Por la promoción que personas con presencia en redes sociales hicieron de Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, con motivo de las elecciones del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral aplicó cuantiosas sanciones económicas. En un caso, sostuvo que el apoyo a Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León por MC, debió reportarse como aportaciones en especie, dado que provino de su esposa, a quien se definió como persona con actividad comercial. Por lo que respecta al PVEM, el INE aseguró que pagó a influencers para que le hicieran campaña. Ambas fuerzas políticas determinaron impugnar
El Instituto Nacional Electoral (INE) objetó de nueva cuenta que en redes sociales se hiciera difusión favorable a Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. En este caso, relativo al proceso electoral de 2021, aplicó sanciones ascendentes a 55 millones 720 mil pesos y 40 millones 933 mil 568 pesos, respectivamente, al igual que en las ocasiones anteriores, ambas fuerzas políticas resolvieron proceder jurídicamente.
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La multa impuesta a Movimiento Ciudadano (MC) procedió en razón de una serie de publicaciones efectuadas por Mariana Rodríguez Cantú en apoyo a la candidatura de su esposo, el hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
En tanto, la sanción aplicada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo que ver con que 104 personas se pronunciaron por este instituto político vía red social en fase de veda electoral.
Las multas se fijaron a partir de la resolución de “491 quejas en materia de fiscalización” relativas “a los partidos políticos y sus candidaturas”, según dio a conocer el INE. Del total de los proyectos en cuestión, “319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos, 55 parcialmente fundados y 43 fundados”. El monto global por concepto de sanciones fue de 129.8 millones de pesos. Las obligaciones aplicadas a MC y el PVEM suman 74.4% de esa cantidad.
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A decir del consejero electoral Ciro Murayama Rendón, tales amonestaciones en conjunto con otra que se le aplicó a MC por la presunta captación de financiamiento de “empresas mercantiles a partir de un esquema de triangulación de fondos”, constituyen tres casos que, tras la contienda electoral emprendida en 2021, cobraron “resonancia mediática”.
La otra sanción también se inscribe en rango económico elevado, consistiendo en 14 millones 026 mil 500 pesos.
En 2018, año en que García Sepúlveda contendió para el cargo de senador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó a propósito de un recurso al que MC se sumó como tercero interesado, que las publicaciones que Rodríguez Cantú había hecho a favor del político neoleonés vía red social, no constituyeron aportaciones en especie, por lo que no se correspondían con el concepto de gastos de campaña, con el cual el INE pretendió asociarlas.
En 2015, figuras del ámbito de espectáculo hicieron promoción del PVEM en redes sociales justo a un día de que se celebraran los comicios del 7 de junio de aquel año. El representante de Morena ante el INE presentó una queja con la que solicitó medidas cautelares para el PVEM por las muestras de simpatía hechas por al menos 24 personalidades.
SAMUEL GARCÍA TUVO QUE HABER REPORTADO “APORTACIONES” DE MARIANA RODRÍGUEZ: INE
El Instituto Nacional Electoral contabilizó mil 300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram atribuibles a Mariana Rodríguez Cantú a favor de Samuel García Sepúlveda. Según determinó el órgano autónomo, la cónyuge del senador con licencia guarda el estatus de persona con actividad empresarial y su nombre está registrado como “marca”, de modo tal que las emisiones que hizo en la red social que opera a su nombre, deben considerarse como “aportaciones en especie”.
A decir del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el hecho de que Rodríguez Cantú y García Sepúlveda sostengan una relación de parentesco (por la vía del matrimonio) es irrelevante. La discusión en todo caso debe ceñirse a que el mandatario estatal electo (en su condición de candidato) o Movimiento Ciudadano tuvieron que reportar las consabidas “aportaciones” como gastos de campaña.
Argumentó que de acuerdo con el Artículo 105 del Reglamento de Fiscalización, las personas con actividades mercantiles o profesionales están impedidas de hacer aportaciones gratuitas.
La consejera Claudia Zavala explicó que no cuantificar tales aportes habría atentado contra el principio de equidad en las contiendas. En ese contexto, quedó estipulado un costo por publicación. Tratándose de las “historias fijadas”, 26 millones de pesos, y de las fotografías, un millón 800 mil pesos.
“Resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones por las historias y fotos que subió conmigo durante la campaña, como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, se quejó García Sepúlveda vía Twitter.
Además de la sanción impuesta a MC (de 55 millones 720 mil pesos) en vista del apoyo otorgado por Rodríguez Cantú, al gobernador electo se le impuso una por 448 mil 996 pesos.
La consejera Dania Ravel no acompañó el proyecto referente a la amonestación. Recordó que en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no había manera de calcular el monto del costo-beneficio de Rodríguez Cantú y García Sepúlveda en su condición de pareja (en aquel entonces en la modalidad de noviazgo), de ahí que solicitarle un comportamiento distinto a la pareja del integrante de MC habría significado “una limitante a la libertad de expresión”.
A Movimiento Ciudadano también se le sancionó por concepto de aportaciones que recibió de tres familiares de García Sepúlveda (en primer grado), quienes supuestamente recibieron los recursos de dos empresas, a saber, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, el día en que hicieron la aportación, o uno antes.
