Diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur cobraron un sueldo mensual de 88 mil pesos; 50 mil en prestaciones de retiro, 79 mil para gastos legislativos, más tres bonos de 100 mil pesos cada uno
En el último registro de la nómina legislativa pública, que data del segundo semestre de 2019, los diputados se aprobaron una dieta muy onerosa para “cumplir” el mandato de la ciudadanía: el de “crear y hacer valer las leyes”, aunque este objetivo no quedó muy claro en la XV Legislatura.
En 2018, los legisladores, en su mayoría de Morena, prometieron “austeridad republicana” al anunciar que sólo percibirían 88 mil pesos mensuales.
“Hay unos bonos que se estuvieron pagando, de 100 mil pesos bimestrales, 100 mil pesos trimestrales, 100 mil pesos al presidente de la Junta de Gobierno, 100 mil pesos al presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, una misma cantidad para el presidente de la Comisión Permanente de la Mesa Directiva. Entonces, en esa parte hay una propuesta que se está revisando por los diputados para eliminarla, de tal suerte que podamos tener un ahorro de 30-35 millones de ahorro al año. Si logramos quitar esos privilegios, todavía tendremos mayor información en términos de ver qué irregularidad habremos de ir encontrado, y en término de cómo van a quedar las percepciones de los diputados”, externó el diputado morenista José María Avilés Castro.
Sin embargo, ya no es un secreto que los diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur se despacharon con la cuchara grande. Además del sueldo, los representantes “populares” cobraron los siguientes conceptos:
88 mil pesos de salario mensual.
50 mil por prestaciones de retiro.
20 mil por combustibles y lubricantes.
70 mil por gastos legislativos.
35 mil de apoyos asistenciales.
Además de 100 mil pesos por cada uno de estos conceptos:
Bono bimestral.
Bono trimestral.
Bono por presidir Comisión.
“Necesitamos mayor información administrativa para empezar a tomar decisiones, porque la revisión no debería hacerse solamente a las percepciones de un diputado, sino a todos los gastos del Congreso, entonces, nos hace falta más información sobre la situación administrativa para ver de qué manera y en cuántos rubros podemos ir haciendo los recortes necesarios, que nos permitan hablar de un ahorro y a dónde debería dirigirse ese ahorro”, anunció Rigoberto Mares.
“Otro de los temas que tenemos que resolver como Poder Legislativo, es precisamente a dónde se iría ese ahorro, algunas propuestas de que sea a la remodelación del edificio, un nuevo edificio, para temas de salud, para temas de impacto en cada uno de los distritos. Estamos todavía en esas definiciones, considero por supuesto que la clase política no debe tener privilegios más allá de los que tiene cualquier ciudadano, sin que esto por supuesto comprometa la operatividad de las y los diputados”, anunció el diputado.
Considerando sólo los bonos bimestrales y trimestral, cada diputado se embolsaba más de 343 mil pesos mensuales, adicional a esto, 100 mil pesos por cada Comisión que preside. Es decir, al año, cada uno de los legisladores costó al arca pública por lo menos 4 millones 156 mil pesos.
Sólo el salario de cada uno es de un millón 056 mil pesos, el resto son bonos y prestaciones y sigue la resistencia por eliminar estos privilegios. Ahora se entiende por qué tanto interés por ocupar una curul en el Congreso de Baja California Sur.
“La reducción del sueldo no se ha platicado, lo que se ha platicado es la reducción de bonos, y lo digo sinceramente: el sueldo de los diputados es de 88 mil pesos, pero lo que los mismos compañeros no ven de una manera correcta, es el derroche en cuestión de bonos, 100 mil pesos mensuales por bonos bimestrales, trimestrales, por presidir la Mesa Directiva, por la Junta de Gobierno, por tener una Comisión, bonos por cruzar la calle… esos sí eran exagerados. Independientemente de eso, hay partidas por las que queremos luchar, como la de asistencia social”, recalcó Christian Agúndez Gómez, diputado por el Partido del Trabajo (PT).
De multiplicar el salario y prestaciones por todos los que conforman la máxima tribuna legislativa, en total son 87 millones 276 mil pesos para satisfacer a los diputados, quienes cobraron por pelear y perder tres valiosos años para la legislación sudcaliforniana.
