El diputado de la XXIV Legislatura de Baja California Juan Manuel Molina García se pronunció en contra de que el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Luis Salomón Faz Apodaca, haya propuesto un aumento a la tarifa por el servicio de agua potable.
Señaló que el 13 de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión ante la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, con motivo de la glosa por el Segundo Informe de gobierno, Faz Apodaca y colaboradores presentes en el acto indicaron que para prestar un mejor servicio tenía que aumentarse la tarifa por el suministro del vital líquido.
Molina García, quien preside la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se dijo preocupado de esa tentativa, además de cuestionar la presencia de quienes fueron designados para dirigir los organismos operadores del agua en municipios de BC, cuando por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la transferencia de los organismos a los Ayuntamientos está suspendida.
“Yo en lo personal no estoy de acuerdo, hablaron de costos políticos y que se tienen que asumir costos políticos, yo no voy a hablar de costos políticos, yo lo único que puedo estar cierto es que hay gente que, el usuario doméstico que no lo podemos ver afectado”, refirió a ZETA el legislador de Morena.
Reconoció que hay gente “que no estaba pagando el agua, que se la estaba robando”, de ahí que se dijera anuente a proceder en consecuencia. “Yo estoy de acuerdo y por eso aprobamos varias reformas en ese sentido, estoy de acuerdo de que si un servicio doméstico se está utilizando como servicio comercial, se tiene que actualizar esos padrones”.
Recalcó que en tal caso es preciso “hacer las visitas de campo” y expuso que para tales efectos, el gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, “tiene contratada hasta una empresa (Fisamex)”.
Insistió que al usuario “de las comunidades más necesitadas” no se le debe perjudicar con un aumento tarifario. “No le puedes decir, no, es que no hay bronca, son 60 pesos de agua, 70, hay gente que no tiene ni 60 ni 70 pesos en la bolsa y el servicio público del agua es un derecho humano”, manifestó.
Según indicó, para él sería un motivo de preocupación “que el proceso de municipalización tuviera eso como fin principal, el incremento de las tarifas, que afectaran a los usuarios de servicios domésticos”.
Molina García, asentó que finalmente cualquier ajuste que se llegue a plantear “va a ser de un análisis muy serio” en la XXIV Legislatura; “porque al final de cuentas, todas esas (propuestas) pasan por el Congreso del Estado”, remató. (Eduardo Andrade Uribe)
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