5 millones de mujeres son acosadas en seis meses; 98.6% no denunció

Edición Impresa lunes, 20 septiembre, 2021 12:00 PM

En México permanece impune el acoso y el hostigamiento sexual. En el segundo semestre de 2020, casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de acoso, no se denunciaron el 98.6% de delitos sexuales o acoso callejero contra mujeres en México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). En años recientes se incrementó el sistema normativo para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual, pero no se avanza en la difusión de los derechos de las mujeres. “Existe desaliento para denunciar cuando no se tiene castigo y cuando rodea la impunidad en estos casos”, asegura la investigadora Guadalupe Ramos Ponce, de CLADEM. Una condena de dos años y medio de prisión impuesta por este tipo de delitos en Tijuana, tardó ocho años en quedar firme

Durante cinco meses, Ivette soportó conductas verbales libidinosas, sexualizadas y la exhibición de escenas con contenido erótico de parte de su “jefe” Carlos, en un despacho de facturación de Tijuana, hasta que decidió denunciarlo. Tales hechos ocurrieron hace varios años, pero el juicio penal duró ocho años, muchos más que los dos años seis meses que el agresor mereció como pena a esa conducta por los delitos de abuso y hostigamiento sexual.

Este relato debe parecerle familiar a miles de mujeres en México que han sido víctimas de situaciones similares, en las que desconocidos, compañeros o superiores jerárquicos en la calle, el trabajo, la escuela y otros ámbitos, las acosan, hostigan y/o abusan sexualmente de ellas, sin importar el tipo de espacio ni el nivel educativo del violentador, pues se trata de una violencia estructurada y sistémica.

Foto: Especial .- Maria Guadalupe Ramos Ponce.- investigadora

En su edición diciembre de 2020, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estima que casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y/o acoso callejero durante el segundo semestre de ese año; sin embargo, el 98.6% no fueron denunciados o no se inició una investigación, por lo que este tipo de ilícitos se mantiene impune en la mayoría de las ciudades del país, incrementándose la llamada cifra negra.

Guadalupe Ramos Ponce, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, advierte que este fenómeno va en aumento a pesar de los avances en materia normativa, al tratarse de una violencia estructurada y sistémica que promueve, permite y genera esas conductas delictivas.

“Es una estructura y todo un sistema que genera agresores, violentadores, sobre todo varones, que se encuentran en todos los espacios, tanto públicos como privados, donde creen que pueden violentar a una mujer porque esa conducta estaba normalizada y naturalizada en nuestra sociedad, en nuestra cultura”, refiere.

La también coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM), asegura que anteriormente había conductas que eran permitidas como piropear e invadir el espacio privado de las mujeres, y se veía como un aspecto normal y hasta como un rasgo de la propia cultura nacional del mexicano. Hoy ninguna violencia debe ser minimizada, y esas violencias son importantes, “hay que señalarlas, visibilizarlas, denunciarlas, castigarlas, reprobarlas, social y jurídicamente”.

El acoso, hostigamiento y abusos sexuales ocurren en cualquier ámbito. Prueba de ello son los casos cada vez más denunciados en universidades, hospitales, cultos religiosos, ayuntamientos, corporaciones policiales, en el Poder Judicial, en las propias comisiones de Derechos Humanos y hasta en medios de comunicación. Docentes, médicos, funcionarios, artistas, deportistas, jueces, magistrados, policías, visitadores y hasta jefes de información son señalados.

 

EL CASO DE IVETTE

Un buen día, Ivette se presentó en las instalaciones de la ex Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, en Tijuana, para denunciar el abuso y hostigamiento sexual que estaba viviendo por parte de su jefe inmediato en un despacho de facturación y servicios administrativos de la ciudad fronteriza. Fueron cinco meses los que la joven mujer resistió hasta que ya no pudo más ante la insistencia y el burdo asedio de su superior por obtener favores sexuales de su parte.

La víctima narró que en ese lapso se presentaron conductas de Carlos, su jefe, en las que aprovechaba que ella atendía el teléfono para posarse detrás de ella y pegar su cuerpo al suyo, haciéndole comentarios sobre sus formas anatómicas. En otra ocasión, el sujeto frotaba su entrepierna en el brazo de la secretaria que estaba en su silla frente a su área de trabajo. Una vez, el varón la tomó del cabello e intentó azotarla contra la pared, en un supuesto juego que ya le había hecho a una señora de la limpieza.

Molesta, Ivette reclamaba las actitudes y amenazaba con denunciarlo, pero él le aseguraba que hiciera lo que quisiera, porque tenía gente comprada en todos lados y más en Conciliación y Arbitraje. En otro evento, el individuo le puso la mano sobre el seno izquierdo y se lo apretó, zafándose ella y lanzando un grito que provocó que sus compañeras de trabajo se dieran cuenta del hecho. Como también fueron testigos de cuando Carlos dejó las llaves dentro de la oficina y pidió a su subalterna que se metiera por una ventana para abrir la oficina, y él puso sus manos en los glúteos de la dama, pretextando que se iba a caer.

