 2 millones de pesos en combustible al mes”, presumió Castro Cosío.
Pareciera que al anterior gobernador le gustaban los excesos, viajar con máxima seguridad y a alguno que otro servidor público de su administración. Al menos se detectaron dos camionetas blindadas, las cuales estaban siendo utilizadas en áreas poco necesarias.
“Vamos a revisar las camionetas blindadas que tenemos y otras del año que hay ahí, las vamos a poner a consideración de la Secretaría de Finanzas para que se vendan, y lo que se logre de las ventas, que no las vamos a ocupar nosotros, dejaremos algunas para Seguridad Pública y la visita, que a veces vienen funcionarios o alguna personalidad, se proteja nada más por atención; pero la mayoría de esos carros los vamos a poner a la venta, y lo que resulte, es para mejorar el Hospital Salvatierra y el Hospital de Ciudad Constitución”, confirmó el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Una denuncia muy sentida durante los últimos años, fue la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en Ciudad de México, que ha permanecido en abandono y sin apoyos para continuar su funcionamiento. Castro comparó los gastos excesivos en gasolina para las unidades blindadas y de lujo ubicadas en aquella localidad y que pertenecen al gobierno sudcaliforniano. Bien podrían ser de buena ayuda para los estudiantes que se encuentran allá.
“Vamos a poner en remate nueve, una camioneta en Ciudad de México, Suburban blindada. Otra muestra: las oficinas de Gobierno de Baja California Sur que tiene en Ciudad de México. Cada cuánto van los funcionarios a hacer reuniones, de oficina pagaban de renta 100 mil pesos mensuales, no es posible, ¿cuántos carros tienen ahí? Cinco, dos Suburban, una blindada, otra camioneta del año y dos automóviles, padeciendo algunas áreas aquí y hay cinco carros allá, y los estudiantes de la Casa del Estudiante en Ciudad de México padeciendo”, señaló Castro.
Su equipo expresó que la austeridad llegó para adoptarse en el funcionamiento del Gobierno del Estado, no es asfixiar a las instituciones, sino que se gaste lo justo, que se acaben los privilegios y se optimicen los recursos públicos, refiriéndose a los viáticos de servidores públicos.
Además, ya no habrá pago de celulares a funcionarios públicos, se acabaron los gastos de representación, con el fin de aplicar la austeridad republicana del Presidente de México.
“Viáticos y boletos de avión, se gastaban al año 40 millones, ahorita no llevamos ni gastados 100 mil pesos en cinco o seis salidas del Estado, se controla eso, ya cancelamos el contrato que está en investigación por conflicto de intereses, no lo vamos a definir nosotros, lo va a definir la Ley. Era una empresa que el secretario de Finanzas era el dueño o la familia, y se compraban todos los boletos de aviones, se compraban los boletos de Congreso, de todos lados; se canceló el contrato de la empresa”, reveló el mandatario.
Se trata de Viajes Perla, empresa denunciada en campaña -pertenece a la esposa del ex titular de la Secretaría de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón- que ha prestado el servicio a muchos sexenios no sólo panistas. Será la “Ley” quien determine el delito.
Todo parece indicar que la austeridad de Víctor Manuel Castro Cosío ha dado inicio, será interesante vigilar la aplicación de recursos y lograr el ahorro desde el inicio de su administración a diciembre: 30 millones de pesos, tal y como lo manifestó.
