Personas asentadas de manera irregular, señalaron al gobernador de engañarlos, cuando fueron desalojados antes de entregarles los “predios de 100 pesos” que les prometió. Niños, personas de la tercera edad, madres solteras y personas sin oportunidades económicas para rentar en Tijuana, quedaron desahuciadas en la calle, sin solución
Sin avisar, la Fiscalía General del Estado (FGE) expulsó a las más de 400 familias que se encontraban viviendo en las faldas del Cerro Las Abejas, pese a la promesa del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, de reubicarlos antes de desahuciarlos.
El martes 10 de agosto, arribaron 180 elementos de la FGE y 90 de la Policía Municipal de Tijuana, una decena de retroexcavadoras, grúas y camiones de volteo de Río Tijuana Compañía Constructora, SA de CV, para comenzar con el desalojo de los invasores del cerro.
En punto de las 12:00 horas arrancaron los motores de la maquinaria pesada para demoler las casitas hechas con materiales como madera, cartón, unicel y tubos de PVC, con techos de cobijas y trapos.
A las familias les dieron 30 minutos para sacar sus pertenencias de las chocitas. Se apreciaba bajar del cerro a niños y adultos mayores cargando sus cosas mientras los tractores de construcción subían para tirar el lugar que habitaron por casi dos meses.
El 22 de julio, a las faldas del cerro, durante la “Jornada por la Paz” y violando la veda estipulada en la Constitución, fracción VIII del Artículo 35 (para la aplicación de la consulta popular), Jaime Bonilla prometió la venta de 400 lotes de 160 metros cuadrados a personas asentadas de manera irregular para que desalojaran el área.
“Como yo no los puedo regalar (los lotes), porque luego me van a acusar que ando regalando lo que no es mío, se los voy a vender, fíjense. Se los voy a vender a cada uno de ustedes, ese terreno, tenemos 400 lotes ya localizados de 160 metros cuadrados, se los voy a vender en 100 pesos el terreno”, declaró.
Quince días posteriores al anuncio que realizó el gobernador, las familias señalaron a ZETA que no volvieron a saber más del tema. Esperaban que primero les dieran la reubicación antes de ser expulsados de donde dormían.
Mientras que en otros lugares invadidos en la ciudad no se ha realizado desalojo alguno, incluso cuando hay registro que han sido violentos en la toma de los espacios como el Cañón del Matadero, El Alacrán, Cuero de Venados y Mirador del Valle, invasiones que datan de mínimo hace dos años.
Entrevistado por este Semanario, el director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi), Abraham Ávila Delgadillo, aseguró que los lotes serían entregados antes de concluir la gestión de Bonilla (31 de octubre), o al menos una primera parte de 50 terrenos antes de concluidos los dos años del mandatario.
Sin embargo, no dejó clara la procedencia de los bienes que serán fraccionados y posteriormente vendidos; no detalla su ubicación exacta, ni quién es el propietario original de los terrenos que, asegura, fueron donados al Indivi tras una gestión de la dependencia y el gobernador con un particular.
Por otra parte, ajeno a las supuestas gestiones que efectuaba el Gobierno del Estado, la FGE (a cargo del padre de la alcaldesa suplente de Tijuana y compadre del gobernador, Guillermo Ruiz Hernández) se encontraba en litigios para desterrar a los invasores del predio lo más pronto posible.
De acuerdo con la FGE, el operativo fue producto de una denuncia presentada el 16 de junio de 2021, con motivo de la invasión de 45 hectáreas en el predio conocido como Cerro Las Abejas, de las cuales 25 habían sido ocupadas de manera ilegal por un grupo aproximado de 400 personas.
En boletín de prensa difundido por la dependencia de seguridad, se detalla que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales inició la carpeta de investigación 0204-2021-25943 por el delito de despojo.
Conforme a la investigación, se tienen identificadas a cuatro personas que se encargaron de engañar a las familias que llegaron a invadir las faldas del cerro:
* Juan Alberto Fuentes Pérez.
* Maylín Velázquez Rodríguez.
* Yajaira Ramón Chávez.
* Eladio Pérez López.
(Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art. 13, CNPP)
“CREÍMOS EN LA PALABRA DEL GOBERNADOR Y NOS ENGAÑÓ”
La señora Janet Ovando es madre soltera, tiene dos hijos pequeños, llegó a Tijuana hace dos meses en busca de mejores oportunidades que las ofrecidas en su natal Chiapas. En su trabajo, una compañera le habló de la invasión en las faldas del cerro.
