Héctor Israel Ceceña Mendoza, Gonzalo Higuera Bojórquez y José Luis Zazueta Pérez, síndicos procuradores de los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, respectivamente, presentaron este 4 de agosto de 2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales contra la llamada municipalización de la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
Entre las autoridades demandadas son el Congreso de Baja California y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, según los documentos a los que tuvo acceso ZETA. En entrevista, José Luis Zazueta síndico procurador de Playas de Rosarito, comentó que el argumento principal de la controversia constitucional es la omisión del procedimiento legislativo.
Explicó que conforme a la Ley a los Ayuntamientos se les debió haber convocado con 5 días de anticipación previo a que el Congreso avalara las modificaciones a los artículos 1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101, 108; y adiciona 122 123 y 124 de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable del Estado de Baja California, así como el Artículo 38 BIS de la Ley de Administración Pública del Estado de Baja California.
“Como síndico tengo la responsabilidad de que no sea una afectación para el erario municipal. No es que estemos en contra de que se cumpla con la Constitución el hecho de que el agua se pase a nosotros, sino que el asunto es que no fuimos tomados en cuenta para ver, discutir los puntos, porque somos un municipio pequeño, que a lo mejor no tenemos la capacidad. Lo digo sin saber, porque no tengo los datos, entonces necesitamos ver”.
En el decreto que emite el gobernador en los artículos transitorios habla de la deuda. “Entonces necesitamos ver cómo. Yo en lo personal no estoy en contra de la municipalización del agua, pero sí necesito ver cómo, no es mío el dinero, necesitamos ver cómo el que se beneficie o se afecte el municipio”, agregó el funcionario municipal.
En ese sentido, apuntó que se conoce que la CESPT tiene ingresos por cobros de agua en Rosarito por 333 millones de pesos, pero se desconoce cuánto sale. “Si salen 200 quedan 130 para los proyectos y la deuda, pero no sé. Yo estoy, todo el Cabildo, estamos en blanco”.
El 26 de julio pasado, en “fast trak” legisladores afines a Morena aprobaron por mayoría el dictamen 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos. Días después el dictamen fue avalado en el pleno del Congreso de Baja California, con el que el gobierno del Estado trasladará a los municipios la atribución del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Ayer, 3 de agosto, en el Periódico Oficial del Estado se publicó un número especial con el acuerdo de los cabildos de Tijuana y Playas de Rosarito, dirigidos por Karla Ruiz Macfarland y Araceli Brown Figueredo respectivamente, para arrancar con el proceso de creación de los organismos municipales, donde además presentan la reglamentación correspondiente.
Los acuerdos del Cabildo determinaron que los nuevos organismos llevarán por nombre: Agua y Saneamiento Municipal de Playas de Rosarito; y la Comisión Municipal de Agua de Tijuana.
Se espera que este mediodía se lleve a cabo la firma del Acta de Transparencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a los Ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito.