Sólo en bonos y prestaciones, los diputados nos cuestan 65 millones 094 mil pesos al año, tal sería el ahorro real si se les deja el salario mensual, y la actual Legislatura únicamente está pidiendo reducir esas prestaciones al 50%, sin considerar el bono por presidir Comisiones.
Lamentablemente, no sólo los bonos fueron el botín de la antigua Legislatura. La cédula de boletos de avión, que supuestamente eran para servir de apoyo a los ciudadanos, se convirtió en agencia de viajes familiares con boletos a París, Roma, Berlín, entre otros destinos.
“En boletos de avión se habla de una cantidad, pero no para los legisladores, se habla para apoyo a las personas que lo soliciten. A lo mejor podemos con esa cantidad uno o dos al mes, que una persona nos solicite un apoyo para ir a México a un hospital, no va a ser más, esperemos que a nadie se le antoje tomar vacaciones ni a París, ni a Roma, ni a Berlín, ni a ninguno de esos lugares. Claro, con su propio sueldo y sus propios gastos, cada quien puede hacer lo que quiera, pero no con dinero público”, lanzó Agúndez Gómez.
ATRASADA AUDITORÍA
El 31 de agosto de 2021, tomó protesta la XVI Legislatura, con el compromiso de hacer las cosas bien, sin simular la austeridad republicana encargada desde la Presidencia de la República, pero poco se quiere hacer contra sus antecesores, incluso sus compañeros de campaña.
A casi un mes desde su llegada a una curul, los actuales representantes del pueblo no han revisado la herencia administrativa.
“Vamos a empezar a trabajar, lo que sí hemos visto, es que las condiciones están realmente penosas, el edificio, las condiciones de trabajo de los compañeros no son las mejores, pero después de ahorita de la instalación, vamos a empezar a checar bien las condiciones en cuanto a archivo, a auditorías que se hayan realizado, en cuanto a cualquier otra cuestión que podamos informarle a la ciudadanía. Es lo que necesitamos hacer, obviamente, guiándonos con nuestra Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur”, explicó Christian Agúndez Gómez.
Apenas se analiza si se lleva a cabo una auditoría externa o con el mismo personal, “lo único que podemos asegurar es que habrá sanciones al personal, pero no un juicio político contra quienes se llevaron millones a su bolsa sin mover un solo dedo en favor de la ciudadanía.
Irónicamente fueron filtrados algunos cheques de liquidación de los diputados, hasta millón y medio se llevaron por ocupar en vano una silla legislativa, el trabajo está a la vista de todos y por ello la han denominado la peor Legislatura en la historia hasta el momento”, dijo.
“Vamos un poco retrasados, todavía no tenemos información precisa, detallada, de la revisión de las actas de entrega-recepción, derivado de las actas de entrega-recepción, vamos a tener que ver si con eso es suficiente para hacer un análisis exhaustivo o si vamos a requerir, como lo planteamos en alguna sesión, hacer la auditoría correspondiente”.
Por su parte, el panista Rigoberto Mares advirtió: “Se presume que hay situaciones, cosas que deben esclarecerse, nos falta mucha información al respecto”.
Entre los desfalcos, destaca el presunto foro de movilidad que se organizó para la creación de una Ley de Movilidad, a un costo de 337 mil pesos. El encargado del desfalco fue el ex diputado Rigoberto Murillo Aguilar, el cheque fue cobrado por personal del ex diputado Ramiro Ruiz Flores, entre ellos se echaron la culpa y el recurso nunca llegó a su destinatario. Si bien, el Congreso “demandó” el fraude, nunca hubo un responsable.
“Tenemos entendido, no es que ya se haya realizado, es que no se llevaron los gastos como se tenía contemplado, sin embargo, se va a revisar, el compañero Luis Armando Díaz expuso una iniciativa por parte del Partido del Trabajo, donde se propone una auditoría precisamente a los recursos financieros, materiales y humanos que se llegaron a requerir en la Legislatura pasada”, indicó el petista Agúndez Gómez.
