El periodista Fredy López Arévalo fue asesinado alrededor de las 20:20 horas, de este jueves 28 de octubre, luego de que un hombre le disparó con un arma de fuego al momento que ingresaba a su domicilio particular, ubicado en la colonia Las Rosas, en el municipio de San Cristóbal, en Chiapas.
Según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre del 2018 hasta el pasado 5 de octubre, habían sido asesinados un total de 47 comunicadores, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas y la mayoría de estos crímenes están impunes. Con el asesinato de López Arévalo, la cifra ascendió a 48 periodistas.
Al lugar donde se perpetró el homicidio del comunicador llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para iniciar las investigaciones, mientras que la Policía Municipal y Estatal llevan a cabo un operativo en busca del presunto asesino, mismo que habría huido a bordo de una motocicleta.
Según lo informó la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, el periodista pretendía ingresar a su domicilio particular, acompañado de su esposa Gabriela “N” y sus hijos, cuando el sujeto se acercó y le disparó con un arma, para luego huir.
López Arévalo -quien había estado en la tarde de este mismo día en Tuxtla Gutiérrez, donde asistió a la celebración del cumpleaños 83 de su madre- fue corresponsal del diario El Universal en Guatemala en la década de los 90’s del Siglo pasado.
En enero de 1994 se trasladó a Chiapas para cubrir los primeros días del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde le tocó entrevistar al mayor “Mario”, quien tenía a su cargo las tropas rebeldes en el municipio de Ocosingo.
También trabajó para la revista Panorama, misma que circulaba en Centroamérica. Además, fue encargado de la oficina de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) en Chiapas, para luego laborar como jefe de información en el diario Novedades, aunque también publicó algunos textos en el semanario Proceso.
Asimismo, el periodista López Arévalo laboró en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y, en la actualidad trabaja en la revista Jovel, así como en el Diario de Chiapas.
“En mi calidad de presidente municipal y a título personal, condeno enérgicamente el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo; ocurrido hace unos momentos. Hago un respetuoso pero enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que se inicien de inmediato las investigaciones correspondientes y se actúe de manera inmediata contra él o los responsables”, indicó el alcalde Mariano Alberto Díaz Ochoa.
MÉXICO, SEXTO LUGAR MUNDIAL DE IMPUNIDAD EN ASESINATOS A PERIODISTAS: CPJ
Este mismo jueves 28 de octubre, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dio a conocer los resultados del ‘Índice de Impunidad Global’ anual -reporte que cubren el período del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto último-, en el que México se mantiene en el sexto lugar por segundo año consecutivo, sólo detrás de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.
IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS CONTRA PERIODISTAS Y ACTIVISTAS, CASI DEL 100%, ALERTA ENCINAS
El pasado 22 de octubre, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), alertó que la “enorme impunidad” en los homicidios cometidos contra activistas y periodistas es de casi el 100 por ciento.
El funcionario federal detalló que el porcentaje de la impunidad en el caso de los asesinatos de activistas es de 99 por ciento, mientras que en el caso de los homicidios de periodistas es del 94 por ciento. Apenas el pasado 5 de octubre, la misma SEGOB había indicado que en el caso de los crímenes contra comunicadores, la impunidad era del 89 por ciento, por lo que esta habría aumentado un 5 por ciento en tan sólo 17 días, según las propias cifras oficiales.
“[Hay que] abatir la enorme impunidad que tenemos a la comisión de estos delitos; entre el 80 y 90 por ciento de las agresiones y la violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos quedan en la impunidad”, señaló Encinas Rodríguez.
“Cuando vemos este porcentaje en los homicidios cometidos es todavía mayor; 99 por ciento de impunidad en los homicidios cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, 94 por ciento de impunidad en los homicidios cometidos contra personas dedicadas al periodismo”, agregó el funcionario federal.
El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB subrayó que no puede continuar dicha situación, por lo que hizo un llamado “firme” a las fiscalías estatales y al Poder Judicial para castigar a los responsables de dichos homicidios.
“Porque podemos seguir enviando estos mensajes de impunidad que en nada ayudan a abatir estos niveles de violencia; hay que castigar sin ninguna limitación y restricción a quienes cometen este tipo de agravios y de violaciones a los derechos humanos en el Estado”, urgió Encinas Rodríguez.
