Con la misma estratagema de detener el reloj legislativo que en anteriores legislaturas, diputados aprobaron la noche del 20 y madrugada del 21 de octubre la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos y la Ley de Derechos 2022, efectuando cambios mínimos respecto a la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Miscelánea Fiscal 2022 -que contó con 274 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones -establece la obligatoriedad para que personas físicas mayores de 18 años tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), independientemente de que tengan o no ingresos.
Si bien, se aprobó una reserva para modificar el párrafo quinto del Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para precisar que no se aplicarán sanciones a los jóvenes de 18 años que no se inscriban al RFC, en opinión del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, el tema de la sanciones no es relevante, dado que la autoridad mantendrá el mecanismo de control, pues la Miscelánea Fiscal condiciona a los jóvenes a tener actividad económica dentro de los próximos cinco años y emitir comprobantes fiscales; de lo contrario, les cancelará su RFC.
“Lo que realmente está haciendo el gobierno es hacer bases ficticias donde no coincide la base de contribuyentes que marca el padrón, que en la actualidad tiene 79.8 millones de contribuyentes, con la Población Económicamente Activa (que puede trabajar), que es de 58.2 millones”, manifestó el especialista, en cuya estimación, hay 2.2 millones de personas morales (empresas).
Otro cambio aprobado por los diputados afines a Morena, radica en que el monto total de deducciones de las organizaciones de la sociedad civil no podrá exceder al 15% de sus ingresos, lo cual podría reducir los donativos que perciben afectando su labor.
La Miscelánea Fiscal 2022 también contempla que los bancos deben reportar mensualmente los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos que reciba un cuentahabiente. Con ello el SAT podrá verificar si existe discrepancia entre el ingreso y el gasto del contribuyente.
Solís Farías consideró que en la Miscelánea Fiscal 2022 hay más riesgos y que se ejercerá mayor presión fiscal contra los contribuyentes, como lo es el que los contadores púbicos tendrán la responsabilidad de denunciar cualquier irregularidad o delito que observen.
“El gobierno está dándose facultades para fiscalizar a cualquier persona, empresa, entidad, sin importar que no sea el contribuyente primario. Eso significa que por el solo hecho de haber participado en un contrato de arrendamiento, la autoridad va a llegar a fiscalizarlo”, advirtió.
En conjunto, estas medidas triplicarán la presión fiscal para que el gobierno aumente su ingreso tributario.
En la sesión maratónica de tres días en San Lázaro, los legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, la Ley de Ingresos 2022 por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, cantidad 8.6% mayor que la avalada para el ejercicio fiscal 2021.
La mitad de ese recurso saldrá de la bolsa de los contribuyentes, al prever una recaudación tributaria de 3.9 billones; 13% superior a la aprobada para 2021. De las 65 reservas presentadas por diversas fracciones políticas, la única que se aprobó fue la de la morenista Patricia Armendáriz, para incluir un artículo transitorio que establezca que los subejercicios de 2021 de las entidades federativas no se devolverán al cierre del año, sino hasta 2022.
La Ley de Ingresos de 2022 proyecta un crecimiento de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), pese a que analistas han señalado que es una cifra optimista. Los legisladores dejaron en 55.1 dólares por barril el precio de la mezcla mexicana, con una producción de 1.8 millones de barriles diarios. El tipo de cambio se estableció en 20.3 pesos y la inflación en 3.4%.
La Ley de Ingresos 2022 también autoriza al Ejecutivo un techo de endeudamiento de hasta 850 mil millones de pesos, así como un endeudamiento externo de 3 mil 800 millones de dólares.
En el caso de la Ley Federal de Derechos -que contó con 270 votos a favor, 212 en contra y ninguna abstención-, recaudará 47 mil 193.5 millones de pesos al establecer incrementos en el costo de pasaportes, apostillamiento, cartas de naturalización, así como en museos y zonas arqueológicas del país. Los tres dictámenes fueron de al Senado para su discusión y aprobación antes del 31 de octubre.
