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Opinionez lunes, 20 septiembre, 2021 12:00 PM

Tanto va el cántaro al agua…

Tanto va el cántaro al agua… que termina por romperse. En algunas versiones se dice “tanto va el cántaro a la fuente, que termina por romperse”. Respecto de tal adagio popular, existen sesudos análisis gramáticos y lingüísticos tratando de averiguar qué es lo que se rompe, si la fuente o el cántaro. Yo digo que es probable que el cántaro, pero lo relevante es que algo se rompe ante alguna suerte de torpeza en la insistencia.

Y ese adagio aplica de manera peculiar al gobernador Bonilla quien, en su obsesión por tomar venganzas o alegando una mejor recaudación por el servicio de agua potable, una y otra vez insiste en desplazarse con un cántaro de ilegalidad y apologías de violación a la Ley. Pero el cántaro ya se le rompió.

El gobernador Jaime Bonilla un día confiesa, lo mismo el haber recaudado más de mil millones extras que difícilmente podrá comprobar su correcto ingreso, egreso o trascendente aplicación; que convoca a ciudadanos pacíficos a consumir en un restaurante específico sin pagar un centavo, alegando que el dicho restaurante no ha pagado derechos de agua. Ello sin mediar un procedimiento legal que determine semejante conclusión. Para rematar y arribar a tales digresiones, el gobernador no respeta garantías mínimas ni el debido procedimiento para sus gobernados.

Y así continua Don Jaime Bonilla Valdez, yendo y viniendo con el cántaro de la ilegalidad. La más grave a mi juicio, y que le puede costar el desafuero ya cuando regrese de Senador, es la clara violación en que incurrió mediante el decreto por él emitido, y publicado el pasado 7 de septiembre de 2021, mediante el cual gozosamente convierte al Gobierno Estatal de Baja California como obligado principal de los financiamientos y obligaciones de largo plazo, que antes estuvieren a cargo de los organismos operadores de agua de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.

La anterior visita a la fuente, siguiendo con la metáfora del cántaro de agua, la hizo Don Jaime apenas mediando días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los transitorios de la reforma a la Ley que regula el servicio de agua potable en Baja California; y con ello se suspendió y metió reversa al infame proceso de transferencia de la función del agua potable a los Municipios, que de manera forzada e irresponsable promovió apenas el pasado 29 de julio de 2021 (y a 3 días de que concluyera la genuflexa legislatura que le acompañó en este terrible bienio).

Es decir, el decreto administrativo de asunción de la deuda de agua, contiene dos enormes violaciones. La primera es el haber trastocado la naturaleza de aval que tenía el Gobierno Estatal en dichos créditos, para convertirse en deudor principal sin autorización del Congreso del Estado.

Implícitamente, no se dio cumplimiento al principio constitucional de que la deuda pública se adquiera solo cuando se trate de inversiones productivas y, sobre todo, también se violó el principio de control congresional que supone precisamente que el Poder Legislativo, revise, evalúe y en su caso modere las consecuencias del endeudamiento público.

Adicionalmente, debe quedar clara también la agresión financiera a las arcas estatales en perjuicio de la siguiente administración, pues no es lo mismo ser responsable ocasional de una falta de pago, razonablemente improbable por parte de organismos que cuentan con flujo de recaudación, que volverse responsable principal de la misma deuda, sin contar con una fuente de pago concreta y propia

En la historia de Baja California han sido contados -si no es que técnicamente inexistentes-los casos en que un acreedor del sistema financiero haya dirigido cobranza en contra del Gobierno Central en su carácter de aval. No obstante, en el caso que nos ocupa, por puritito gusto, sin permiso de nadie y ni siquiera el haber tomado en cuenta a los acreedores, el gobernador rompe el cántaro solito otra vez. Y en mi pueblo dirían: ¡… y le vale!

La segunda violación es, ni más ni menos, a la suspensión decretada por el Ministro Instructor de las controversias y acción de inconstitucionalidad en contra de la forzada transferencia del servicio de agua, hoy por hoy admitidas y en proceso.

El Ministro Instructor -con toda claridad- ordenó la suspensión de los artículos transitorios de la reforma a la Ley con la que Bonilla transfiere la función de agua a los Municipios. En su consecuencia, también detuvo el proceso de transferencia determinando que el servicio debería seguirse prestando desde el Gobierno Estatal.

Pero el Gobernador, sediento permanente por la ilegalidad, continúa avanzando voluntarioso con su cántaro arbitrario y lo vuelve a romper, al emitir un decreto que, entre otras cosas, lo motiva en un considerando quinto en razón del objetivo de materializar la transferencia de los servicios de agua potable a cada municipio. Surge entonces la pregunta sobre qué parte de la suspensión no entendió el gobernador, porque su violación es un delito muy grave.

Y así sigue este Gobierno Estatal en su ocaso, rompiendo el cántaro de la ilegalidad, insistiendo sistemáticamente en violaciones a la Ley, no solo de manera directa, sino en franca apología o promoción de delitos. Veremos qué dice la Suprema Corte al respecto.

 

El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Correo: juanmarcos@jmgutierrezyasociados.mx

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