Sin sueldo y amenazados, ocho regidores de Ensenada

Foto: Cortesía.- Los ocho regidores que aseguran haber recibido represalias por rechazar proyectos de Ayala Robles
Edición Impresa lunes, 23 agosto, 2021 12:00 PM

Para restaurar el orden y legalidad en el cabildo, ocho regidores decidieron sumarse a las protestas de no responder a las convocatorias de sesión extraordinaria; subieron el tono al interponer juicio político en contra del alcalde Armando Ayala Robles.  Ninguno de los ediles es de Morena. Acudirán a Derechos Humanos por violencia política

Intimidaciones, retención de sueldos, despido injustificado de personal y hasta una amenaza de muerte, son situaciones que han enfrentado ocho regidores en el XXIII Ayuntamiento de Ensenada, titulado por Armando Ayala Robles.

Foto: Lorena Lamas.- Oficina de Tesorería Municipal

Los ediles porteños que aseguran han sufrido represalias en lo moral y económico, son Diego Lara Arregui, quien fuera candidato a una diputación por Fuerza por México (FxM) en las pasadas elecciones; Carmen Salazar Guerra, candidata a la alcaldía, también por FxM; Marisol Sánchez García, candidata a una diputación por el mismo partido.

Asimismo, el independiente Raúl Vera Rodríguez; Brenda Valenzuela Tortoledo por el Partido Acción Nacional (PAN); y los morenistas Yolanda Navarro Caballero, Carmen Elizabeth Jiménez y Adolfo Núñez Benítez.

A este grupo de ediles -a excepción de los tres últimos- se les retiró el salario calculado en 42 mil 700 pesos mensuales, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y les quitaron el gasto social.

La polémica inició el 11 de agosto, cuando ocho de los 13 ediles del gobierno de Ensenada anunciaron que no participarán en sesiones extraordinarias de Cabildo, “a fin de restaurar la legalidad y el orden”. Un día después, presentaron una demanda de juicio político contra el alcalde Armando Ayala ante el Congreso del Estado.

La solicitud de juicio se debe a la ilegal convocatoria de la sesión extraordinaria de extrema urgencia, en la cual se aprobó la creación del organismo operador municipal del agua, denominado Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada.

Con esto, se confirmó la desaparición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en tanto los servidores públicos consideran que el Ayuntamiento es financieramente incapaz de enfrentar la responsabilidad.

SESIONES “SUCIAS”: RAÚL VERA

En opinión del regidor Raúl Vera, el presidente municipal de Ensenada ha violado de manera flagrante los reglamentos internos del Ayuntamiento.

Citó como ejemplo la última sesión de Cabildo del 4 de agosto, en la cual, pese a haber recibido un “no” por parte de la mayoría a la propuesta de trasladar la administración del agua al Municipio, Ayala volvió a convocar a sesión… pero sólo a quienes votarían a favor de su proyecto.

En aquella sesión, quienes habían votado en contra fueron bloqueados de la transmisión vía Zoom.

“En la segunda sesión, el señor alcalde no convoca a los que estamos en contra y sólo a los que van en sentido favorable. Es tanta la suciedad de las sesiones, no las puedes cortar, es algo universal en cualquier parlamento”, acusó Vera, además de señalar la constante de este gobierno: llamar a sesiones extraordinarias, incluso en madrugadas, donde se han aprobado otros temas importantes como ceder al Estado las concesiones de transporte público.

“Si bien, es una administración corta y es necesario sesionar de manera reiterada, por lo menos esperaba que fuéramos convocados, pero por lo general, lo hacen con dos horas de anticipación”, sostuvo.

Vera alertó al Cabildo entrante y a la ciudadanía que, bajo esas circunstancias, si en el futuro el presidente municipal pretende adquirir una deuda millonaria o privatizar un lugar público, “no habrá quien lo impida”.

Por último, reveló que los temas de su Comisión que no ha podido desahogar en sesión, son el rezago en infraestructura de Ciudad Deportiva, Unidad Francisco Villa, Unidad Parque Tres Colonias -donde no hay personal- y Punta Banda; así como las de El Sauzal y El Porvenir, donde los mismos equiperos retiraron la alfombra.