En ocasiones, aquél hombre le mostraba videos con contenido erótico y le profería palabras sexualizadas, le llegó a mostrar sus genitales al jalar el elástico de sus prendas íntimas y una vez le expresó que le gustaba cuando llegaba con el cabello mojado para poseerla, haciéndole señas obscenas al tiempo que le decía “esa manzana me la quiero comer”. Al no soportar más, Ivette reportó el asedio ante el gerente de la empresa, quien le dijo que haría algo al respecto, pero no fue así, sólo agravó su situación con la reacción de su jefe que la hostigó laboralmente.

Además de gritarle, Carlos envió a la empleada a realizar trabajos pesados, limpiar el almacén, le propinaba malos tratos y le retenía el pago de jornada de labores semanal, que habitualmente se pagaba los viernes a las cinco de la tarde, para que fuera por el dinero el sábado. Una vez que denunció los hechos, el gerente protegió a su trabajador, asegurando que no era jefe de Ivette y que tenían el mismo nivel como empleados; sin embargo, al juzgarse el caso con perspectiva de género, el sujeto fue condenado a dos años seis meses de prisión y 15 días multa por los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual.

El condenado apeló y la sentencia fue confirmada, pero en el amparo directo consiguió que se ordenara la reposición de procedimiento para analizar la ausencia de jerarquía laboral. Nuevamente fue condenado y la pena confirmada en segunda instancia. Un segundo amparo directo le fue denegado. Para que la sentencia quedara firme, tuvieron que pasar casi ocho años por delitos que Carlos no pagó con reclusión.

 

AVANCES A MEDIAS

La investigadora universitaria Guadalupe Ramos Ponce considera que en los últimos años hay avances en el aspecto normativo, pues ya se tiene un entramado legal que penaliza las conductas lascivas y se generan protocolos de actuación y de prevención en diversos sectores y estados del país. Sin embargo, “eso no ha sido suficiente, al contrario, creo que están ahí las normas, pero no se conocen esos derechos que tienen, sobre todo quienes viven esas violencias para denunciarlas, por un lado, y que existan mecanismos de acceso adecuado a la justicia, por otro.

“Los pocos casos que se denuncian tampoco es que lleguen a buen puerto, porque no existen dentro de las instituciones esos mecanismos adecuados. Se han generado protocolos, pero muchos con una serie de obstáculos, sin generar todo un andamiaje no sólo jurídico, sino administrativo para atender las problemáticas, y aquí yo distinguiría como en dos supuestos o escenarios donde se viven estas violencias”, refirió la coordinadora de CLADEM, organización no gubernamental internacional que agrupa colectivos y activistas de mujeres.

Uno de los espacios que refiere Lupita Ramos es el comunitario; es decir, en la calle, donde el acoso sexual es entre pares, “que en los últimos años se ha avanzado en tipificarlo como una conducta delictuosa y, por lo tanto, quien lo comete es un delincuente que debe ser denunciado y sancionado; el otro escenario son los espacios, donde se supone que las personas que viven esas violencias estarían seguras o con resguardo, es decir, como el espacio educativo, por ejemplo, los espacios laborales, donde ocurre también por esas asimetrías de ejercicio de poder, a través del profesor, el jefe, etcétera, que realizan este tipo de conducta.

“¿Por qué sigue reproduciéndose? Yo creo fundamentalmente que es el tema de impunidad; es decir, la impunidad que rodea todos los delitos en México, especialmente en estos casos de las violencias contra las mujeres, que son múltiples, y que van desde el acoso, el hostigamiento, hasta llegar a la violencia máxima, que son los feminicidios”, destacó la académica, quien agregaría, en los últimos años ya se cuenta con estadísticas oficiales, tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero esas cifras siempre se quedan cortas para reflejar la realidad de que ocurre.

En estos temas, la revictimización es muy importante, porque en los casos que acompaña de acoso y hostigamiento sexual perpetrados en distintas instituciones, públicas y privadas, se prohíbe a compañeros tener comunicación con ellas, se les cambian sus funciones laborales y en algunos casos se llega al despido, “en todos los casos, absolutamente en todos, ellas fueron revictimizadas, esa conducta se repite en las instituciones, cuando ven a la víctima como la rara, la problemática, la revoltosa que se atreve a denunciar las situaciones de violencia que vive.

“Esas son problemáticas que están ahí, que son cotidianas, que suceden todos los días, en todos los espacios, y que como violencia estructural y sistémica, no hay una respuesta del Estado para atender y resolver esos problemas. No vemos programas de prevención, ni campañas que difundan los derechos de las mujeres. No vemos tampoco sanciones y que sean ejemplares; es decir, que veamos a los agresores puestos bajo un proceso penal, que sean sancionados y demás, y que esto se dé a conocer, justo para ir deslegitimando esas conductas. Creo que hace falta mucho, mucho, mucho por hacer todavía, para que esas conductas se eliminen en nuestro país”, concluyó la académica y activista.

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