Actores políticos afines al gobierno de Morena y al partido, incluido el Presidente López Obrador, acusan que la autoridad electoral no puso empeño en la organización del ejercicio en el que participó un porcentaje mínimo de ciudadanos. Demandan juicio político contra consejeros. Instalación de Mesas en BC superó la de “consultas” previas realizadas a nivel nacional: vocal ejecutivo
A raíz de la escasa participación en la consulta popular del 1 de agosto, el discurso contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas deficiencias en la organización del ejercicio, se acentuó y dio paso a exigir la destitución del presidente de la institución, Lorenzo Córdova Vianello, así como del consejero general Ciro Murayama Rendón.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien ya había dicho que el INE estaba desincentivando la participación ciudadana por disponer la instalación de un número limitado de mesas receptoras, recalcó que el partido en el poder promoverá una iniciativa a partir de septiembre para reformar el órgano electoral.
Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto, también señaló al organismo de haber instalado “sólo un tercio de las casillas (57 mil 014 de 163 mil 244)”, y deploró que el INE expusiera que la consulta no tenía que ver con la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes.
Gutiérrez afirmó que, en un afán de removerlos de sus cargos, Morena buscaría emprender un juicio político contra Córdova y Murayama.
Seis millones 663 mil 208 ciudadanos participaron en la consulta, cifra equivalente al 7.1133% de la Lista Nominal de electores (integrada por 93 millones 671 mil 697 personas); 6 millones 511 mil 385 se pronunciaron a favor de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, tentativa que constituyó el eje conductor del sondeo; 102 mil 945 dijeron estar en contra; y 48 mil 878 optaron por declarar nulo su pronunciamiento.
Para que la medición fuera vinculatoria y con ello las autoridades competentes estuvieran obligadas a respetar los resultados, se requería que participaran 37 millones 411 mil 389 de interesados (40%).
El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien el año pasado fue derrotado por Delgado Carrillo en la elección de dirigente del partido, consideró que la consulta popular “fue un fracaso”. En tanto, Kenia López, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró que en cuanto al hecho de que la herramienta se implementó por disposición del mandatario Andrés Manuel López Obrador, “la gente ya no le da jalón a sus locuras”, y estimó que el objetivo del Ejecutivo “no es hacer justicia”, sino “hacer de nuestras instituciones un circo, para poder desacreditarlas y seguir apoderándose de todo”.
Por su parte, AMLO negó que el mecanismo haya fracasado: “Nunca había participado tanta gente, en una consulta de las que se han realizado”. De la escasa afluencia, en todo caso, culpó al INE, “ellos no tenían entusiasmo por la consulta, tampoco por la democracia”, asumió.
INE DEBE QUEDAR ADSCRITO AL PODER JUDICIAL: ABOGADO
El abogado Daniel Solorio Ramírez tachó de “maliciosa” la conducta de las autoridades electorales en su encomienda de organizar el ejercicio de participación. Aseguró que en específico Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “son personajes extremadamente comprometidos” con “el círculo del poder de años anteriores”. En tales condiciones, “hicieron cuanto pudieron para lograr el resultado que finalmente obtuvieron, que es una muy baja votación”.
En entrevista con ZETA, Solorio lamentó que no se hayan instalado mesas receptoras especiales. Justificó que el Presidente López Obrador no haya acudido a emitir su opinión en vista de encontrarse de gira por Nayarit, sin que hubiese forma de acudir al centro receptor que le correspondía (de acuerdo con su domicilio).
Según el letrado, es preciso realizar “una reforma grande al INE”, y recordó que “hace algunos meses el propio Presidente de la República hizo una propuesta de que el INE pudiera quedar adscrito al Poder Judicial de la Federación”.
En cuanto a la presunción de que ello atentaría contra la autonomía del organismo, definió que difícilmente el Instituto perdería su condición de autónomo, toda vez que “el propio Tribunal Electoral, que tiene la última palabra”, resulta ser “un órgano del Poder Judicial”.
A su modo de ver, “una de las cosas que van a empezar ya, es el debate sobre la reforma al sistema electoral, por un lado; y por otro, por lo menos estos dos consejeros (Córdova y Murayama) no pueden seguir ahí”. El consultado concluyó que “la vía institucional para que se vayan, es el juicio político”.
FALSAS APRECIACIONES: JUNTA LOCAL
Para María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, las críticas al órgano electoral por una supuesta falta de esmero en la organización de la consulta popular son “falsas apreciaciones”. Afirmó que los funcionarios del organismo fueron “muy claros en todas las jornadas de difusión” relativas a la actividad de carácter cívico.
“El INE no está en contra ni a favor de nadie, nosotros no actuábamos a favor del sí ni del no; actuábamos a favor de que toda la ciudadanía pudiera participar”, asentó.
“Tenemos hechos que corroboran todo el trabajo que estamos haciendo, tan es así que tuvimos mil 757 mesas, que en cualquier otro ejercicio que intentó llamarse consulta, ni siquiera se aproximó en lo más mínimo al número de mesas que tan sólo tuvimos en Baja California”, indicó.
Por lo que respecta a cinco “consultas” previas, celebradas a partir de 2018 (fuera del marco constitucional), la que se llevó a cabo para justificar diez proyectos de la llamada Cuarta Transformación (impulsada por López Obrador), fue la que concentró mayor cantidad de centros receptores a nivel nacional (mil 096).