SURGEN IRREGULARIDADES
Son tantas las irregularidades que se encontraron de la XV Legislatura, que los actuales diputados reconocen que, para evitar un boquete gigantesco en el recurso público, recurrirán a una auditoría externa que no esté viciada. Pero también debe analizarse la nómina del Congreso.
Entre las denuncias hechas a ZETA, destaca que la XIV Legislatura cerró con una nómina de 14 millones de pesos, y para culminar su periodo, la XV Legislatura dejó una nómina de 35 millones de pesos. Así lo reconocieron los actuales legisladores poco antes de tomar protesta.
“Este proceso todavía no se ha terminado de revisar, la Junta de Gobierno aprobó la conformación de un equipo para que se encargara de dar una primera revisión general, porque es mundo información, son 12 tomos, más de tres mil páginas, llevamos un tiempo en digitalizarla para que pudiera el equipo tener acceso en un solo libro. Esperamos en el transcurso de la semana tener un primer informe preliminar, en el que nos planteen ellos si hay la necesidad, que yo lo creo, por lo que he estado viendo, de que va a ser necesaria la contratación de una auditoría externa”, adelantó José María Avilés.
Todo parece indicar que se harán de la vista gorda, pues los encargados de inflar la nómina fueron sus compañeros de la alianza Morena-PT, incluso algunos ocupan un puesto de elección popular.
Así lo demostró Enrique Ríos Cruz, diputado por Morena que por voz propia, manifestó que “todo está perfecto” tanto en la revisión administrativa, como en el trabajo legislativo de la anterior Legislatura. “Poco a poquito nos vamos a ir empapando de todo, está pasado anteriormente, y lo que no haya establecido, que no se haya legislado al respecto, lo habremos de hacer”, afirmó.
Respecto a si se hará pública la auditoría a sus antecesores, Christian Agúndez Gómez confirmó que el proceso debe ser público. El único legislador que se ha mostrado congruente es José María Avilés Castro, de Morena, quien denunció desde el inicio se mantiene en que haya una auditoría a fondo del recurso público.
“Es demasiada información, hay demasiadas irregularidades, hubo dos equipos trabajando unas cosas y otros en otra, para ver si efectivamente hay o no hay regularidades. Necesitamos un ejercicio mucho más técnico con un especialista, están en una primera revisión, de acercamiento general”, reconoció Avilés Castro.
En el asunto de la nómina inflada, Agúndez Gómez sólo reconoce la usurpación de funciones y que a algunos trabajadores en conflicto no se les pagó, aunque fueron contratados cuando el Congreso estaba imposibilitado por la demanda interpuesta por el ex gobernador Carlos Mendoza Davis.
“Hay personas a las que no se les pagó por varios meses, no lo hemos checado, pero se habla que suplieron responsabilidades, que usurparon responsabilidades, incluso obviamente se va a verificar completamente todo eso. Eso lo tenemos que registrar, pero de que lo vamos a informar, lo vamos a informar”, subrayó.
A los ex diputados se les pagaba por presidir una Comisión que nadie sabía que existía, como la Corrección y Estilo, la cual es innecesaria, pues cada diputado cuenta con personal capacitado para redactar leyes.
“Solicitamos que se eliminara la Comisión de Corrección de Estilo, que está, y que la han dado y lo digo con todo respeto, porque todo mundo lo sabe, a diputados de oposición, al último que llega, se la dan a quien le cae mal a todos. Creo que eso ya debe dejarse por un lado, aquí los 21 somos legisladores, tenemos responsabilidades como diputados y diputadas, y mucha gente entre nosotros mismos, entre ellos mismos, han tomado esa Comisión como a veces algo denigrante, y sí lo han tomado así. ¿Qué es lo que pensamos? Que ya está por defecto el trabajo de corrección y estilo dentro de una iniciativa, tus propios asesores, tu propia área técnica, los compañeros que ya trabajan en el Congreso se meten en esos temas, precisamente para que puedas presentar un trabajo recto, derechito y decoroso”, manifestó Agúndez Gómez.
VAN POR VERDADERA AUSTERIDAD
Desde siempre las diferentes legislaturas funcionaron sin un plan de trabajo, cada integrante desarrolló sus puntos de acuerdo, iniciativas y demás, por fracción hicieron lo mismo y no revelaron información sobre sus ganancias mensuales.
