Según el Semáforo Delicitivo, en el estado también creció 18% la violencia intrafamiliar. En julio, se denunciaron 20 casos de violación a niños; sólo 7 fueron imputados
“Tenemos un incremento importante en violación y violencia familiar en el año. De violación es un incremento del 32% y de violencia familiar el 22%. 26 estados salieron en rojo en violencia familiar y 24 estados en rojo en violación. Esto es un efecto de la pandemia y el confinamiento, mientras han bajado los robos, ha subido la violación en casa, porque cuando hablamos de violación, la mayor parte de estos delitos se dan en casa y contra menores de edad, cometidos por parientes cercanos o conocidos”, apuntó Santiago Roel Rodríguez, director de Semáforo Delictivo.
Especialistas confirmaron que este delito se comete perjudicando a víctimas menores de edad, los infractores son familiares o personas cercanas a la familia que abusan de la confianza.
Oficialmente, en julio se registraron 20 casos de abuso sexual; especialistas refieren que gran parte fue cometida por personas cercanas a la víctima; la mayoría en contra de menores de edad.
Pero si se compara la cantidad de personas que fueron detenidas y vinculadas a proceso por este crimen los hechos registrados en julio y los llevados ante la Ley en dicho mes, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó una efectividad de 7 imputados vinculados a proceso, es decir, 35% de las violaciones son sancionadas al mes. De los 7 imputados en la cárcel, dos fueron violaciones consumadas en 2019, tres en 2020 y dos sin conformación de fecha, pero atrasadas.
Aún así, la autoridad celebró que la PGJE sigue haciendo valer la Ley, llevando a los imputados ante la justicia y aplicando sanciones a los infractores, sobre dijo Manuel Romero Montaño, titular de la Subprocuraduría Regional Zona Norte, que informó de la obtención de 23 sentencias condenatorias, la judicialización de 216 carpetas de investigación y 76 vinculaciones a proceso.
“Ocho de las sentencias condenatorias se lograron en juicios orales, por delitos como homicidio calificado, violación agravada, abuso sexual, violencia familiar, robo agravado empleando violencia e incumplimiento de la obligación alimentaria. Destaca la sentencia obtenida de 45 años de prisión en contra de Pablo Alfonso N, encontrado culpable de tres cargos de violación en agravio de una menor”, afirmó Romero Montaño.
El pasado 13 de julio, Pablo Alfonso “N” recibió una condena ejemplar de 45 años de prisión por tres delitos de violación agravada en contra de una menor de edad, los hechos lamentables iniciaron en 2019, quedando como registro los siguientes días:
– 22 de noviembre de 2019
– 08 de febrero de 2019
– 09 de junio de 2020.
El juicio oral se desarrolló en el Centro de Justicia de Loreto, allí fueron aportadas las pruebas suficientes que demostraron que Pablo Alfonso cometió las violaciones contra la menor en un domicilio de la colonia Centro del municipio de La Paz.
La asociación civil indicó que es vital que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto con medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones, para reducir el número de hechos registrados y los puntos rojos.
MENORES: BLANCO DE AGRESORES SEXUALES
El regreso a clases presencial no sólo podría ser una mejoría en el aprendizaje de los pequeños de casa, es claro que estarán expuestos ante la pandemia por el coronavirus (COVID-19), pero es muy posible que se reduzcan riesgos como la violación.
Reconocen especialistas de Semáforo Delictivo que una de las principales razones que ha aumentado los delitos de violación y violencia familiar es el confinamiento, además de la falta de supervisión de los padres y la falta de comunicación.
“Ésta es la violación que se ha incrementado, el estar confinados, el estar los niños en casa se les ha incrementado el riesgo de violaciones; quien las comete finalmente, el padre, padrastro o el tío, generalmente las víctimas son niños o niñas antes de la pubertad o mujeres adolescentes en la pubertad, son las principales víctimas, esa violación que se dan en casa es muy grave, porque son daños de por vida”, indicó Roel Rodríguez.
Según Semáforo Delictivo, los padres deben estar muy atentos ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse, no sólo se trata de vigilar a sus hijos, sino que mantengan una comunicación constante, para que en cualquier momento puedan identificar algún cambio de conducta.
Señalan que no se necesita ser especialista para notar cambios en el comportamiento, estados de ánimo o cualquier señal. Es importante brindarles la confianza para que sientan esa necesidad de abrirse con sus padres.
“Hay que estar muy atentos al lenguaje corporal de los niños y no confiar nuestros hijos a nadie. Hay dos maneras de saber cuando un pequeño es abusado: a veces no platican los niños, pero se comunican a través de su lenguaje corporal; y dos, cuando te dicen algo hay que creerles”, explicó Santiago Roel.
