El gobernador y el criminal

Imagen: Cortesía
Columnaz viernes, 8 octubre, 2021 8:00 AM

Desde hace un par de años, por lo menos, un hombre irrumpió, de la mano de la II Región Militar, a la escena de la seguridad pública en Baja California. Lo reconocieron como un elemento de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos).

Legitimado como miembro de una corporación norteamericana, lo vendieron como el gran informante, cooperador y parte de operativos para desmantelar acciones criminales de los cárteles de la droga. Lo mismo señalaba la ubicación de un laboratorio clandestino del narcotráfico, que apuntaba la ubicación exacta de donde tenían secuestrada a una persona.

Por supuesto, al ser introducido por representantes del Ejército Mexicano, y validarse con operativos algunos de los datos proporcionados por el hombre, otras corporaciones policiacas, como la Municipal de Tijuana, le abrieron espacios de colaboración. El hombre asistía a aseguramientos, revisiones, operativos de investigación y de captura de criminales.

No pasó mucho tiempo cuando fue descubierto. No pertenecía a la DEA. Había sido informante de esa corporación norteamericana, e identificado como colaborador del Cártel Arellano Félix. En esa misma calidad lo acogió un militar, y así logró infiltrarse en las corporaciones policíacas, ministeriales y de investigación de Baja California.

Exhibido, el hombre se sometió a un “bajo perfil”, algunos altos mandos dejaron de confiar en sus “denuncias” o “delaciones”, pero el sujeto, explica un investigador, no dejó de tocar la puerta gubernamental… hasta que Jaime Bonilla Valdez arribó al gobierno de Baja California. Entonces, lo hizo parte integral de su círculo privado. No aparece en la nómina, no tiene cargo público, pero sí el aval de Bonilla para representarlo con los mandos de seguridad.

Se trata del estadounidense César Eduardo Cortés, señalado por miembros de la Mesa de Seguridad, de aún continuar ligas con el Cártel Arellano Félix y estar criminalmente relacionado en la actualidad con José Roque García “El Roque”, conocido miembro del CAF que ha sido aprehendido en 2004 por la Policía Estatal Preventiva, en 2009 por elementos del Ejército Mexicano y posteriormente liberado.

En 2017, “El Roque” fue nuevamente identificado por delincuentes aprehendidos, como quien se encargaría de restablecer el poderío criminal del Cártel Arellano en Tijuana, en cuya estrategia delincuencial incluía “deshacerse del Semanario ZETA, colocando una bomba o explosivo en las instalaciones del periódico”.

Cinco años después, “El Roque” sigue impune, libre y ligado al CAF… y al “informante de la DEA”, César Eduardo Cortés.

Referido por policías del Estado como un informante del crimen organizado, ahora Cortés presume una cercanía con Jaime Bonilla Valdez, y fue pieza clave para judicializar un caso de asesinato, para investigar al ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz; a su secretario de Seguridad, Alberto Ayón Monsalve; a su secretario de Desarrollo Económico, Arturo Pérez Behr; y al ex jefe de Inteligencia, Geibel Bolaños Guzmán.

El crimen del facebookero Mariano Soto, perpetrado en octubre de 2020, fue el tema que Bonilla tomó para centrar su animadversión contra Arturo González Cruz, e implicarlo públicamente como sospechoso del asesinato, junto a sus tres funcionarios.

Cuentan investigadores a ZETA que mientras el fiscal Guillermo Ruiz Hernández se encontraba atendiéndose en un hospital de Estados Unidos por contagio de COVID-19, e incluso haber sido intubado, César Eduardo Cortés encontró la forma de implicar, definitivamente, a González Cruz y funcionarios municipales en la investigación del asesinato. Localizó a un ex policía de Tijuana, Alfredo Rivas Aispuro, como “testigo de oídas” para declarar que los cuatro señalados planearon el homicidio.

Detallaron a ZETA que el “informante de la DEA”, en realidad miembro del CAF, fue confirmado por Jaime Bonilla como su cercano y conocido “desde hace unos 17 años”. Y en tal posición, se reunió en el conjunto habitacional New City (donde por cierto, reside el gobernador) con el policía Rivas para planear la estrategia. Una vez acordado lo que declararía ante la Fiscalía General del Estado para implicar al ex alcalde, César Cortés se comunicó con el fiscal central Hiram Sánchez para formalizar la denuncia.

Relataron que, ya entrada la noche, a nombre del gobernador, Cortés ordenó a Hiram Sánchez redactar el documento oficial con la declaración del “testigo”, y para ello se dieron cita en las oficinas privadas del fiscal Ruiz Hernández, en la Zona del Río. Ni siquiera llegaron a las instalaciones de la FGE. El tema le era de suma urgencia al gobernador.

Dicho y hecho, en las oficinas de Ruiz Hernández, Rivas presentó su declaración ante el fiscal Hiram Sánchez, e iniciaron el proceso contra el ex alcalde de Tijuana, mismo que utilizaron para, en enero de 2021, amenazar con girarle orden de aprehensión si no dejaba la presidencia municipal y se retiraba.

González Cruz así lo hizo. Cedió ante los ataques del gobernador, la investigación de la FGE con el testigo de oídas y solicitó licencia definitiva. En su lugar, entró a gobernar en calidad de alcaldesa suplente, Karla Ruiz, precisamente hija del fiscal.

Este entramado que se armó en las oficinas privadas de Ruiz Hernández por el fiscal central Hiram Sánchez, por órdenes de César Cortés, a su vez representando al gobernador Bonilla para utilizar a un “testigo de oídas” e implicar a González y sus funcionarios en un asesinato, ya está en el fuero de la Fiscalía General de la República, institución que hace unas semanas atrajo la investigación.

Los “acusados” ya han sido contactados por la FGR, y en documentos oficiales aparece el nombre de César Eduardo Cortés como quien, a nombre del gobernador, orquestó el inicio de la investigación oficial y, a la fecha, sigue representándolo, justificando los “más de 17 años de amistad”.

Lo que llama la atención es que un hombre identificado en la Mesa de Seguridad como “informante de la DEA”, acreditado a un cártel y relacionado con José Roque García “El Roque”, actúe como intermediario del gobernador de Baja California para ordenar a funcionarios de la FGE abrir investigaciones… y que siga impune.

 

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