Durante la firma de un convenio de coordinación y cooperación con el Gobierno de Morelos, para la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la entidad, el funcionario federal indicó que este instrumento permitirá articular los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto, para encarar uno de los problemas más graves en dicha materia.
“Lamentablemente, el escenario de violencia que se ha presentado en la última década un poco más de una década en nuestro País, ha puesto en riesgo a un número muy significativo de personas vinculadas al periodismo y a personas defensoras de derechos humanos”, advirtió el subsecretario.
“Y esa es una de las prioridades que el Presidente de la República nos ha mandado atender, porque qué más importante puede haber que dar las garantías a todas las personas no solamente que ejercen el periodismo […] defienden los derechos humanos”, afirmó el funcionario federal.
“Para no solamente atender la situación de riesgo que tenemos identificada con quienes han sufrido algún tipo de agresión, sino que tomemos medidas preventivas para, en primer lugar, atender antes de que se presente la situación de violencia, la situación que enfrentan estos dos sectores de la población”, abundó Encinas Rodríguez.
“Tenemos que construir una nueva cultura que permita reconocer la importancia de estás actividades en el fortalecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad, y tenemos que encarar con mucha firmeza las agresiones y la violencia que se presentan abatiendo la impunidad”, agregó el subsecretario.
“[Es necesario] que puedan ejercer con libertad todas las mexicanas y los mexicanos sus derechos a la manifestación política, sin estigmatización, al acceso a la información y a tener una vida libre de violencia y condiciones dignas de subsistencia”, finalizó el funcionario federal.
ASESINAN A 94 ACTIVISTAS Y 47 PERIODISTAS DURANTE SEXENIO DE AMLO; GOBIERNO SÓLO PROTEGÍA A 6
El pasado 5 de octubre, la SEGOB confirmó que en lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre del 2018 hasta esa fecha, habían sido asesinados un total de 47 comunicadores, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas y la mayoría de estos crímenes están impunes.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que estuvo acompañado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el funcionario federal sostuvo que del total de asesinados, sólo seis estaban en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Del último caso, de Gustavo Sánchez Cabrera, que pertenecía al ámbito periodístico de Oaxaca, nosotros mismo como mecanismo generamos una solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciara una investigación por las posibles omisiones que pudiera haber de cualquier autoridad, tanto del ámbito federal como del ámbito local, que eran quienes estaban implementando las medidas de ese periodista”, dijo Irazoque Palazuelos.
En el caso de los asesinatos de activistas, que sumaban 94 hasta entonces, el funcionario federal detalló, solo se habían dictado sentencia en dos casos, por lo que la impunidad alcanzaba el 99 por ciento, mientras que en los homicidios contra periodistas se ha emitido cinco sentencias, por lo que la impunidad era del 89 por ciento en ese momento.
Según añadió Irazoque Palazuelos, para el primer grupo, el mayor número de asesinatos se había cometido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, en tanto que el segundo, la mayor incidencia se concentra en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
“Desde el mecanismo hay un monitoreo constante de las agresiones que, sin ser homicidios también se cometen, tenemos información que las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la persecución y la desaparición son las agresiones que más proliferan entre las y los periodistas, ya sea por servidores públicos, que tenemos un 40 por ciento de involucramiento en ese rubro; de la delincuencia organizada y también de perfiles no identificados”, afirmó el funcionario federal.
Irazoque Palazuelos comentó que se firmarían convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para generar políticas públicas de prevención contra las agresiones, las amenazas y los riesgos de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
“También intensificar la protección hacia los casos vigentes y a los que se sigan presentando y, por supuesto, generar protocolos estrictos de seguridad que deban atener las personas beneficiarias del mecanismo”, expresó el funcionario federal.
Por su parte, Encinas Rodríguez aseguró que se realizarían las acciones necesarias para mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que, entre éstas, estaba mejorar la coordinación con las autoridades locales, que son las que en primera instancia deben garantizar la seguridad.
“Tenemos que atender el riesgo, el contexto de riesgo que se presenta, en donde la expresión más delicada, por supuesto, es el homicidio o el secuestro, pero, por supuesto, desde las amenazas a las agresiones físicas, al robo de equipo, a la intromisión de los hogares, implica una tarea para enfrentarlo de manera integral. Necesitamos que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad”, enfatizó el subsecretario.
