El Gobierno de México anunció, este miércoles 4 de agosto, que demandó a 10 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachussets, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
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Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.
“No obstante, [los fabricantes] continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de publicidad para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, indica la demanda.
“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.
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En conferencia de prensa, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados.
Es por ello que se realizó la demanda en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación, detalló Celorio Alcántara.
“Es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, agregó el consultor jurídico de la SRE.
Celorio Alcántara dijo que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes, si se sufren daños y de acuerdo a su ley. Aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.
“La demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo para controlar el tráfico de armas”, informó el consultor jurídico de la SRE.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la demanda presentada en Boston, Massachusetts, es un hecho sin precedentes, ya que México no puede guardar silencio ante la situación.
#EnVivo | Presentación del Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México. https://t.co/xv0rVENecx
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 4, 2021
LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las citadas empresas, las cuales tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
Según el Gobierno mexicano, los acusados “saben desde hace mucho tiempo que algunos de los traficantes que utilizan para vender sus armas al por menor suministran una cantidad significativa de armas al mercado criminal en México”.
La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado “un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México”.
“La elección de los acusados de utilizar políticas de distribución y ventas que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas”, agrega la demanda.
“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables”, indica la demanda.
“La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, dice la demanda.
Según el texto citado, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.
“México está experimentando niveles crecientes de violencia armada y sufre la muerte de civiles por armas de fuego a una de las tasas más altas del mundo. Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003″, insiste la demanda.
“Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”, acusa el Gobierno de México.
La Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demanda que las empresas presenten medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados.
Así como otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley y adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los demandados.
