La donación del edificio que albergaba al Poder Ejecutivo estatal en Tijuana se encuentra parcialmente desmantelado; su donación a la Universidad Autónoma de Baja California es una presunta ilegalidad. Por otra parte, tanto el rector Daniel Valdez Delgadillo, como el gobernador Jaime Bonilla, mantienen en la opacidad el supuesto pago de la deuda y la aplicación de los recursos
A dos meses de iniciadas las obras de remodelación para que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) haga uso del inmueble como centro de estudios, luego de la donación ilegal que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, realizó a dicha institución, el Palacio Blanco se encuentra parcialmente desmantelado.
La decisión del titular del Poder Ejecutivo de transferir el Centro de Gobierno a la Máxima Casa de Estudios por medio de un contrato de donación emitido el 18 de marzo de 2021, se efectuó en completa ilegalidad -aseguran abogados litigantes consultados por ZETA-, ya que dicho inmueble es propiedad del Gobierno Federal.
Conforme a la documentación consultada, el 14 de julio 1978, el entonces Presidente de la República, José López Portillo, emitió un decreto en el cual la manzana donde se encuentra el edificio del Poder Ejecutivo, se transfirió a favor del Estado.
De acuerdo con el Artículo Tercero del decreto, los bienes serán destinados única y exclusivamente para edificar el Centro de Gobierno y, en caso de que el Ejecutivo estatal le dé otro uso, se ejercerá un derecho de reversión y lo devolverá a las propiedades del Gobierno Federal.
Además, el Artículo 113 Constitucional, el cual plantea la supremacía de las normas, establece que los decretos federales están por encima de cualquier decreto y Ley estatal, por lo que es improcedente la dominación.
Lo anterior no fue razón suficiente para que el ex priista Jaime Bonilla Valdez frenara esta acción que, además de ilegal, se ha mantenido en completa opacidad, tanto por parte del Gobierno del Estado, como por la propia UABC.
Ciudadanos y trabajadores del Estado protestaron y expresaron su inconformidad con el cambio de sede del Poder ejecutivo estatal. Las principales oficinas gubernamentales fueron trasladadas a las afueras de la ciudad, sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate, mientras que otras fueron descentralizadas y colocadas en otras plazas y centros comerciales.
El tiempo de traslado para un ciudadano común, de Palacio Municipal al nuevo Centro de Gobierno, es de aproximadamente 40 minutos si no hay tráfico vehicular. Mientras que el gobernador lo hace diariamente en el helicóptero de la extinta Policía Estatal Preventiva, con un tiempo de viaje de no más de cinco minutos.
La inconformidad generada por este cambio de sede y la donación irregular del edificio a la UABC generó que tanto la sociedad civil cómo los burócratas procedieran con recursos legales en contra de esta acción arbitraria de Bonilla. Los amparos promovidos se encuentran judicializados, en espera de su resolución.
Durante distintos recorridos realizados por ZETA se pudieron observar los primeros trabajos de remodelación y construcción en el Palacio Blanco; después, la obra se detuvo por casi quince días, a mitad de septiembre la obra parecía abandonada, hasta que esta semana se reactivaron las labores del personal de construcción.
Los trabajos de remodelación comenzaron hace dos meses y se tiene proyectado que la edificación del tercer piso concluya en al menos tres meses.
El 8 de febrero y posteriormente el 18 de marzo, tanto el gobernador como el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, aseguraron que el Centro Universitario de Educación en Salud estaría listo para septiembre, pero la realidad fue distinta.
En este último mes la obra fue suspendida por el Ayuntamiento de Tijuana por dos semanas. De acuerdo con fuentes consultadas por este Semanario, se debió al incumplimiento de licencias para continuar con la construcción, no así a una irregularidad estructural, pues la Universidad no realizó los trámites pertinentes.
La última semana de septiembre se reactivó la obra a cargo de la firma RJ Ingeniería, SA de CV (RFC: RIN930317724), cuyos socios son Francisco Jiménez Olivares y Jesús Octavio Rincón Vargas, actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción de Tijuana.
Información obtenida por ZETA refiere que la licitación para desempeñar los trabajos de construcción del tercer piso del edificio fue pública y con convocatoria abierta. El presupuesto ganador fue el de RJ Ingeniería, SA de CV por un monto de 60 millones de pesos, de los cuales la UABC apenas ha pagado el 30% (18 millones de pesos), por lo que se pudo corroborar que actualmente se está trabajando en la estructura metálica de lo que sería el tercer nivel del edificio.
