El nuevo fracaso del gobernador Jaime Bonilla ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver
con la acción de inconstitucionalidad promovida por
el Congreso del Estado, sobre la municipalización del
agua. El Ministro Alberto Pérez Dayán, determinó en
su proyecto que “se interrumpan los plazos y
obligaciones previstas en los artículos transitorios del
decreto impugnado y, consecuentemente, el Gobierno
Estatal continúe prestando a los habitantes de los
municipios del Estado los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarilla”
El equipo jurídico del gobernador Jaime Bonilla Valdez, volvió a quedar en ridículo, el pasado 31 de agosto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego que los ministros “frenaran” la transición de los servicios de agua potable -actualmente operados por el Estado- a los municipios, al otorgar la suspensión provisional solicitada en una acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso de hegemonía morenista.
Cabe recordar que a finales del mes de julio, la mayoría de los diputados de la XXIII Legislatura, aprobaron una serie de reformas legales que cedían -sin contemplación a los municipios- la obligación parcial de la operación de los servicios de agua potable.
El acto fue cuestionado por diversos sectores, incluso por la misma gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se manifestó en contra de la decisión y aseguró que se interpondrían recursos legales contra dicha designación.
Antes de terminar la XXIII Legislatura, el 1 de agosto, un total de 12 diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad que obtuvo el expediente 119/2021, en contra del decreto 287, que otorgaba obligaciones parciales del servicio del agua a los municipios.
En cascada, los ayuntamientos de Mexicali, Rosarito y Tecate, presentaron sus respectivas controversias constitucionales ante la Suprema Corte, hecho por el que también se les otorgó la suspensión provisional de los actos.
Todos los recursos legales tenían como argumento las graves omisiones de la Comisión de Energía, encabezada por el diputado Elí Topete -hoy encargado de la comisión de agua de Tijuana-, puesto que no se solicitó la opinión e intervención de los gobiernos municipales para definir los alcances y afectaciones a su administración, con un periodo de cinco días hábiles.
La respuesta emitida en el extracto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se otorgó la suspensión al Congreso del Estado, cuya ponencia fue del Ministro Alberto Pérez Dayán, refiere prácticamente lo mismo que la otorgada a los municipios; la diferencia es que ahora repercute en todos los ayuntamientos y no solo en los que impugnaron la resolución. Prácticamente, frenó en seco la intención de Jaime Bonilla de municipalizar el agua.
El fragmento de la resolución de la Suprema establece lo siguiente:
“Se concede la suspensión solicitada por el diputado representante común de los diversos diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 119/2021, para el efecto que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado, y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelva el fondo del asunto”.
“Dicha medida cautelar surtirá efectos desde el momento en que se notifique la presente resolución, sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Cabe aclarar que lo así determinado, de ningún modo prejuzga sobre el fondo del asunto que será materia de análisis de la sentencia que en su momento dicte este Tribunal Constitucional”.
ZETA tomó la opinión de dos abogados para analizar los alcances de la propia suspensión, y ambos coinciden que prácticamente este tema quedará “congelado” por varios meses, y no podrá avanzarse con los procesos de municipalización.
El abogado Guillermo Rivera consideró que -a reserva de lo que detalle el acuerdo- se suspendería por completo el avance de la municipalización, independientemente si en alguno de los municipios ya inició con el procedimiento de recepción.
Por ello, dicha suspensión trastocaría a Rosarito, Tijuana y Ensenada, que ya iniciaron con este procedimiento.
Por su parte, el abogado municipalista y experto constitucional, Juan Marcos Gutiérrez, aseveró que la suspensión es muy clara, puesto que se suspendería el avance de los artículos transitorios. Además, define que el Estado debe continuar otorgando el servicio de agua potable, lo que cierra cualquier posibilidad de otorgar la facultad a los municipios.
“A reserva de verificar el documento fehaciente, esta medida cautelar guarda congruencia con lo resuelto en las tres controversias constitucionales. La diferencia es que esta acción de inconstitucional le pega al Estado frente a todos los municipios, mientras que la controversia constitucional de Mexicali, Rosarito y Tecate solo tenía efecto para esos Municipios”.
Agregó que sí se buscara dar una interpretación ajena a la intención de la expuesta por los ministros, la situación podría concluir en una sanción penal.
El pasado 25 de agosto, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, estuvo presente en las instalaciones de la Universidad Xochicalco, donde fue entrevistada por el conflicto con el Poder Ejecutivo en torno al tema del agua y comentó que se encontraba en análisis junto a su equipo jurídico para determinar sí podía revertirse la reforma una vez que asumiera el poder.
Ávila Olmeda también se ha manifestado en contra de la empresa Fisamex, encargada de -supuestamente- realizar auditorías para el cobro de adeudos relacionados con los derechos de conexión a empresas, lo cual ha generado una serie de amparos en contra de la disposición estatal, de los cuales varios de ellos ya han sido ganados por particulares.
Dicha empresa funcionaba por medio de la infraestructura de las comisiones de agua y según la hoy ex diputada Eva María Vásquez, la intención de Bonilla Valdez era asegurar el negocio a dicha empresa por medio de los órganos operadores de agua en los municipios.
