Durante el primer semestre de 2021, Baja California Sur registró un incremento del 292% en el delito de secuestro. El estado contabilizó cuatro denuncias por este delito: tres en febrero y una de marzo. El caso más reciente es el de Javier Niño Solís, empresario inmobiliario que fue plagiado por un grupo armado en su domicilio en el destino turístico
El miércoles 14 de julio, la Procuradoría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió información del caso de desaparición del empresario en bienes raíces, Javier Niño Solís, de 40 años, quien fue sacado con lujo de violencia de su domicilio ubicado en los condominios de alta plusvalía Copala At Quivira, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.
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En días pasados, Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia del Estado, confirmó que se recibió la carpeta de investigación, CSL/2310/2021/NUC, por el delito de desaparición de persona. Es el único reporte que se ha tenido, informó.
“No tenemos ninguna denuncia en este momento en esa zona por secuestro, hubo un operativo con el que se hizo la detención de unos rumanos en otra zona. En torno a este desarrollo, hay una denuncia por desaparición que tenemos de una persona, que es lo que tenemos en investigación en este momento”, confirmó Daniel de la Rosa Anaya.
Sin embargo, testigos de la desaparición de Javier Niño Solís relataron a las autoridades que el empresario salió por su propio pie, pero escoltado, a empujones por hombres armados y encapuchados.
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Según grabaciones, el secuestro quedó registrado a las 23:40 horas aproximadamente del domingo 04 de julio, pero el incidente fue denunciado 10 días después, es decir el 14 de julio.
De acuerdo con testigos, “Javier Niño Solís fue sacado de su departamento en Quivida por alrededor de 10 personas armadas y encapuchadas, quienes abordaron dos camionetas, una camioneta de color blanco de modelo reciente con vidrios polarizados, así también una vagoneta de color gris”. Además, dicen los testimonios que “los delincuentes se llevaron el auto Mercedes Benz, color negro, propiedad de la víctima, huyendo rumbo a la calle Jacarandas y Paseo Pacífico, colonia Los Cangrejos, Cabo San Lucas”, señalan.
Es toda la información del momento del incidente obtenida a través de los testigos, pero también hay evidencia recopilada mediante las cámaras de vigilancia del exclusivo conjunto habitacional, en donde se aprecian las unidades y el rumbo que tomaron los delincuentes.
La PGJE está trabajando en la investigación del hecho y el análisis de las pruebas periciales, por ello ha realizado alrededor de 14 entrevistas judiciales a testigos, incluidos dos hermanos de la víctima, los propios trabajadores de la empresa de Niño Solís, así como a testigos presenciales del incidente.
El lugar del delito fue explorado por expertos en criminalística y recabado toda pista. Se ha exhortado la búsqueda del empresario a través de los canales institucionales, además se abrió un reporte del vehículo robado, se subieron sus datos al Sistema Plataforma México y se solicitó a la automotriz información, si es que se cuenta con la ubicación GPS de la unidad.
También solicitaron la participación del Centro de Comando y Monitoreo (C-2), para analizar cada uno de los puntos de vigilancia de las calles y saber el trayecto de los presuntos secuestradores y ubicar a la víctima desaparecida, identificando primeramente los puntos de salida de Cabo San Lucas.
MÁS SECUESTROS
Durante el primer semestre de 2021, Baja California Sur registró un incremento del 292% en el delito de secuestro. El estado contabilizó cuatro denuncias por este delito; tres acumuladas del mes de febrero y una de marzo.
Al cierre de junio, el Semáforo Delictivo no considera la luz roja para la entidad por la incidencia mensual, sin embargo, sí señala el aumento del delito en el estado.
“Estamos trabajando de manera coordinada con las instituciones involucradas, principalmente para erradicar cualquier conducta que pueda afectar a la población, las labores de protección es que los delitos no sigan afectando al patrimonio y la vida de los sudcalifornianos”, reveló una fuente de la PGJE.
Pero más allá de la reducción de delitos como extorsión, robo de vehículo, homicidio doloso y robo a casa habitación, con el secuestro la realidad es otra.
En 2015 y 2016 no hubo incidencia en este delito; en 2017 se contabilizaron tres secuestros, dos en el primer semestre y uno en el segundo, siendo uno en marzo con rehén, otro en abril para extorsionar a una familia, y un tercero que fue catalogado como secuestro exprés.
En 2018 no se denunciaron secuestros; en cambio, en 2019 hubo cinco carpetas de investigación por secuestro, un secuestro exprés en el primer periodo del año, en marzo; para el segundo periodo ocurrieron de la siguiente manera: cuatro secuestros para causar daño, uno en julio, otro en agosto y dos en septiembre.
