Fabricantes de armas de EU acusan: México busca “chivo expiatorio” por crimen desenfrenado en su territorio

Foto: Cuartoscuro
Destacados miércoles, 4 agosto, 2021 4:51 PM

La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF, por sus siglas en inglés), acusó, este miércoles 4 de agosto, al Gobierno de México, de buscar un “chivo expiatorio” por “el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, con la presentación de una demanda civil por prácticas negligentes, presentada en una Corte Federal de Massachusetts, en contra de sus agremiados, misma que, según ellos, carece de sustento.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, asociación que dijo las acusaciones son patentemente falsas, dado que las armas de fuego son vendidas en EE.UU., según las leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia […] La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México”, dijo Keane.

“Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, insistió el también vicepresidente principal de la Asociación estadounidense.

La NSSF criticó que Steven Shadowen, uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.

“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México, es una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses, respetuosos de la ley de poseer y portar armas”, apuntó Keane.

“El Gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, insistió el abogado general de la Asociación.

Fundada en 1961 y con sede en el estado de Connecticut, la NSSF congrega a más de 8 mil miembros, principalmente en el área de la fabricación de armas de fuego y municiones, pero también incluye a distribuidores, clubes de tiro, vendedores y aficionados estadounidenses.

Entre los argumentos que presentó la Asociación está que el propio Gobierno de EE.UU. también vende armas de fuego directamente a su homólogo de México. “Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil”, abundó la NSSF.

La Asociación explicó, además, que según cables del Departamento de Estado de EE.UU., las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Asimismo, recordó que según un informe de 2006 elaborado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, China suministró de forma activa armas a países latinoamericanos, que después fueron incautadas en México.

MÉXICO DEMANDA A COMPAÑÍAS DE ARMAS ESTADOUNIDENSES EN CORTE DE EU, POR COMERCIO NEGLIGENTE E ILÍCITO

El Gobierno de México anunció, este miércoles 4 de agosto, que demandó a 10 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachussets, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.

Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.

Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.

“No obstante, [los fabricantes] continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de publicidad para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, indica la demanda.

“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.

En conferencia de prensa, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados.

Es por ello que se realizó la demanda en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación, detalló Celorio Alcántara.

“Es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, agregó el consultor jurídico de la SRE.

Celorio Alcántara dijo que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes, si se sufren daños y de acuerdo a su ley. Aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.

“La demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo para controlar el tráfico de armas”, informó el consultor jurídico de la SRE.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la demanda presentada en Boston, Massachusetts, es un hecho sin precedentes, ya que México no puede guardar silencio ante la situación.

“La demanda en materia civil que hoy se ha presentado en una Corte en Massachusetts por el Gobierno mexicano es correcta, oportuna, valiente, justa, porque es un hecho sin precedente lo que está ocurriendo hoy en México”, comentó el también coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara alta.

“¿Qué es lo que busca esta demanda? No sólo la reparación del daños, sino el tajo de que se seguía evitando esta tragedia dude violencia que México vive. Muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la entrada ilegal de armas a nuestro país”, comentó el ex gobernador de Zacatecas.

Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, aseguró que las empresas productoras de armas de Estados Unidos están desarrollando diversos modelos para los cárteles del narcotráfico y que sus productos se adapten al crimen organizado.

​”Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”, detalló el canciller mexicano.

“Que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas”, dijo Ebrard Casaubón.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA

La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las citadas empresas, las cuales tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.

Según el Gobierno mexicano, los acusados “saben desde hace mucho tiempo que algunos de los traficantes que utilizan para vender sus armas al por menor suministran una cantidad significativa de armas al mercado criminal en México”.

La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado “un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México”.

“La elección de los acusados de utilizar políticas de distribución y ventas que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas”, agrega la demanda.

“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables”, indica la demanda.

“La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, dice la demanda.

Según el texto citado, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.

“México está experimentando niveles crecientes de violencia armada y sufre la muerte de civiles por armas de fuego a una de las tasas más altas del mundo. Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003″, insiste la demanda.

“Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”, acusa el Gobierno de México, el cual argumentó que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en su territorio provienen de Estados Unidos.

En su mayoría, las armas decomisadas son de siete marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Además, anualmente, cerca de 340 mil armas de estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en el estado de Massachusetts.

Incluso, el Gobierno de México añadió a la marca Barrett, por su rifle de francotirador y antiblindaje de calibre 50, citado como “un arma de guerra predilecta por los cárteles de la droga”. Como ejemplo, señaló el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, en junio del 2020.

En el documento se advierte que la ola de armas militares en México es un resultado previsible por las acciones y deliberadas prácticas de negocios de las empresas demandadas. Por ejemplo, trabajar con vendedores y revendedores de armas corruptos, diseñar armas que puedan ser fácilmente modificadas para ser automáticas, e incluso publicitarlas de una forma en la que atraigan a organizaciones criminales trasnacionales.

La demanda detalla que las compañías estadounidenses están informadas de prácticas como la ventas con intermediarios, donde personas con autorización para tener armas, más no para venderlas, obtienen el equipo y después lo cruzan por la frontera hacia México.

En ocasiones, según apuntó el Gobierno mexicano, se trata de decenas de piezas compradas por una sola persona. Además de que los fallos en diversas cortes en materia de ventas de armas han obligado a las firmas a regular su venta, distribución y diseño, aunque lo han evitado “cabildeando reformas” en la materia, a través de congresistas aliados.

La demanda mexicana señala que, a pesar de ello, los fabricantes de armas han decidido no implementar monitoreos ni controles de sus sistemas de distribución, a pesar de tener formas de implementar estas restricciones.

¿QUÉ PIDE EL GOBIERNO DE MÉXICO?

La Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demanda que las empresas presenten medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados.

Así como otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley y adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los demandados.

Además de financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas. También presentar una orden judicial contra los demandados, exigiéndoles que tomen todas las acciones necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y que de otra manera causaría en el futuro en México.

Asimismo, la reparación de daños en una cantidad que se determinará en el juicio y que sea suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal. Además de restituir intereses previos y posteriores al juicio según lo permita la ley Restituir los costos de la demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, según lo dispuesto por la ley Otorgar una reparación adicional, según lo requiera el caso, y se considere justo y apropiado.

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