Hay que recordar que su capacidad de razonamiento a veces no les permite definir que es bueno y que es malo, y es ahí donde se aprovechan los agresores sexuales.
ESCUELAS NO SEGURAS
Aunque la información “pública” no revela cifras oficiales a simple vista sobre violaciones en contra de los menores de edad, a través de una solicitud de información se pudo acceder a algunas carpetas de investigación por casos de abuso sexual en las escuelas, cifras registradas hasta el 2019.
En tres años (2017, 2018 y 2019) hubo registro de 11 estudiantes que fueron víctimas de depravados sexuales que estaban como personal académico; las menores agredidas oscilan entre los 6 y 11 años, todas las víctimas de primaria.
En 2017, se registraron cuatro presuntas víctimas de violación y se abrieron dos carpetas de investigación; una de ellas resultó en fallo absolutorio para el agresor que era el maestro de inglés de la Escuela Frida Khalo; la otra investigación se archivó en contra del maestro de educación física de la primaria José Green Álvarez.
En 2018, dos menores de 11 años denunicaron por el delito de abuso sexual a su profesor de sexto grado de la escuela Abraham Castellanos; uno de los casos se fue al archivo y la otra, en investigación.
Para el 2019, se abrieron cinco carpetas de investigación por abuso sexual, también en la Abraham Castellanos contra el maestro de sexto grado; la menor de 11 años declaró y convenció a las autoridades de investigar; en la primaria Luis Rodríguez Chávez tres menores (dos de ocho años y una de trece) denunciaron al profesor de inglés; las tres investigaciones fueron tramitadas.
La última investigación y la única que se obtuvo sentencia condenatoria, fue la ocurrida el 19 de septiembre del 2019 en la primaria Revolución de 1910; el maestro de la menor de ocho años fue condenado por abuso sexual.
Sin embargo, es preocupante que la Unidad de Fiscalización y Supervisión Interna de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoce nueve carpetas de investigación o “asuntos internos” más.
De 2015 al 2020, registran nueve casos de estudiantes violentados; en 2015, a una menor de seis años; 2017, tres casos, en dos menores de 14 y 15 años y otra estudiante de 33 años; en 2018, un caso contra menor de 13 años; 2019 un caso en joven de 30 años; para el 2020 hubo tres denuncias de estudiantes de 15 a 19 años.
Según la Unidad de Fiscalización y Supervisión Interna de la SEP, Las quejas se derivaron de la siguiente manera:
2015.- El docente involucrado se retiró “frente a grupo”
2017.- Se abrió la investigación pertinente y no se encontró responsabilidad administrativa; sin embargo, se hicieron recomendaciones al docente involucrado, ya que su comportamiento no era adecuado con las alumnas, pero no se estableció una responsabilidad administrativa.
2019.- Se hicieron recomendaciones al respecto, exhortando al docente, pero no se encontró responsabilidad administrativa.
2020.- Se encuentra en proceso de investigación. Estos procedimientos se han alentado por la situación de salud que estamos atravesando con el coronavirus. Siguen los procedimientos de investigación.
La Unidad aclara que “éstos son los casos que exclusivamente se han reportado a esa Unidad de Fiscalización y Supervisión Interna, hay otras áreas que también reciben quejas, como son Escuela Segura, Convivencia Escolar, por lo tanto no engloba a la Secretaría de Educación.
MENORES DESAMPARADOS
Estamos en el siglo XXI y aún no existe en Baja California Sur un marco normativo que verdaderamente atiendan a la niñez sudcaliforniana, que proteja sus derechos y castigue a quienes abusan de ellos.
Reconoce el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito que las condiciones generadas por la pandemia han expuesto gradualmente a los pequeños de casa a depredadores sexuales, y en muchos de los casos siguen impunes.
“No existe un organismo público encargado de la protección del menor, y esto se nota mucho en Baja California Sur, donde es el delito de mayor incidencia con pretexto de la pandemia, es el de abuso al menor, abuso físico, abuso sexual y abuso psicoemocional; es el delito que más está lacerando, el que más está generando, que se da en la desesperación familiar provocada por el aislamiento y la mala situación económica. Creo que tenemos que retar a nuestro actual Congreso, que no se dedique a pelear con el gobernador como la anterior legislatura, y sí se pongan a trabajar”, informó Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Hace falta un marco normativo. La XV Legislatura fue la peor en la historia del estado, se dejó de trabajar en la creación de leyes por llevar un pleito estéril interno y contra el gobernador del estado.