Sobre las mesas receptoras especiales, Flores Huerta remembró que “no hubo recursos para hacer la consulta” y que los preparativos de ésta se solventaron en virtud de una serie de ahorros concretados por el INE (564.5 millones de pesos). De cualquier manera, “las casillas especiales como tal no están previstas en la norma, para este caso de la consulta popular”.
Finalmente, expuso que para la ubicación de los centros receptores se habilitó una aplicación móvil, un asistente virtual de WhatsApp, se procedió a “la publicación completa de las mesas en los portales de los institutos nacional y estatal electorales, y se puso a la disposición el INETEL (800-433-2000).
CONSEJO RECHAZA ACUSACIONES
En un pronunciamiento emitido el 3 de agosto, el Consejo General del INE rechazó “las acusaciones y descalificaciones que se han realizado en contra de la institución”. Los once consejeros electorales y secretario ejecutivo del Instituto (Edmundo Jacobo), argumentaron que el organismo “llevó a cabo todas las actividades necesarias para que la consulta se realizara y fuera un éxito, desplegando todas sus atribuciones constitucionales y legales, y sus capacidades institucionales, a pesar de las limitaciones presupuestales y en los tiempos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de Consulta Popular y en la Convocatoria emitida por el Congreso de la Unión”.
Sobre la fecha de celebración del ejercicio democrático, refirieron que no fue el INE la instancia que decidió modificarla para que la consulta no coincidiera con las elecciones intermedias (las cuales tuvieron lugar el 6 de junio).
Durante su primer año de gestión, el propio AMLO propuso reformar el Artículo 35 Constitucional en el ánimo de que el mecanismo consultivo pudiera implementarse cada año. La modificación, aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México establecía que la actividad se efectuara el día de los comicios intermedios. No obstante, esa disposición se modificó. Actualmente, la Ley establece el primer domingo de agosto como fecha indicada.
Los integrantes del Consejo también recalcaron que el Instituto no redactó “una pregunta confusa”. Recordaron que la elaboración de la interrogante que se empleó para efectuar la consulta, quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a la promoción del ejercicio de participación, descartaron haberla retrasado. “Fueron las dos Cámaras del Congreso de la Unión las que decidieron que la convocatoria entrara en vigor hasta el 15 de julio pasado”, expusieron.
El llamamiento estaba contemplado para surtir efecto a partir del 28 de octubre de 2020.
En vista de que su vigencia habría de implicar la suspensión de toda propaganda gubernamental (excepto en lo referente a servicios educativos, salud y protección civil), las fracciones de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado reformaron el Artículo Primero transitorio de la convocatoria, de tal manera que su entrada en vigor se recorriera hasta el 15 de julio de 2021.
“Menos aún puede afirmarse que el INE haya decidido instalar pocas Mesas Receptoras”, expusieron los integrantes del Consejo General, quienes adujeron que “desde el año pasado se hicieron diversas solicitudes presupuestales (a la Cámara baja y a Hacienda) con miras a garantizar la instalación de 104 mil (centros de recepción)”, con el pormenor de que “los requerimientos no fueron atendidos”.
Originalmente, el organismo solicitó mil 499 millones de pesos adicionales, cantidad que no fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, además de que al órgano electoral se le recortaron 869.9 millones de pesos del financiamiento que solicitó para este año (al margen de lo requerido para la consulta). Posteriormente propuso un ajuste para la implementación del instrumento de participación, solicitando 890 millones de pesos, monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco concedió.
Tales son los argumentos esgrimidos por funcionarios del INE ante los señalamientos de haber boicoteado la actividad cívica.
MANIOBRA AMBIGUA Y FRAUDULENTA: ESPECIALISTAS
Para el analista político Benedicto Ruiz Vargas, la escasa acogida de la población a la consulta “no fue responsabilidad del INE”. En todo caso, dijo, tuvo que ver con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió el contenido de la interrogante planteada por AMLO, quien se pronunciaba sobre la posibilidad de enjuiciar a sus predecesores, con la excepción de Luis Echeverría Álvarez.
“La gente no se moviliza cuando siente que algo no está claro”, opinó telefónicamente Ruiz, e indicó que en un afán de no contradecirse ni darle “una negativa contundente al Presidente”, la Suprema Corte “inventó una pregunta confusa, ambigua, que no significó nada para la mayoría de la gente”.
Además, refirió que la población mayoritariamente “fue pasiva a la consulta”. Tal escenario constituye un mensaje de que “la gente no va apoyar todo lo que Morena o el Presidente decidan”, observó.
El abogado Juan Marcos Gutiérrez, manifestó que la consulta popular 2021, tal cual se diseñó, restringe “los derechos humanos de los posibles responsables (…) aunque ahorita no tengan nombre; el gobierno se ha encargado de manera bastante solícita de saber contra quién va dirigido esto”.
Se trata de un mecanismo con el que “ya se está prejuzgando”, y aludió que el Artículo 20 Constitucional establece como derecho de una persona imputada “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad”. De ahí que considere la herramienta implementada “un fraude a la Ley, a la Constitución, tolerado por la Corte”.
Conforme al Código Penal, cuando obra una denuncia de por medio, los presuntos delitos se persiguen de oficio. “No hay una desiderata para saber si hay que preguntarle a la gente”, expresó el abogado.
Pero en tanto no haya “un hecho concreto denunciado, (la fiscalía) no puede estar cazando fantasmas”, remató.
