Esta semana, en una gira por Ensenada, el gobernador Jaime Bonilla Valdez utilizó de nueva cuenta su tribuna para hostigar a un comercio y hacer apología del delito. Se trata del restaurante Casa Magnolia. En un acto público, expresó a sus seguidores: “…y luego, ahí está un restaurant aquí muy conocido, que ustedes lo deben de conocer, se llama Magnolias. ¿Lo conocen? No paga el agua. Entonces, cuando vayan ustedes a consumir, pues no paguen la cuenta, ¿no? Y le dicen: ‘Así como tú no pagas el agua y nos la cobran a nosotros, ahora tú paga mi cuenta. ¿Se vale? Y luego se enojan, ‘Bonilla nomás anda calentando a la gente’. Yo nomás digo la verdad, lo que pasa es que todo lo ocultaban, ¿no?, se acabó, los tiempos cambiaron y los gobiernos tienen que cambiar, y si no, van pa’fuera…”. Por supuesto, como su publico es a modo, le recibieron la propuesta delinquir, de consumir y no pagar por ello, con aplausos. La acción que el gobernador propone a los ciudadanos, de comer y no pagar, es un delito punible. Se trata de fraude y su actitud cae en la apología del delito. Pero el encono de Bonilla contra Casa Magnolias no es gratuito. De hecho, el esposo de la propietaria, el abogado Jesús Ayala, fue incluso representante legal de Jaime Bonilla Valdez en Ensenada, en sus asuntos personales. Pero ¿qué pasó que despertó la furia pública del gobernador? Resulta que, durante la campaña de 2021, el señor Ayala levantó la mano y apoyó, en las instalaciones del restaurante, a la candidata a la alcaldía de Ensenada de Fuerza por México, Carmen Salazar, con lo que dio la señal que no apoyaría al delfín de Bonilla, el alcalde Armando Ayala Robles. Este solo hecho de convicción política y personal, fue suficiente para que el mandatario estatal borrara de entre su círculo a Jesús Ayala, su esposa y su restaurante Casa Magnolia, a quienes ahora hostiga y llama a la ciudadania a acudir a comer en el lugar y no pagar la cuenta. Cualquier abogado podría representar a los Ayala, al restaurante y buscar alguna sansión para el gobernador que arenga, literalmente, a cometer un delito. Así el gobierno de Morena en Baja California.
Publicidad
