Tras el asesinato de su pareja en abril de 2020, la viuda de Hiram Rivera no ha dejado de recibir amenazas de muerte por parte del grupo delictivo “Los Venados”. La Fiscalía General del Estado le ha dotado de seguridad personal y pagó el seguro a la familia; asimismo lamenta “no poder hacer más” para devolverle la tranquilidad
Delia, viuda del agente Hiram Rivera Lizárraga, Ministerio Público de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), asesinado a tiros el 28 de abril de 2020 por integrantes de la banda delictiva “Los Venados”, se encuentra fuera del país.
La mujer también trabaja para la FGE, donde conoció al entonces elemento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, tras el atentado, recibió amenazas de muerte.
El fiscal central Hiram Sánchez Zamora ordenó dotar de custodia a la viuda y empleada de la corporación tras el homicidio del esposo, pero ha sido insuficiente para cesar las amenazas que recibe vía mensaje y por teléfono celular.
La autoridad estatal se ha declarado incompetente para otorgar tranquilidad a la familia, por lo cual partió hacia Estados Unidos, donde espera recibir asilo por parte de la policía de ese país.
Además, luego de un año y cuatro meses, no ha recibido la liquidación correspondiente por el fallecimiento de su esposo.
Si bien, después del ataque ella recibió un ascenso laboral y de auxiliar de Ministerio Público pasó a Ministerio Público titular, con ingresos de 33 mil 500 mensuales, Delia no puede gozar de ese beneficio ante la inseguridad.
Mientras en tribunales sus abogados pelean por una pensión por viudez y orfandad, a la cual aseguran tiene derecho debido a las condiciones en que ocurrió el crimen de su marido y no se tienen indicios de que la familia haya tenido nexos con el crimen organizado, los dos hermanos de Rivera Lizárraga fueron beneficiarios del seguro de vida.
Bajo esas condiciones de austeridad, aunado a que un juez federal otorgó la libertad a uno de los dos implicados en el asesinato, Delia decidió salir del país. La fiscalía insiste en que Salvador Villavicencio ha sido el único capturado.
Hiram Rivera Lizárraga tenía 15 años trabajando para la ahora Fiscalía General del Estado, primero en Tijuana y después fue trasladado a Ensenada en busca de una mejor oportunidad. Al poco tiempo de llegar al puerto recibió su ascenso y contrajo matrimonio con una compañera de la corporación. Se le asignó al área de Narcomenudeo en Isla de Cedros, donde realizó varios cateos y se enfrentó solo contra el grupo delictivo “Los Venados”, célula del Cártel de Sinaloa que mantienen el control en la zona.
“HEMOS BUSCADO SU BIENESTAR”: RUIZ HERNÁNDEZ
El Gobierno del Estado es responsable de cubrir el adeudo de liquidación a la viuda de Hiram Rivera, aclaró el fiscal general, Guillermo Ruiz Hernández.
“Es importante que haga conciencia de que hemos tratado de apoyarla con lo que ha estado en nuestras manos. Su servidor siempre ha buscado el bienestar de todos los que trabajan con nosotros”, sostuvo en entrevista.
Cuando ocurrió la tragedia, dijo, la señora se quedó en el desamparo, por eso, de auxiliar de Ministerio Público, “donde ganaba cualquier cosa, le dimos un ascenso al Ministerio Público con el doble de sueldo; ahora gana 33 mil 500 pesos”.
Otra ventaja, agregó el fiscal en compañía del oficial mayor de la FGE, José Antonio Ramírez Gómez, es que Delia goza de una incapacidad de 165 días tras la muerte de su pareja. No obstante, el tiempo se está agotando y debe regresar al trabajo, pues vencerá el plazo y no le podrán renovar la licencia.
Otra recompensa considerada por Ruiz Hernández, es la posibilidad de ofrecer a la viuda un cambio de plaza a otro municipio, como Tijuana o Mexicali, “donde ella se sienta más segura, la ascendí, le di oportunidad de resolver sus problemas familiares -con incapacidad-, pero tiene que presentarse ya”, urgió.
El 12 de marzo de 2020, la FGE pagó un plan múltiple de beneficios o seguro de vida por 744 mil 375.50 pesos a los hermanos del fallecido, de nombres Lorena y Norberto Rivera Lizárraga. Respecto a otorgar una pensión por viudez u orfandad como lo solicitan los abogados de Delia, el oficial mayor Ramírez Gómez respondió que antes existía una pensión humanitaria, discrecional, y se entregaba mientras llegaba el periodo de jubilación, pero desapareció.
