Las legisladoras de oposición (PAN-MC) reprocharon el rezago que tienen los juicios laborales y el que la justicia laboral no sea pronta ni expedita en Baja California en la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Algorri Franco. La primera con la que inició la Glosa del Segundo Informe de Labores del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En respuesta a los señalamientos de las diputadas Santa Alejandrina Corral y Amintha Guadalupe Briceño Cinco (PAN) así como Daylin García Ruvalcaba (MC), el secretario del Trabajo dijo que 41 % de los conflictos laborales es resuelto mediante conciliación, aunque no precisó si este porcentaje es mayor o menor al de años anteriores.
“Con relación al abatimiento del rezago, la realidad es que no estábamos preparados para la pandemia (de COVID-19) y la pandemia vino a generar un mayor rezago. Estamos en este momento a marchas forzadas en las Juntas para lograr sacar adelante los asuntos que recibimos y que se habían suspendido, porque se suspendieron infinidad de audiencias y todavía no hemos concluido con ese esquema”, reconoció.
A partir de octubre en el cual ya no se reciban nuevos asuntos (por la implantación de la reforma laboral el 1 de octubre) se den los plazos entre 15 y 20 días hábiles y salgan las audiencias que se habían suspendidas.
“Espero que el próximo año se logre un abatimiento del rezago fuerte en razón de que ya no se van a recibir nuevos asuntos. En las circunstancias en las que estamos hoy en día es mu difícil que yo le hable de abatir, sería falsear la información”, manifestó el titular de la STPS este 30 de agosto de 2021.
Minutos antes, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Santa Alejandrina Corral propuso a Algorri ser más “empáticos” con los trabajadores que tienen algún laudo en proceso, a fin de que se agilice su resolución.
Pidió al funcionario estatal reunirse con los abogados laborales y escuchar no sólo lo que ocurre dentro de la dependencia, sino también afuera para tener “un enfoque real” sobre la administración de la justicia laboral.
La legisladora señaló que en la información proporcionada no se había hablado de la ejecución de los juicios laborales. “Hay mucho descontento” porque con la pandemia de coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19) se estuvieron retrasando muchos asuntos en las Juntas de Conciliación y en Tribunal de Arbitraje.
Aseguró que concluir un juicio laboral lleva alrededor de 5 años. Situación que perjudica a los trabajadores quienes sólo pueden recibir el cien por ciento de salarios caídos el primer año, y un porcentaje menor correspondiente en los siguientes.
En las multas del Tribunal se está “batallando” porque no se liberan oficios para que se lleven a cabo, aseguró para luego interrogar ¿qué está pasando con la impartición de la justicia laboral?
En respuesta, Algorri Franco había acusado que el retraso de los juicios se debe a la andanada de amparos indirectos y directos, y a que algunas partes no hacen los emplazamientos de manera directa. Así como a que en la entidad hay más de 8 mil expedientes nuevos. En tanto el retraso en las multas se debe a la carga de trabajo.
La legisladora panista reviró que la mayoría de los amparos se presentan para impulsar el procedimiento, y expuso que la Federación ha revocado determinaciones por no estar fundamentadas. En ese sentido pidió que los empleados de la STPS tengan “más amor” a su trabajo para que el justiciable no tenga que contratar a un abogado.
En el salón del pleno del Congreso local, Amintha Guadalupe Briceño Cinco -también del PAN- también hizo alusión al rezago en los juicios laborales y preguntó cuántos juicios activos hay en la Junta de Conciliación de Mexicali.
A lo que la directora de esa institución -perteneciente a la STPS- respondió que de agosto de 2020 a agosto de 2021 esa junta tiene 3 mil 520 demandas en trámites y aseguró que 15 días hábiles es el tiempo que transcurre entre la presentación del conflicto a la primera cita de conciliación, la cual puede llevarse a cabo de forma virtual o presencial.
En tanto la legisladora por MC, Daylin García Ruvalcaba, preguntó si con la reforma laboral que entrará en vigor el próximo 1 de octubre en Baja California la STPS preveía una reducción de presupuesto toda vez que los juicios laborales estarán a cargo del Poder Judicial.
En respuesta Algorri Franco manifestó que para el presupuesto 2022 no se prevé ninguna disminución e incluso se pronunció a favor de más recursos para la dependencia en aras de fortalecer el trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que si bien dejarán de recibir asuntos tienen que seguir trabajando en los casos que se han acumulado.
En el proceso de poner en marcha la reforma laboral en octubre próximo, la STPS ya digitalizó todos los expedientes y signó tres convenios. Uno para la legitimización de contratos colectivos, otro para acceder a recursos federales, los cuales hace más de un mes que fueron transferidos al Estado Y el tercer convenio es para implantar el software Sunocac para que todos los centros de conciliación trabajen con él. No obstante, aún falta que el Poder Legislativo que armonice la Ley Orgánica del Poder Judicial, abundó.
Entre los logros que Algorri presumió al frente de la STPS se encuentra el que la dependencia otorgó 3 mil 700 asesorías virtuales, hizo 722 visitas de inspección, impuso multas por 156 millones 205 mil 219 pesos, y atendió 682 emplazamientos a huelga.
Al agosto de 2021, sólo existe una huelga activa, en tanto ya se llegó a un acuerdo en la huelga de la empresa Azul y Blanco.
En Baja California se han creado 44 mil 242 empleos en 2021, principalmente en el sector manufacturero, añadió el funcionario aunque no precisó el salario promedio de éstos, ni los legisladores lo preguntaron.
El ex secretario del Trabajo, Sergio Moctezuma Martínez López preguntó a Algorri cuál será la estrategia para garantizar que en el Estado se cumpla la eliminación del outsourcing a partir del próximo 1 de septiembre.
En respuesta, Algorri dijo que ya se han impuesto multas a empresas que tenían al 100 por ciento de sus empleados bajo este esquema al violentar la Ley, y que a partir del miércoles todas las inspecciones verificarán que el outsourcing ya no se dé en la entidad al margen de la ley.
Conversó con los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor sobre los alcances de la reforma del outsourcing para que el próximo año no se contraten bajo este esquema y se tomen previsiones presupuestales.