ZETA evidenció a la XV Legislatura sobre los sueldazos que se estaban despachando los representantes populares, con bonos y excéntricas prestaciones. Fue entonces que la ciudadanía se preguntó: ¿Cuánto gana realmente un diputado? Incluso algunos simularon la retención de los bonos, que al final pidieron “reembolso”.
“Otro asunto que aprobó la Junta de Gobierno fue la creación de un equipo, una metodología y un contenido para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, ya están trabajando, las áreas están haciendo el diagnóstico correspondiente y la Ley nos establece de septiembre a diciembre para construir ese Plan de Desarrollo, que no es únicamente una agenda legislativa; tienen que ver también las áreas de oportunidades de mejora en términos de recursos materiales, financieros, administrativos, y en diciembre tiene que aprobarlo el Pleno, para que a partir de enero, por tres años, sea en la ruta que guíe al Congreso en las tareas prioritarias que va a realizar”, expresó José María Avilés Castro.
Ante el escrutinio de la gente, los diputados aseguran estar totalmente de acuerdo con la eliminación de bonos y prestaciones millonarias. Habrá que esperar a los hechos, pues la anterior Legislatura también lo dijo de dientes para afuera y cobraron.
Aun cuando negaron la información documentada en ZETA, fueron evidenciados por mentir a la sociedad al aparecer los estados y movimientos de la cuenta del Congreso del Estado.
“Estoy totalmente de acuerdo con que se descuenten, ha habido algunos excesos, frivolidades, que son inaceptables. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, ya lo hemos dicho”, comentó Enrique Ríos.
DIPUTADOS “PREOCUPADOS POR LA GENTE”
La resistencia a soltar algunos recursos extras a su salario de los 21 legisladores, se debe a que quieren regresar a sus distritos con apoyos, como si fueran beneficencia pública, posiblemente ya se les olvidó que son los encargados de legislar en favor de los sudcalifornianos y que no pase lo mismo que con sus antecesores, que prefirieron hacer campaña y se olvidaron del trabajo.
O quizá, sea el pretexto ideal para seguir recibiendo recurso adicional a su salario, justificando la “ayuda” a sus distritos, como la anterior Legislatura, que al final recibieron hasta millón y medio de pesos como “ahorro para el retiro”.
“Todos se han levantado diciendo: ‘A la gente de nuestro distrito y de nuestro municipio le debemos esto’ o ‘le debemos lo otro’, y justamente en la sesión privada en la que estábamos, eso es lo que decían: ‘Queremos que la gente le vaya bien, queremos regresar al distrito y poderles presentar proyectos y apoyos que tanto nos han solicitado y requerido’. No podemos quedarnos con la boca callada, fue algo común que se dio entre los 21, estábamos preocupados los 21 por ayudar a la gente”, argumentó el petista Christian Agúndez.
A través de redes sociales, se ha expresado el interés de algunos diputados por la eliminación de bonos y prestaciones, pero sólo mediáticamente, aún no se llega al consenso para determinar la extinción de millonarias prestaciones y así alcanzar la congruencia con el servicio al pueblo.
La propuesta de Agúndez va dirigida a que todo el ahorro del retiro de prestaciones, pueda destinarse para la construcción de un nuevo edificio del Poder Legislativo, ya que el actual cumplió su vida útil, pese a la remodelación aplicada en la anterior administración gubernamental.
“Estamos en pláticas todavía, los que les estoy diciendo, es irresponsable decir ‘yo sí me voy a bajar todo esto y todos los demás también’; yo hablo por mí, no puedo decidir obviamente por las personas y compañeros, porque cada uno tiene su propia responsabilidad, su propia representación, ellos sabrán quiénes digan que no, hasta lo que tenemos entendido, se tiene un acuerdo y el camino va a seguir por ahí. Pero que los bonos, espero que sí lleguen a quitarse, a eliminarse”, puntualizó Christian Agúndez.
Supuestamente habrá revisión y denuncias de carácter penal, pero entre los dichos y los hechos les separa la política, negociaciones y mentiras, por lo cual aún es incierto si todos votarán a favor de la legalidad y una verdadera rendición de cuentas.
