El miércoles 29 de julio, el Congreso de Baja California se dividió en una polémica votación para definir el futuro de la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez para “municipalizar” los servicios de agua potable del Estado, entregando parte de la operación de las comisiones de agua a los ayuntamientos.
Dicha sesión dejó en evidencia la ruptura entre el actual mandatario estatal y su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien cabildeó entre los diputados de la extinta XXIII Legislatura para evitar que la golearan con iniciativas polémicas y cuestionables -como la arriba mencionada-, la ampliación del periodo del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, la creación de un SAT BC autónomo y con un periodo de siete años para el titular -aunque lo niegue Amador Rodríguez Lozano, la iniciativa existe-, entre otras.
Pues resulta que, como ocurrió en la célebre XXII Legislatura, de mayoría panista y conocida como la de “pago por evento” -esa que votó la Ley del Agua, las desaladoras, el C5i y la “Ley Bonilla”-, el anterior parlamento aplicó la misma medida y ofertó su voto… pero a altos precios.
Los operadores del Poder Ejecutivo sabían que por tratarse de una reforma a la Ley y no constitucional, bastaba con la mayoría simple del Congreso -13 votos-, por lo que lanzaron una lluvia de ofrecimientos a cambio de su simpatía por una modificación legal que ni siquiera se tomaron la molestia de revisar.
Las propuestas fueron desde dinero en efectivo, como en el caso de Víctor Morán Hernández, a quien se le ofreció una suma importante para respaldar la iniciativa de Bonilla; o cargos públicos en la futura administración de Tijuana, como es el caso de Rodrigo Otáñez, de Movimiento Ciudadano, quien fue tentado a formar parte del gabinete de la alcaldesa electa, Montserrat Caballero, en un espacio dedicado a Desarrollo Económico.
Al diputado Elí Topete Robles, ex priista, ex Movimiento Ciudadano y ahora morenista, le aseguraron un cargo en Tijuana, ya sea como oficial mayor o tesorero. También a Eva Rodríguez le pusieron sobre la mesa un espacio como asesora, aunque no se logró conocer el alcance de este compromiso.
A otros, como a Trinidad Vaca Cachón, les prometieron notaría, o bien, dinero en efectivo a cambio de su voto.
Estos referidos también se acercaron con los operadores de Marina, solicitando secretarías, direcciones y diversos cargos o concesiones en la siguiente administración, aunque no se concretaron.
Las únicas dos legisladoras que la gobernadora electa contempló para integrar su gabinete, son Rosina del Villar Casas y Mirian Cano Núñez, cuyos nombres suenan para la Secretaría de Honestidad y Función Pública, y la de Bienestar, respectivamente.
Tales fueron las ofertas que se dieron durante esos días, pero aún se desconoce quiénes aceptaron; lo único seguro es que los 13 legisladores votaron una iniciativa polémica, a escasos días de terminar la administración y sin tener idea de lo que contenía, destacando su indolencia por avalar un proyecto que no contaba con estudios ni evidencia de beneficios.
Por otro lado, resulta interesante saber si el gabinete de Montserrat Caballero en Tijuana, tendrá suficientes espacios para cumplir con los compromisos que pacte el gobierno de Bonilla en sus últimos meses de gestión.
DESAIRES
Hablando del gobernador, nuevamente desairó a las Fuerzas Armadas, al ausentarse injustificadamente en el evento de bienvenida al Comandante de la II Región Militar, General de División Víctor Hugo Aguirre Serna, quien el lunes 2 de agosto se incorporó a los trabajos de seguridad en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Poco le importó a Jaime Bonilla, pues prefirió permanecer en las oficinas de gobierno en Tijuana para llevar a cabo su transmisión vía Facebook, cuyo alcance máximo apenas superó las 600 personas, divididos -muy seguramente- en 580 burócratas y el resto reporteros, ambos obligados por sus jefes a escuchar y ver los disparates diurnos del mandatario.
Pero bueno, el 31 de octubre ya termina su bienio.