La cifra se mantuvo en cinco para el año 2020, uno en el primer semestre, registrando un plagio en mayo; durante los últimos seis meses ocurrieron cuatro: dos secuestros exprés en agosto, uno extorsivo en septiembre y uno en octubre.
En lo que va de 2021 y al cierre de julio, ya son cinco secuestros oficialmente, cuatro en el primer semestre, tres en febrero y uno exprés en marzo. Al 14 de julio la PGJE cuenta con una denuncia por el secuestro de un empresario de Los Cabos, hecho ocurrido desde el domingo 4 de julio.
El primer semestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de cinco años atrás, el lapso con más incidencia de privaciones ilegales de la libertad o secuestro, es por ello que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a la entidad como el segundo lugar nacional en crecimiento de este delito con un 292%.
En consecuencia, la PGJE reveló la captura de más de 200 personas por diversos delitos en los primeros seis meses del año, incluyendo personas vinculadas a procesos por privación ilegal de la libertad y secuestro.
“Establecer estrategias para agilizar el combate a la impunidad y con ello, beneficiar directamente a ciudadanos víctimas de delito, es tarea de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que de enero a junio de este año logró la aprehensión de 233 personas relacionadas en hechos delictivos. Estas acciones se traducen en un puntual seguimiento de casos como privación ilegal de la libertad, secuestro, homicidio, violación, robo en todas sus modalidades, daños, lesiones, fraude, entre otros”, dio a conocer José Alfredo Ávila Jardines, director de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).
A mediados del mes de junio de este año, se confirmó la sentencia de 50 años de prisión para los secuestradores Ángel Hildebrando, Emigdio y Rubén Antonio “N”, imputados por secuestrar a una mujer de 59 años en la colonia Valle del Mezquite, en el municipio de La Paz, hechos registrados el 2 de julio de 2019.
DESCOORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Ya era conocido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal el riesgo al que estaba llegando el municipio de Los Cabos, particularmente Cabo San Lucas, por grupos criminales a operar la zona turística.
Al cierre de la administración del ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño, ya eran visibles pandillas que operaban en la zona de Los Cabos, los criminales ya estaban establecidos en el destino turístico más importante de Baja California Sur.
“Desde 2011, en las Mesas de Seguridad y Justicia nosotros hicimos de conocimiento el aumento en delitos de alto impacto, así como la proliferación de pandillas en Los Cabos; específicamente, donde había más era en Cabo San Lucas, colonias plenamente identificadas. Ahí se acordó con las autoridades en la Mesa de Seguridad y Justicia en llevar acciones de manera conjunta y poder disuadir los delitos”, informó un integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
El foco de alerta para la sociedad civil era muy claro, alta incidencia en delitos cometidos con lujo de violencia y a mano armada, sólo era un indicador de grupos de la delincuencia organizada.
“Hablamos que, los delitos que se cometían en ese momento eran asaltos a mano armada, y eso ya nos estaba hablando de delincuencia organizada, pedimos ahí, los ciudadanos y empresarios, solicitamos a las autoridades una real y efectiva coordinación para que llevaran acciones conjuntas para atender la problemática y bajar los índices delictivos, también, que era importante el fortalecer los programas de prevención del delito en los municipios, tanto La Paz y Los Cabos, que eran los municipios que empezaron con mayor incidencia delictiva”, anunció el Consejo Ciudadano.
A partir de la inclusión del Consejo Ciudadano en las Mesas de Seguridad y Justicia, en ese momento Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, se pudieron concretar estrategias de prevención, mapas de calor entregados por empresarios y la sociedad civil, información de las colonias conflictivas y demás.
Pero la determinación de las administraciones en turno y cambio de autoridades, llevó a la buena estrategia a quedar sepultada, los miembros claves de la sociedad civil en las Mesa de Seguridad fueron separadas, se perdió gran parte de los informes desde el seno de la sociedad.
“En ese tiempo, pudimos bajar los índices y controlarlos, porque el alcalde en ese momento nos permitía la participación, instalamos comités en las colonias y así fomentar la cultura de la denuncia en tercera persona para que no pusieran en riesgo su integridad, y logramos bajar la incidencia delictiva en un 35% en los delitos de alto impacto. Aquí el problema es que cada nueva administración inventa el hilo negro y el agua tibia, y en lo que entran a organizarse y ver qué sí van a trabajar y que no, para crear programas de prevención, y la verdad pues se les va el tiempo, y los ciudadanos seguimos siendo vulnerables”, lamentó el representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
NEGLIGENCIA CONTRA EL CRIMEN
“Al menos en Los Cabos era caldo de cultivo para que se dieran los delitos de secuestro, incluso hubo personas que decían que era imposible, que porque Los Cabos estaba blindado, les informamos que era fácil sacar a una persona por agua y por aire, por tierra era más complicado, y no nos creyeron, y ahí tenemos las consecuencias”, lanzó el Consejo Ciudadano.