 

GOBIERNO DE ENSENADA, “UN CACICAZGO”: LARA ARREGUI

Como el resto de los candidatos, al regresar de la campaña en la que fue aspirante a diputado en junio, Diego Lara Arregui dejó de recibir sueldo y despidieron a personal a su cargo, aunado a que no puede ejercer presupuesto.

“Me están reteniendo por distintas cuestiones, por cosas no comprobadas”, afirmó.

La decisión de no asistir a las sesiones de Cabildo extraordinarias, así como haberse sumado al juicio político, es consecuencia de meses de estar en una administración donde el presidente municipal no entiende que la máxima autoridad es el Cabildo y no dimensiona lo que significa.

El regidor calificó la administración de Ayala como “un cacicazgo”, por no escuchar las voces o expresiones de quienes representan el 100% de una participación democrática: el Cabildo.

Incluso, dijo que regidores de Morena no han secundado todas las propuestas del alcalde y han tenido que asumir las consecuencias.

El ultimo cheque de algunos regidores de oposición

“No queremos que sucedan atropellos, y cuando un presidente ni siquiera sabe cómo está el entramado constitucional, se está haciendo una lucha a través de la razón, y la mayoría del Cabildo le está pidiendo por la vía de las leyes y normas que estamos apegados”, argumentó Lara Arregui, quien, como el resto de los regidores, ha sido sometido a castigos, amedrentados y presionados a un plano que se sienten en peligro.

“Somos ocho regidores bien firmes de defender la vida democrática, no participar en el juicio político, porque no se le cierren los negocios para cuidar su integridad. Una persona que siembra miedo, no cosecha respeto”, indicó.

Diego Lara Arregui puntualizó que en la municipalización del agua no es viable el planteamiento, “la capacidad de que se traducirá en mala calidad de servicio, es momento de que recapacite, que atienda las disposiciones legales y respete la normatividad”.

 

FUERA DE LA LEY: BRENDA VALENZUELA

Por su parte, la regidora panista aseguró que este problema de carencias e intimidaciones lo ha vivido desde 2019, cuando inició la actual administración. Tampoco recibe sueldo y a sus empleados los corrieron.

La edil dictó el Artículo 4 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, el cual reconoce como Órgano Colegiado de Gobierno, al presidente municipal, síndico procurador y regidores; y el 9 de la misma Ley, menciona que el Ayuntamiento es el órgano deliberante de representación popular de los ciudadanos.

Esto significa que es indispensable trabajar “siempre en conjunto” entre quienes lo integran, asimismo, que se construya por el bienestar municipal y de la población.

A diferencia de lo que señala la Ley, los regidores no han sido tomados en cuenta y se les ha negado el derecho a debatir sobre los temas ciudadanos.

 

FALTA DE APOYOS, UNA CONSTANTE: REGIDORA SALAZAR

Luego de las elecciones, el personal de la regidora Carmen Salazar fue despedido al día siguiente, lunes 7 de junio.

Debido a que no podía operar sin un representante en su oficina, decidió disponer de su propio sueldo para pagar a los dos empleados, no obstante, unas semanas después le negaron su salario.

En una imagen del cheque personal, se aprecia la cantidad de 0.01 centavos como parte de su dieta catorcenal.

Cuando la regidora reclamó a Oficialía Mayor sobre el problema en la nómina, le indicaron que tiene gastos por comprobar ante Tesorería. En respuesta, la edil adjuntó un documento donde comprueba el no adeudo y, por el contrario, Tesorería le debe mil 600 pesos de un remanente.

Carmen Salazar informó que esta situación ha sido una constante desde las pasadas elecciones, cuando ciertos regidores, la mayoría de oposición, dejaron de recibir apoyos en papelería, gastos de tóner, gasolina e inclusive agua.

Estimó que, del total de las sesiones de Cabildo, el 90% han sido por obvia y urgente, a las cuales asisten los regidores que están a favor de las propuestas del alcalde.

Los temas que más le preocupan, son la no aprobación de la cuenta 2020, así como el estado de la deuda pública y los pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

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