Instituto Nacional Electoral responde que, aunque interpusieron una controversia constitucional para incrementar el presupuesto del proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra
La consulta popular en Baja California Sur finalizó con una participación del 5.57%, confirmó en entrevista para ZETA la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Marina Garmendia.
Detalló que, para el primer ejercicio de democracia participativa, 563 mil 914 electores tuvieron la oportunidad de opinar en BCS, no obstante, las 340 mesas receptoras que se instalaron en la entidad, contabilizaron 31 mil 428 votos.
Al acudir a emitir su participación en la consulta para enjuiciar a ex presidentes, el gobernador electo Víctor Castro Cosío denunció que el domingo 1 de agosto se reportó una serie de trabas por parte del INE, aludiendo una mala organización del Instituto, ya que en La Paz se instalaron “pocas” casillas.
Asimismo, exhibió que en poblados como El Triunfo, las y los ciudadanos tuvieron que moverse 73 kilómetros hacia la comunidad de Santiago para poder votar.
“Quiero dejar testimonio de las serie de trabas, el INE mandó a votar gente del Triunfo a Santiago. No les interesa fortalecer la democracia, ahí está una prueba. Digamos la verdad a la gente, fueron obstáculos sobre obstáculos”, manifestó.
A pesar de su descontento, Castro Cosío reiteró que la consulta popular es un hecho histórico que fortalece la democracia en Baja California Sur y en México.
La vocal ejecutiva del INE respondió a los señalamientos del gobernador electo, recordando que el Gobierno Federal negó las solicitudes de presupuesto para el ejercicio de participación, por lo que sólo se contaba con poco más de 500 millones de pesos para una consulta que demanda una movilidad similar a la de un proceso electoral.
En consecuencia, aclaró, no hubo casillas especiales y extraordinarias que se abren en regiones con poca densidad de población, en lugares aislados o con pocas vías de comunicación, como El Triunfo.
Marina Garmendia recordó que la instalación de mesas receptoras para la ciudadanía en tránsito, como son las casillas especiales, no está regulada en las consultas populares, y es necesario que la nueva Cámara de Diputados legisle al respecto.
Además, aseguró que la falta de recurso llevó al INE a instalar apenas un 30% del total de las casillas que se preparan para una elección ordinaria.
“Al reducir el número de mesas receptoras, se tuvo que hacer un nuevo recorrido para ver dónde podíamos colocar estas mesas y que pudiera albergar a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas, porque teníamos que poner menos lugares, pero al mismo tiempo, con una capacidad mayor. Por eso, insisto en que era lo que, lamentablemente, alcanzaba a hacer el Instituto. Por supuesto habrá que considerarlo para futuras consultas, es muy importante que cuenten con el presupuesto necesario”, concluyó la vocal ejecutiva del INE.
Para la primera consulta popular, más de mil 700 personas intervinieron como funcionarios en el proceso, amén de que el INE contrató a 60 para fungir como instructores y asistentes electorales eventuales.