Para finalizar, el fiscal Guillermo Ruiz habló de cómo en su administración a los agentes “les ha cambiado la vida” por los beneficios económicos recibidos en materia laboral en los últimos dos años.
HOMICIDIO SIN RESOLVER
Hiram Rivera Lizárraga fue asesinado a balazos la tarde del 28 de abril de 2020 dentro de su automóvil, el cual se encontraba estacionado en su domicilio, en Calle Verona de la colonia Villas del Real 1.
Los atacantes circulaban en un Honda Element color gris y en cierto momento uno de los sicarios emparejó las unidades ventana a ventana, en tanto que otro abrió fuego en contra de su objetivo.
Del lado del copiloto estaba sentada Delia, quien, al momento de escuchar las detonaciones, se abalanzó hacia la parte trasera del vehículo, donde iba el hijo menor, para esquivar los siete impactos de bala.
Las imágenes del atentado están grabadas en un video que circuló en redes sociales.
De los dos sicarios que participaron, uno fue liberado tras un juicio abreviado y está identificado como Arley Jesús Aguilar Salgado, apodado “El Marcos”. Fue arrestado en junio de 2020 por su presunta participación en el homicidio. Al momento de su detención, portaba un arma corta y dos libras de la droga conocida como cristal.
De acuerdo con el informe emitido por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), “El Marcos” se desempeñaba como presunto líder de sicarios del grupo criminal “Los Venados”.
El otro supuesto agresor, quien no ha sido sentenciado, es Jesús Salvador Villavicencio Meza, alias “El Rayder” y/o “El Pescador”, integrante de la banda de narcotraficantes y sicarios al servicio de René Arzate García, cabecilla del Cártel de Sinaloa.
La zona de operación de esta célula criminal se encuentra al Sur de la ciudad, en Villas del Real, ex Ejido Chapultepec y Punta Banda, así como en Isla de Cedros, con la venta y trasiego de drogas, como también tráfico de la planta siempreviva.
El martes 23 de junio de 2020, la GESI concretó la orden de aprehensión en contra de “El Rayder” como autor material del asesinato de Hiram Rivera y fue identificado públicamente como generador de violencia.
En distintas ocasiones había sido detenido, investigado y liberado por el delito de lesiones. Además, se le arrestó por el delito de homicidio en grado de tentativa, y en dos ocasiones por posesión de droga en marzo de 2017.
Entre el 15 y 16 de febrero de 2020, “El Rayder” y sus hermanos, Germán y César Ulises Villavicencio, reaccionaron ante los cateos realizados en Isla de Cedros por agentes de Narcomenudeo de la FGE, previos a las Jornadas por la Paz instauradas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Amenazaron con quemar la traila que utilizan los agentes de la FGE como oficina y matarlos. Los elementos amenazados fueron extraídos de la isla y enviados a descansar, pero el 28 de abril abatieron a Rivera.
Casi un mes después, el 22 de mayo, acribillaron a Manuel Avendaño Rojas, agente adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención al Narcomenudeo en Ensenada. El hecho se registró afuera del domicilio de su familia, en Calle 13 y Riveroll; la FGE relaciona a la misma banda delictiva como responsable de este crimen.
Entre los señalados están Jesús Salvador Villavicencio Meza “El Venado” y/o “El Rayder”; sus hermanos Germán y César Ulises; y Leopoldo Lizárraga Ochoa “El Polo” o “El Pantera”, todos operadores criminales de grupo de Sinaloa.
INCERTIDUMBRE ENTRE AGENTES DE LA FGE
“Cuando uno ingresa a trabajar a la Policía Estatal no lo haces con la idea de que te van a matar en cumplimiento del deber”, manifestó a ZETA un agente de la GESI.
El oficial explicó que cuando firman contrato con la corporación, el agente llena una “hojita” para definir a los beneficiarios en caso de fallecimiento, pero con los años se casan, tienen hijos y olvidan a quién favorecieron en el formato.
Para hacer valer los derechos de los policías, es necesaria la aprobación de la Ley de Seguridad Pública, la cual se encuentra en estudio por parte del Congreso del Estado.
Tras la muerte del policía de investigación Rivera Lizárraga, la esposa e hijo se quedaron sin el seguro de vida, pero tampoco han recibido la liquidación.
Otra inconformidad de la familia se debe a que los fiscales estatales no judicializaron el caso de Delia y su hijo por tentativa de homicidio, pese a que también fueron víctimas de la agresión.
