En una declaración que marca distancia del mandatario saliente Jaime Bonilla Valdez, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que buscarán los mecanismos necesarios para dar marcha atrás a la reforma que municipaliza parte de los servicios de agua que actualmente recaen en el Estado.
Previo al arranque de la XXIV Legislatura, la próxima titular del poder Ejecutivo de Baja California, manifestó que “hay muchas posibilidades de que la reforma se caiga” haciendo referencia a la iniciativa del gobernador que fue avalada por la mayoría de los diputados salientes el pasado miércoles 27 de julio, en una sesión de Pleno, donde fue evidente la división de los representantes populares morenistas, de los cuales algunos respaldaron la propuesta del ingeniero Bonilla.
Ávila Olmeda mostró su inconformidad por el proceso y aseguró que su posición siempre va a ser la de municipalización los servicios de agua, pero consideró que debe hacerse de manera responsable y en los tiempos idóneos.
“Por las formas, por los tiempos, no se cumplieron con los términos procesales y hay algunas inconsistencias, no se cumple el 115 constitucional”, refirió la gobernadora electa, quien adelantó que la empresa FISAMEX no va a ser considerada en su gestión, debido a que ha llevado a cabo un trabajo muy negativo que le costará importantes recursos a las arcas del Estado.
“Debería responder la empresa por no hacer bien su trabajo y están perdiendo los amparos, Gobierno del Estado, y están poniendo en riesgo las arcas públicas del Estado”.
Ávila Olmeda también habló de la iniciativa que pretendía ampliar el período de gestión del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, dejando claro que está en contra, pero no descartó dejar al actual titular al frente de la institución.