Asimismo, se demolieron algunas áreas y se montó la estructura que sostendrá las aulas donde se impartirán clases del tronco común a los alumnos de la Facultad de Medicina de los primeros dos semestres.
Fuentes dentro de la Universidad que solicitaron no revelar sus nombres por miedo a represalias por parte del rector, aseguraron que la obra tiene un avance del 40%; sin embargo, no contempla los otros dos niveles del edificio: la planta baja y el segundo nivel.
De acuerdo con la proyección presentada por la autoridad universitaria el 8 de febrero durante una de las transmisiones de Jaime Bonilla a través de Facebook Live, se calculó que se destinarían 120 millones 855 mil 741.40 pesos a la remodelación y construcción del tercer piso del Centro de Gobierno, a Centro Universitario de Educación en Salud.
De la misma manera, Valdez Delgadillo presentó dos mega proyectos más para la Máxima Casa de Estudios del Estado: la construcción de edificios de aulas, laboratorios y un restaurante para la facultad de Enología y Gastronomía en El Porvenir, en Ensenada.
El costo estimado es de 40 millones 560 mil pesos, más 60 millones 649 mil 883 pesos para el restaurante, pero no hay avances en la obra.
También presentó el proyecto para la construcción del edificio de Artes Plásticas y Escultura para la Facultad de Artes, Campus Mexicali. La inversión presupuestada fue de 45 millones 600 mil pesos, sin embargo, tampoco hay avances.
El argumento tanto del gobernador como del rector de la UABC respecto a la donación del edificio, fue que se abrirían más espacios para ampliar la matrícula de la Facultad de Medicina, lo que resultó una verdad a medias, en otras palabras, una mentira.
Según la autoridad universitaria y el titular del Ejecutivo estatal, se abrieron mil 130 espacios nuevos; para la carrera de Medicina, 340; Enfermería, 160; Odontología, 400; Psicología, 140 y Nutrición, 90. No obstante, lo que se hará es que los estudiantes de nuevo ingreso, de esa facultad, cursen el tronco común en el Centro Universitario de Educación en Salud.
Lo anterior fue corroborado con distintos académicos de la UABC que ya se encuentran impartiendo materias en estas carreras y fueron notificados de la forma en que se trabajará una vez inaugurado el inmueble donado, de manera irregular e ilegal, a la institución educativa.
ZETA buscó al rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo para solicitarle información sobre los pormenores de la obra de remodelación y construcción del tercer nivel del Centro de Gobierno, y una aclaración respecto a las pruebas del presunto pago que realizó el Gobierno del Estado a la UABC, proceso que ha destacado por su opacidad y falta de transparencia; además de conocer con qué recurso económico adquirió una camioneta último modelo, blindada, y de dónde salió el dinero para el pago de su seguridad privada, situación atípica para cualquier rector de universidad. La entrevista se solicitó por medio del Departamento de Comunicación Social de la UABC, sin que hasta el cierre de esta edición, jueves 30 de septiembre, hubiera respuesta.
SCJN DARÁ REVÉS A DONACIÓN DE BONILLA: CARLOS ATILANO
De acuerdo con el coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, tarde o temprano un juez federal echará para atrás la donación del Centro de Gobierno a la UABC, como resultado de los amparos promovidos por el ex candidato a gobernador y el Colegio de Abogados de Tijuana.
“Los amparos continúan en trámite, se han dilatado un poco por la pandemia, por el retraso de las autoridades responsables en rendir informes, pero estamos esperanzados en que finalmente en este año haya una resolución donde se revierta la donación que hizo el Gobierno del Estado a la UABC”, confirmó.
Acorde con Atilano, para realizar esta donación de forma correcta, el decreto presidencial de 1978 se tuvo que modificar desde el Poder Ejecutivo federal para que después pasara a ser propiedad del Gobierno del Estado y entonces donarlo a UABC.
“El camino correcto es que (el Presidente de México, Andrés Manuel) López Obrador modifique los términos del decreto, o solicite al Congreso de la Unión darle un uso diferente al inmueble. También se necesita una declaratoria del Congreso local para que pase de la propiedad del Gobierno del Estado a la propiedad privada y entonces ya disponer de él. Pero como ninguno de estos eventos y formalidades jurídicas se llevaron a cabo, nosotros insistimos en que la donación carece de validez jurídica”, aseguró el abogado.
Para concluir, aludió que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, atienda las peticiones de restablecer el Centro de Gobierno y que los legisladores locales exijan tanto al rector de la UABC como a Jaime Bonilla transparencia respecto a cómo se llevó a cabo el pago de la deuda, en qué términos, de dónde salió el recurso y qué se ha hecho con él.