Si bien es cierto, la actual administración de Carlos Mendoza Davis pudo bajar los índices de violencia registrados en 2018 y 2019, hay otras conductas que ya están sobresaliendo, que hace falta una voz ciudadana en las Mesas de Seguridad que pueda señalar y vincular las acciones al sentir de la comunidad.
Pero se le ha cerrado la puerta a los organismos civiles, sólo las autoridades realizan las reuniones, como si la población no estuviera enterada de todo el mal, pero cometen un error: la sociedad civil es la que realmente conoce la raíz del problema.
“No ha habido una coordinación como tal efectiva, me da tristeza porque vemos llegar a las nuevas administraciones con la esperanza de que las cosas funcionen, pero pues igual tenemos la incertidumbre de que si traen bien etiquetado el compromiso, de prevenir que los delitos se cometan, coordinarse realmente con las autoridades, más allá de sus competencias municipales, estatales y federales, dejar de lado todo eso y hacer un esfuerzo común, donde involucran en la ciudadanía”, señaló el miembro del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Por años, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal ha señalado los puntos débiles; también otras organizaciones como el Semáforo Delictivo, Cómo Vamos La Paz, el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, Colegio de Postgraduado en Derecho y Ciencias Afines, pero la atención no ha sido real.
Las recomendaciones se han hecho, sobre todo de capacitación y de mecanismos que permitan señalar dónde y cómo se registran los delitos, pero pareciera que a Baja California Sur lo que le duele son los números, nadie quiere darlos a conocer.
“Ahí tenemos las consecuencias. La no acción, la no coordinación y la no participación de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada nos lleva a lo que estamos viviendo ahora lamentablemente. Qué triste que no sólo estamos padeciendo de este mal como es la pandemia, sino que seguimos hincados ante la delincuencia”, remató la sociedad civil.
Apenas en los primeros siete meses de 2021, Baja California Sur ya alcanzó la cifra máxima de secuestros en los últimos seis años, van cinco y contando, hay otros que no han sido denunciados y se espera a la brevedad el récord sea superado.
Los Cabos está en la mira de todo el mundo, cómo un empresario fue sacado de su lujoso departamento, brincando la seguridad de los condominios, cámaras de vigilancia, y siendo tan pequeña la zona, a casi un mes sigue desaparecido.
“Cuántas veces hemos escuchado que van a blindar a Los Cabos, que van a blindar el estado, que porque vivimos del turismo, entonces qué pasa pues, queremos que ese discurso realmente se vea reflejado en acciones y resultados”, denunció el Consejo Ciudadano.
Consejos Ciudadanos han estado presentes desde el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, hoy Mesas de Seguridad, la estrategia coordinada con la sociedad civil había funcionado, pero se dejó de hacer y los números no son favorables.
Urge la presencia de la sociedad en las reuniones, que sean la voz de las personas que no están siendo escuchadas.
“Sí hay Mesa de Seguridad del Gobierno Federal en todos los estados, pero no vemos a la sociedad civil organizada. Si hay algún tipo de sociedad organizada en las mesas no es la que venía trabajando con anterioridad y que dio resultados. Rompe el eslabón de la cadena que veníamos trabajando en el tema de seguridad, habíamos propuesto una plataforma de georreferenciación de delitos en las colonias para todo el estado, para conocer qué tipo de delitos se cometen, quiénes lo cometen, si son hombres o mujeres, las edades que tienen, y en este sentido poder coordinar e implementar programas efectivos de prevención y detección, pero todo se queda en un intento”, indicó el Consejo Ciudadano.
Sólo queda que la nueva administración gubernamental y la de los cinco municipios retomen la estrategia de inclusión y adopción de ideas. Al final de cuentas, los Consejos Ciudadanos están integrados no sólo por miembros de la sociedad civil, sino también por empresarios.
Y en ninguno de los dos casos buscan que a Los Cabos le vaya mal, por el contrario, quieren paz para sus ciudadanos y paz para que el desarrollo económico siga creciendo, ojalá que las nuevas autoridades retomen una estrategia de verdadera coordinación.
“A las nuevas autoridades, que sepan que solo no puede el gobierno, que los ciudadanos solos no pueden, esto es un trabajo en conjunto, todos somos corresponsables. Cómo es posible que un estado tan pequeño, con todas las autoridades que hay de los tres niveles, tenemos a la Guardia Nacional, ya Los Cabos tiene su cuartel, es para que estuviéramos blindados, no se dieran los secuestros, qué nos está pasando”, lamentó el representante civil.
