De Trez en Trez
Uno.- Dos situaciones relativamente recientes, pero harto importantes, evidencian que algunas de las ideas y acciones impulsadas por el Presidente López Obrador no son siempre tan legales. Resultan innecesarias, pero le son útiles para -aquí el refrán de la nonagenaria abuela- “medirle el agua a los camotes”.
Una de ellas es la llevada, traída y poco eficaz “consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes” (así se vendió) mediante una pregunta que más bien parece un trabalenguas y que le fue corregida al Presidente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Ciertamente la consulta popular es un mecanismo que fortalece la participación ciudadana y por ende la democracia, en tanto que la ciudadanía puede tomar decisiones muy importantes, siempre y cuando la consulta sea pertinente y esté bien hecha. Qué bien que exista esta posibilidad, pues como ejercicio democrático, es sumamente valiosa.
Pero no cuando se pretende realizarla en forma amañada (recuérdese que AMLO insistía en llevarla a cabo el 6 de junio pasado, aparejada con la elección intermedia e incluyendo los nombres de los últimos cinco ex presidentes), y cuando tampoco es realmente necesaria y, sí en cambio, representa un gasto millonario. En eso de investigar las acciones de los ex presidentes (o de cualquier funcionario público), si realmente se tiene la intención de ello, basta con aplicar las leyes existentes.
Desde luego, los impulsores de la “consulta” pregonan que fue todo un éxito. Sin embargo, ahí están los resultados de acuerdo al Instituto Nacional Electoral: la participación ciudadana después del 100% de las actas computadas (57,077) es de 7.1133%. El 97.7214% voto por el SÍ, 1.5449% por el NO, 0.7335% fueron votos nulos para un total de 6,663,208 opiniones. Muy lejos del 40% de participación ciudadana requerido por la Ley Federal de Consulta Popular para que esta sea obligatoria para las autoridades correspondientes.
Es sencillo: si se tienen los datos suficientes (como siempre se presume) y pruebas de acciones corruptas cometidas por funcionarios pasados y actuales, pues a poner en acción las facultades de las autoridades correspondientes, que se investigue y en su oportunidad, se castigue a los responsables. Desde luego que la gran mayoría queremos eso, no es necesaria ninguna consulta.
Doz.- Otra acción fuera de la Ley es la intentona de prolongar por dos años más (hasta 2024) la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende, del Consejo de la Judicatura Federal del ministro Arturo Zaldívar. En el mes de abril, la obediente mayoría de legisladores de Morena aprobó tal medida en el contexto de una pretendida reforma judicial para acabar con la corrupción y el nepotismo del máximo tribunal. Lo hicieron mediante el ahora famoso “Artículo transitorio Décimo Tercero”.
El pasado 15 de abril, el pleno del Senado de la República votó y aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), lo que provocó el rechazo de analistas políticos, juristas destacados, colegios y barras de abogados, periodistas, columnistas, y más en el ámbito nacional e incluso internacional; la gran mayoría coincidiendo en que se trata de algo fuera de la Ley. Desde entonces ha habido varios intentos por justificar esa intención: el respaldo del Presidente López Obrador al ministro Zaldívar como el único impoluto e indicado, el silencio del beneficiado, acciones de inconstitucionalidad, pretendida consulta dentro de la SCJN y más…
Trez.- Así pasaron casi cuatro meses para que Arturo Záldivar Lelo de Larrea dijera el viernes anterior: “Mi compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos. Ese es mi único compromiso, de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros (…) Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte… yo no estoy aquí por cargos”.
Así de sencillo, así de fácil, decir “no, gracias.” Lo que debió haber hecho desde el principio, pero se dejó querer y alabar por AMLO hasta que se dieron cuenta que no iba a prosperar su intentona y su descalificación a los demás ministros integrantes de la SCJN.
Aquí, como en la consulta popular mencionada, sí se acusa y se sabe de corrupción y de otros ilícitos. Si se tienen pruebas, se debe proceder legalmente; de lo contrario se convierten en cómplices.
P.D.- Mientras la inseguridad y la pandemia (se insiste en el regreso a clases) siguen en aumento, el Gobierno Federal y sus seguidores prefieren negarlo y se distraen en otros asuntos…
Óscar Hernández Espinoza es egresado de la Facultad de Derecho por la UABC y es profesor de Cultura de la Legalidad y de Formación Cívica y Ética en Tijuana Correo: profeohe@hotmail.com
