En un inesperado acto, ex diputados de la XXIII Legislatura anunciaron que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la conocida como Ley de Aguas de Bonilla, la cual otorga facultades parciales a los ayuntamientos en la operación y uso del vital líquido.
La iniciativa del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, ha sido cuestionada por varios sectores empresariales, académicos y sociales, sobre su falta de consenso, su viabilidad y hasta su verdadera municipalización.
El 29 de julio fue aprobada por la legislatura saliente, la iniciativa del dictamen número 4, y dos días después, algunos de los legisladores que participaron en el proceso, interpusieron dicho recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad de obtener una suspensión provisional e incluso dar marcha atrás al decreto avalado por 13 diputados.
La premisa que sustenta la acción de inconstitucionalidad emprendida por más del 33 por ciento de los diputados, refiere que se violentaron procedimientos legislativos elementales y diversos preceptos legales, pues de acuerdo con el Artículo 30 de la Constitución del Estado.
Este argumento expresado en la misma sesión del 29 de julio por el diputado Juan Manuel Molina, indica que los ayuntamientos debieron ser citados con cinco días de anticipación para participar en la comisión y elaboración del dictamen. Además, se presentaron – según indican- irregularidades en los tiempos de notificación de los legisladores.
FISAMEX debe responder por amparos perdidos por cobros indebidos de agua: Marina del Pilar Ávila
Apenas la noche del 31 de julio, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, comentó que muy probablemente la Ley de Aguas de Bonilla, iba a “caerse” argumentando que hubo una serie de irregularidades en el procedimiento parlamentario.
Además de ello, reclamó que la empresa FISAMEX debe responsabilizarse por los amparos perdidos que le ocasionarán un daño al erario.
En el esquema de auditorías que lleva a cabo la empresa sanciona a las empresas que no han pagado los derechos de conexión de agua. Sin embargo, las multas por ello resultaban ser estratosféricas.
“Debería responder la empresa por no hacer bien su trabajo y están perdiendo los amparos, Gobierno del Estado, y están poniendo en riesgo las arcas públicas del Estado”, refirió la mandataria.
Actualmente, la empresa obtuvo comisiones por servicio que superan los 300 millones de pesos, durante el año y medio que han ejercido sus acciones de cobro.
La ex diputada Eva María Vásquez, denunció públicamente que la Ley de Aguas de Bonilla tenía como objetivo que la empresa FISAMEX siguiera cobrando en los municipios afines al gobernador, como lo son Tijuana, Ensenada, Rosarito y próximamente Tecate.
Los diputados que firmaron la acción de inconstitucionalidad son:
Araceli Geraldo
Juan Meléndrez
Rosina del Villar
Juan Manuel Molina
Javier Robles
Efrén Moreno
Víctor Navarro
Evangelina Moreno
Miriam Cano
Julia Andrea González