De acuerdo con el consejero Jaime Rivera, indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización permitieron acreditar que ambas firmas entregaron 14 millones 026 mil 500 pesos a los consanguíneos de político regiomontano.
Conforme a la revisión del INE, es claro que esos fondos no provinieron “del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos”.
En cuanto a semejante controversia, la consejera Adriana Favela reconoció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de brindar información.
La consejera Carla Humphrey se pronunció por emitir un voto “concurrente”, pues a su modo de ver, con el proyecto no se resolvió “sobre el destino de los recursos obtenidos a través de la triangulación acreditada”.
Por la entrega de ese dinero al partido naranja, MC fue multado con 28.95 millones de pesos.
ACCIONES “CONCERTADAS” A FAVOR DEL PVEM EN INSTAGRAM
El INE sancionó al Partido Verde Ecologista de México con 40 millones 933 mil 568 pesos, así como con la interrupción de su propaganda política o electoral destinada al tiempo federal por un año a partir de agosto.
El motivo de la sanción fue la campaña emprendida por “104 personas denominadas influencers el día de la jornada (comicial)”, quienes se valieron de la red social Instagram para brindarle apoyo al PVEM.
En este caso, quedó acreditado que los involucrados fueron contratados mediante empresas y que la promoción al “Verde” constituyó una campaña propagandística concebida para influir en el ánimo de los electores en fase de veda electoral.
Favela expuso que cada intervención se cuantificó en 10 mil dólares, con lo que la aportación resultante superior a 20.4 millones de pesos.
Claudia Zavala asentó que “el Partido Verde es reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la Ley”, de forma tal que justificó lo severo de la multa.
“Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al ‘Verde’ en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, expresó.
Dania Ravel aseveró que al no haberse respetado la veda electoral, se puso en riesgo la equidad de la contienda, toda vez que ese periodo es para procesar información recibida durante las campañas y reflexionar sobre qué sentido darle al voto (que en este caso fue emitido el 6 de junio de 2021).
IMPUGNACIONES
Movimiento Ciudadano informó que, en su calidad de organización política con registro partidista, no comparte los criterios del Consejo General del INE, referentes a la aplicación de “una multa millonaria por supuestas irregularidades financieras en la campaña de Samuel García”, de ahí que se haya determinado “impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación”.
El partido político estableció que “las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo (…), que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio comercial son mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”.
El partido coordinado a nivel nacional por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, se manifestó en rechazó a “que se pretenda cosificar a Mariana Rodríguez e imponer un precio al apoyo que le brindó a su esposo, Samuel García…”.
Por otro lado, el representante de MC ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, Salvador Miguel de Loera Guardado, indicó que en su momento García Sepúlveda observó que en Nuevo León “la legislación civil prohíbe hacer algún cobro entre cónyuges”. Entonces, “cómo te voy a cobrar si hay una prohibición en la legislación local”, cuestionó el abogado, quien añadió que lo que en tal caso debe prevalecer, es que “se trató de una elección local (por la gubernatura)”.
En opinión del diputado de MC en la XXIII Legislatura de Baja California, Rodrigo Otáñez Licona, la amonestación resulta “totalmente absurda”, y se traduce a que “el Instituto Electoral está pasando por encima de los derechos y garantías individuales”.
Afirmó que el tema de las figuras públicas en redes sociales no está regulado, y ello constituye “una asignatura pendiente que tiene (el INE)”. De ahí que haya considerado la multa “improcedente”.
El PVEM impugnó la sanción respectiva el lunes 26 ante el Tribunal. Conforme al recurso correspondiente, presentado por el representante partidista ante el INE, Fernando Garibay Palomino, la conducta atribuida no fue desplegada por parte del PVEM, de modo que “no existe una vinculación real con influencers que demostraron algún tipo de simpatía o afinidad con alguna propuesta del partido”.
En esa tónica, Garibay Palomino sostuvo que “en su papel de ciudadanos responsables e interesados por el futuro de nuestro país”, ellos “se tomaron la libertad de realizar alguna referencia a este partido político”.
También negó que haya existido retribución económica alguna. En todo caso y habida cuenta de que algunos de los seguidores del PVEM admitieron haber recibido 10 mil pesos (sin precisar de parte de quién), la sanción debería ascender a 2 millones 080 mil pesos. Expuso que “suponiendo sin conceder”, el INE hizo un cálculo “exorbitante”.
Obed Silva, representante del PVEM ante el Instituto Estatal Electoral, refirió que “el tema de las redes sociales, donde aparecen estos llamados influencers, es un asunto que no está absolutamente bien regulado”. Admitió que en radio y televisión “está restringida a cualquier ente la contratación de spots”, sin embargo, “en el ámbito de las redes sociales, no”, remató.
Para concluir, Jaime Rivera, consejero del INE, expuso que el análisis y resolución de los casos en cuestión, se llevaron a cabo “con imparcialidad, objetividad y garantizando el derecho de audiencia”.
