El cabildo de Playas de Rosarito votó, la tarde del viernes 6 de agosto, contra la controversia constitucional presentada por el síndico procurador, José Luis Zazueta Pérez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la legislación irregular de la ley para la municipalización del organismo suministrador del agua.
De acuerdo con el regidor Miguel Moreno Ávila en la sesión de cabildo del viernes 6 de agosto, la mayoría de los regidores aprobaron desestimar el recurso legal presentado por el síndico del ayuntamiento, argumentando que ellos no reconocen dicha acción emprendida por Zazueta Pérez.
“Nosotros no reconocemos esta propuesta debido a que no la consensuó, pese a que ya se había aprobado el inicio de la creación de la comisión del agua local. No reconocemos ni al bufete de abogados que lo representa, y además el documento no cuenta con el aval de nuestra firma”, declaró a ZETA el regidor morenista.
Por su parte José Luis Zazueta Pérez, aseguró a este Semanario que su figura cómo síndico procurador del municipio sí le da facultades para promover dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin el aval del pleno del cabildo.
“Yo hice la controversia constitucional porque yo tengo fundamentos y tengo atribuciones para hacerlo, mis motivos son la omisiòn en el proceso legislativo, como marca el artículo 30 fracción segunda, que nos tienen que convocar a nosotros, el municipio, para participar en la comisión, pero no nos convocaron; además a los diputados no les dieron el dictamen cómo marca la ley, tres días antes del dia de la votación”, declaró.
Agregó que durante la sesión de este viernes se propuso a votación, además de la desestimación de la controversia constitucional, una sanción en su contra pero la votación fue a su favor, con 7 de los 11 votos en contra de esta medida, y se fueron a receso.
Explicó que aunque los regidores y la alcaldesa del municipio Araceli Brown Figueredo aseguran que no tiene atribuciones para esta acción, además de no haber consensuado dicha acción con el pleno del cabildo, al presentar la invalidación de la controversia que interpuso, la SCJN será quien valore si procede o no la impugnación del ayuntamiento.
“Ellos alegan que no tengo atribuciones, pero si las tengo; señalan que no le pedí permiso al cabildo, yo no tengo por qué pedirles permiso, pero eso la SCJN lo determinará”, finalizó.
El mismo argumento utilizado por los regidores y la alcaldesa reelecta de Playas de Rosarito sobre la carencia de facultades del síndico para impugnar la ley, fue expuesto primero por el Secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, el pasado miércoles 4 de agosto durante la firma de transición de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a este ayuntamiento.
Cabe destacar que se entregó al municipio el control de los servicios de suministro y potabilización del agua, pese a que esa ciudad depende de la comisión de Tijuana.
Ese día, al término de la firma, el ex priísta Rodríguez Lozano desestimó los recursos de controversia constitucional entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de los síndicos y los cabildos de al menos tres municipios del estado, asegurando que eran improcedentes y que podrían tardar hasta un año en que la Suprema Corte les de respuesta.
“En primera no se ha admitido; segundo los que tiene la capacidad para decidir son los ayuntamientos, los síndicos solamente son los abogados de los cabildos; tercero hay una disposición que dice que las leyes generales no se suspenden, en caso de que lo acepte la corte y luego dentro un año y medio vemos que pasó”, declaró.
Por otra parte cuando el gobernador Jaime Bonilla Valdez ordenó la reforma que municipaliza parcialmente los servicios de agua potable en Baja California, pasó por alto que la construcción de la planta fotovoltaica- uno de sus principales proyectos-, que dotará de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado, tiene como compromiso de pago recursos económicos generados por las comisiones estatales de los servicios públicos de Tijuana, Ensenada y Tecate.
Dos abogados consultados por ZETA consideraron que este apartado en el decreto complicaría sustancialmente la transición de las comisiones de Tijuana y Ensenada, cuyas transiciones ya fueron publicadas, en el Periódico Oficial del Estado (POE). Dichas comisiones no tendrán capacidades de cobro, pero sí obligaciones de pago.