Es momento que la legislatura entrante ponga su granito de arena y trabaje por el bien de quienes los llevamos a la máxima tribuna legislativa, es momento que vean las necesidades del estado y comiencen con la armonización de leyes y protección a los menores.
“Básicamente la legislación necesita una armonización. Ha habido en los últimos 20 años muchas modificaciones a nivel internacional en el esquema de protección a la niñez, sin embargo, el marco legal mexicano, y en particular el sudcaliforniano, no se ha adecuado y menos se ha armonizado. En Baja California Sur no hay una sincronización funcional entre el Código Civil, Ley General de Víctimas, Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Código Penal. Es un pendiente que tenemos ya desde hace más de 10 años”, lamentó Rubio Ruiz.
Algo que sigue estando en las necesidades de las víctimas del delito, no sólo de mujeres violentadas, sino también de los pequeños, es la falta de atención integral a los afectados, no hay atención integral de los afectados, se continúa con la simulación en lo que se refiere a la protección de víctimas del delito.
Las instituciones justifican la falta de recursos para desarrollar verdaderas estrategias de atención, es por ello que urge un Congreso a la altura de los sudcalifornianos. La esperanza está centrada en la XVI Legislatura, en personas nuevas y con otra visión del servicio público.
“Habría que pedirle al Congreso que se creara un órgano interinstitucional o, por lo menos, un programa o una comisión, donde autoridades de educación, protección a la salud, prevención del delito, se reunieran y formaran un esquema de trabajo, porque ni siquiera hay protocolos de atención al menor. Cuando se viola a un menor y acude ante la instancia de la Procuraduría, lo único que hace la psicóloga de ahí, como si fueran peritos, te dicen esta víctima requiere 12 sesiones de terapia y cada terapia cuesta 500 pesos. Entonces, si el presunto violador paga 12 sesiones de 500 pesos ya reparó el daño, 6 mil pesos y una criatura que fue afectada para el resto de su vida, se atienda o no, ya quedó impune el pago integral de reparación del daño”, lanzó el representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
CIFRA NEGRA VIGENTE
“Se le conoce como cifra negra a los delitos que no se denuncian por diferentes razones. En el municipio de La Paz, la cifra negra es de 85.4%. En BCS la cifra negra es de 87.3%; en México es de 93.2%”, reconoce el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz.
En muchas ocasiones, la víctima no denuncia porque le perdió la fe a la institución pública encargada de procurar justicia, el tiempo de espera o porque creen que de nada sirve denunciar, si después de un rato el presunto delincuente será puesto en libertad. Y es muy cierto, es por ello que la cifra negra se sigue manifestando en Baja California Sur, a nivel estatal 87 de cada 100 delitos no se denuncian, es una cifra muy importante, pero no todo está perdido.
Frida Salgado Estrada, directora del Centro de Justicia para la Mujer informó que no sólo se trata de atender las denuncias, también es importante la atención integral de las víctimas del delito, por ello confirmó que el Centro “atendió a 931 personas con servicios especializados, integrales e interinstitucionales, a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años”.
Las víctimas -mujeres, niños y niñas-, reciben un trato especializado para sobrellevar la crisis, pero también para salir adelante.
“Diseñan un plan de intervención que le permita afrontar la violencia y construir un proyecto personal para su empoderamiento. Para garantizar a las víctimas de violencia familiar y de género, su derecho a una vida libre de violencia, se cuenta con la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y Contra la Familia, asesoría Jurídica, Psicología, Lúdica, Médica, Medidas de Protección y Empoderamiento y servicio de Trabajo Social”, explicó la especialista.
Para el Semáforo Delictivo es importante que las instituciones busquen alternativas de atención a las víctimas del delito, pero que también se busquen programas de prevención de conductas antisociales, ya que afectan gravemente a la sociedad.
Santiago Roel enlistó cada uno de los delitos de preocupación y su crecimiento en este 2021 para Baja California Sur, que mucho ha tenido que ver la pandemia.
“El homicidio es igual que el año pasado, no ha tenido incremento; secuestro: se ha habido un incremento; febrero y marzo son los meses más complicados, suman 4 secuestros en lo que va del año; el año pasado no hubo secuestros reportados. La extorsión tuvo una reducción del 11%; narcomenudeo: un incremento ligero del 3%; robo de vehículo: reducción del 23%; el robo a casa: una reducción del 12%; el robo a negocio que está en rojo en este mes, pero tiene una reducción del 22%; lesiones dolosas: incremento del 5%; violación incrementó el 16%; violencia familiar: un incremento del 18%; y feminicidio tiene un incremento, ya que a estas fechas el año pasado sólo tenían dos y ya tienen 4 ahorita”, finalizó Roel Rodríguez.
