El Poder Judicial recibió 25 millones de pesos para iniciar la implementación de la justicia laboral en BCS, sin embargo, para el próximo año requerirán de un incremento de 40 millones de pesos en el presupuesto anual para cumplir con la operación de los seis tribunales que abrirán antes de que termine el 2021
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez, informó que dentro de poco el Poder Judicial asumirá la competencia de los conflictos laborales en Baja California Sur, la Junta de Conciliación y Arbitraje desaparecerán para dar inicio con un nuevo esquema de atención a los conflictos obrero-patronales.
Detalló que enfocan el trabajo de los elementos del TSJE en la creación de los tribunales laborales, los cuales deben iniciar operaciones a más tardar este año.
“Desde luego que para la ciudadanía el beneficio es trabajadores-patrones, en el sentido de que los conflictos laborales se resuelvan de una mejor forma, más ágil, más profesional, con mejor tecnología y más eficientes al pasar al Poder Judicial”, dijo.
Calificó este tema como el gran pendiente y reto, ya que la implementación laboral en juzgados requiere de involucramiento del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, debido a reformas pendientes y otras que surgirán con la marcha.
“Digamos que es uno de los grandes retos y temas que tenemos en estos días, lo que es al concluir la administración de Carlos Mendoza, tuvimos el apoyo de recursos tanto estatal como recursos de la federación en esta implementación”, reiteró.
Aclaró que el Poder Judicial de Baja California Sur no absorberá el rezago de asuntos que están en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estas instancias continuarán trabajando hasta que terminen con los casos pendientes, mientras que el TSJE iniciará funciones en “carga cero”.
Los tribunales laborales para funcionar deben operar con un presupuesto adicional para la implementación y operación. Gallo Rodríguez mencionó que recibieron 13 millones de pesos por parte de la Federación y 12 por parte del Estado.
También procederán con la contratación de más personal, ya que se requieren 90 operadores para los seis tribunales que se instalarán en la entidad.
Recordó que este año, al igual que 2020, el Poder Judicial ejerce un presupuesto de 380 millones de pesos. No obstante, asegura que para el 2022 deben recibir un incremento de poco más del 10 por ciento para la implementación de la justicia laboral.
En este sentido, con la entrada del gobierno estatal de Víctor Castro Cosío y la política de la austeridad republicana, el magistrado presidente se dijo dispuesto a trabajar para reducir el gasto del TSJE, pero, recalcó, la realidad es que ya viven en un recorte permanente.
“La austeridad en el Poder Judicial del Estado tiene 10 años, en el Poder Judicial los márgenes de maniobra que tenemos con nuestros presupuestos están prácticamente a tope. Sería muy complicado poder tener reducción en nuestro gasto ordinario corriente, sin embargo, no estamos cerrados”, declaró.
