Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió, este miércoles 29 de septiembre, a un grupo representativo de ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR), por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.
A través de un comunicado, la SCJN detalló que el ministro presidente escuchó las inquietudes de científicos y ex funcionarios, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) seguirá actuando con independencia e imparcialidad en su proceso.
“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, destacó la SCJN.
El Ministro Presidente @ArturoZaldivarL recibió a un grupo representativo de los académicos -exfuncionarios del CONACYT y exintegrantes del FCCYT- denunciados por uso indebido de recursos públicos; les reiteró que el PJF seguirá actuando con independencia e imparcialidad pic.twitter.com/0cc3EWSEN5
— Suprema Corte (@SCJN) September 29, 2021
Este mismo miércoles 29 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de nueva cuenta a la denuncia de la FGR contra 31 investigadores y ex funcionarios del CONACYT y del FCCyT, además de que aseguró que no debe haber preocupaciones, porque sólo se busca ir “contra la corrupción”.
“Un investigador del CONACYT no tiene que preocuparse, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción […] porque es lo que más ha dañado […] Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, dígalo en lo que tarde parado en un solo pie, la corrupción, el segundo problema de México, la corrupción, el tercero, la corrupción”, dijo el mandatario nacional.
Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, aseguró, este mismo miércoles 29 de septiembre, que los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., presionaron para obtener 33 millones de pesos del CONACYT durante la presente Administración.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el funcionario federal sostuvo que dicha asociación civil consiguió 16 millones de pesos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, Ramírez Cuevas deslindó a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, de las pesquisas iniciadas por la FGR en contra de 31 investigadores, académicos y ex funcionarios del Consejo.
“El Foro Consultivo gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, el Gobierno federal cambió las reglas de financiamiento; el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del CONACYT, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos, adjudicados desde la Administración de Enrique Peña Nieto”, tuiteó Ramírez Cuevas.
Según el Vocero, el Gobierno del presidente López Obrador no persigue a los científicos, pero tampoco encubre irregularidades. Además, el funcionario federal recordó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002 y después se reformó la Ley Orgánica de CONACYT para incluirlo en la estructura.
“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de CONACYT; su directora no tiene causa legal en contra. El Gobierno no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, expresó el vocero.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002, después se reformó la Ley Orgánica de @Conacyt_MX para incluirlo. Durante 16 años recibió 571 mdp, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de Ciencia y Tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos.Abro hilo
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 29, 2021
FGR INSISTIRÁ EN CONSEGUIR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció, lue después de que Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, negó las órdenes de aprehensión que solicitó contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por “delitos patrimoniales en contra del erario público”, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el CONACYT al FCCyT, las solicitará de nueva cuenta.
“[…] después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud [de orden de aprehensión] cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso”, indicó la FGR a través de un comunicado.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”, detalló la Fiscalía.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”, insistió la FGR.
“[…] y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, dijo la Fiscalía, en su comunicado.
“Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, agregó la FGR.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”, dijo la Fiscalía.
“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, finalizó la Fiscalía General de la República.
#FGRInforma: Posicionamiento sobre la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (@Conacyt_MX).
➡️ https://t.co/coE1Bb5ct8 pic.twitter.com/LC516QvMbK
— FGR México (@FGRMexico) September 23, 2021
JUEZ NIEGA EN DEFINITIVA GIRAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó el pasado 22 de septiembre, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el CONACYT al FCCyT.
El juez federal consideró que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados, es decir que no existe la tipicidad del delito. La FGR busca imputar a científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del FCCyT, supuestamente recibieron ilegalmente 50 mdp por parte del CONACYT durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“La FGR [cuyo titular es Alejandro Gertz Manero] puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una tarjeta informativa, citada por diarios nacionales.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado -siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJ] resolvió que el CONACYT si podía entregar recursos al foro- la FGR solicitó a Salazar Hernández, las órdenes de captura, pero el juez federal las negó, por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
Luego, el 21 de septiembre, la Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 científicos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, en la que coincidió con la denunciante, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del CONCAYT, en que fue ilegal que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces encabezado por Enrique Cabrero Mendoza, transfiriera recursos a una asociación civil como el FCCyT.
Sin embargo, el diario Reforma señaló que aunque la FGR imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales, el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
AMLO CONFIRMA IMPUTACIÓN CONTRA LOS CIENTIFICOS
Ese mismo 22 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó sobre el tema que “el que nada debe, nada teme”, y que tenía entendido que sí existía una investigación en curso por supuestos malos manejos en el CONACYT.
“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el CONACYT. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo. No tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo”, señaló el mandatario nacional.
“Nosotros tenemos que acabar con la corrupción. Nada de, cómo se llama lo que se investigó del sexenio pasado, la ‘Estafa Maestra’, universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero. Rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española. Ya no, no debe de haber impunidad para nadie”, señaló el político tabasqueño.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL
En su primera sentencia, Salazar Hernández estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juez federal señaló que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro [Consultivo, Científico y Tecnológico], en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”, abundó el juez de control, en una tarjeta informativa.
Por último, Salazar Hernández indicó que en las demás acusaciones penales -uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR, por lo que se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
LOS IMPUTADOS POR LA FGR
La lista de imputados contra quienes se pidió la orden de aprehensión la encabezan el ex director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza; así como los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López; y el ex Oficial Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, y, Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, y, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Asimismo, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, y, Francisco Salvador Mora Gallegos.
El pasado 8 de septiembre, Cabrero Mendoza fue nombrado por unanimidad miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de su carrera fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM).
Por otra parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, fue coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a partir de 2019. Anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT.
Tagüeña Parga está nominada al premio Kalinga de Divulgación Científica, que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford y física por la UNAM, además, por su labor científica es investigadora nivel III del SNI.