Ella acudió a ver la zona y, ante la falta de recursos para pagar la renta de una vivienda digna para ella y sus hijos, decidió quedarse ahí. Consiguió cuatro palos de madera que utilizó como postes para sostener un techito de trapo. Así pasaron su primera noche.
Janet tuvo que dejar su trabajo para quedarse en el pedacito de tierra que invadió para cuidar a sus hijos, ya que criminales rondaban la zona. Fue censada por el Indivi para ser una de las candidatas a obtener un lote de 160 metros cuadrados por 100 pesos, pero primero llegó el embargo que el terreno prometido.
“Vivimos aquí en el cerro porque no tenemos dónde más vivir. Aquí venimos a buscar un pedacito de terreno para ver si nos daban la oportunidad de quedarnos o algo así, pero la verdad es que creímos en la palabra del gobernador, que dijo que nos daría terreno y mira: ahora estamos acá afuera en la calle, a la intemperie con mis niños y mis cosas. No tengo para dónde ir, sin embargo, al gobierno eso le vale, ya vinieron con una orden y dijeron que ya era necesario que saliéramos. Llegaron las máquinas, ya quieren que desocupemos todo, a ellos no les importa si tenemos dónde pasar la noche o dónde cubrirnos del sol ahorita, tengo tres niños ahí están en la calle”, relató a este Semanario.
“No tenemos a dónde ir, no tengo dinero, ni trabajo, no es como que pueda decir ‘me busco un cuarto de renta y ahí meto a mis hijos’, yo estoy aquí, no tenemos a dónde ir, soy madre soltera. Tenía yo mi trabajo, pero por estar aquí cuidando a mis niños y a la espera del terreno, lo perdí y el Indivi no nos da respuesta. Fui una de las primeras personas a las que nos dijeron que en quince días nos marcarían y ya tenemos unes mes sin nada. No nos han marcado ni hablado. Si no tengo una solución, me voy a ir al Centro de Gobierno, para que vea el gobernador que no tengo dónde vivir”, agregó.
Para el señor Juan Carlos Cruz, la experiencia no es muy distinta. La impotencia que expresa su rostro al ver cómo entran los camiones de volteo y las grúas para derrumbar su casa, mientras él y sus hijos bajan con prisa sus pocas pertenencias, es más que evidente.
Comentó sentirse muy triste y decepcionado del gobernador por haber dado su palabra de venderles terrenos para que se reubicaran y no cumplir con eso antes de ser expulsados.
“Estábamos esperando la reubicación y un poquito más de tiempo, pero no se pudo. Ya vinieron las autoridades y nos dijeron que nos teníamos que retirar en 30 minutos para supuestamente sacar las cosas, imagínate 30 minutos para la gente que vivía aquí, es ilógico”, dijo.
“Me siento muy triste y decepcionado porque supuestamente el gobernador había dado su palabra y los de Indivi también dijeron lo mismo, que en dos semanas, y así nos traen ya casi se hace un mes y no nos han resuelto nada. La mayoría de nosotros ya llenamos el formato que ellos nos hicieron llegar, el gobernador nos prometió que nos vendería un terreno en 100 pesos, pero hasta ahorita no han cumplido con nada. El gobernador nos mintió, nos dijeron que en dos semanas nos darían solución y sólo nos han dado largas.
“Nos traen a vueltas con mentiras y no es justo. Tenemos conocimiento que no estamos legalmente aquí, pero no le hacíamos daño a nadie, lo que esperábamos era la reubicación. Aquí vivíamos mi esposa y mis dos hijos. Mi hija está embarazada y se acaba de aliviar en la Clínica 1. No tenemos la posibilidad de comprar, porque donde trabajo, hasta ahorita no nos dan seguro y no podemos hacer puntos para el Infonavit, nos vamos a quedar en la calle porque no tenemos de otra”, expresó con desánimo.
También hay personas de la tercera edad desahuciadas por el desalojo, como Iracema Ramírez, de 68 años y con una discapacidad en un brazo, producto de una caída. Vive con su hijo diagnosticado médicamente con síndrome de Down. Por su edad, ella ya no puede trabajar, vive de la pensión que recibe por parte del Seguro Social -mil pesos mensuales-, cantidad insuficiente para pagar una renta en alguna vivienda de la ciudad.
La mujer ha acudido en varias ocasiones al Centro de Gobierno para exigirle al gobernador que los apoye con la regularización del terreno o les ceda alguno donde puedan vivir dignamente, pero no ha obtenido respuesta.
“Las rentas están muy caras aquí en Tijuana, soy una persona discapacitada y no me alcanza lo que me paga el Seguro, por eso llegué al Cerro de las Abejas, pero ya nos llegó la orden de desalojo y nos están sacando a la mala, porque el gobernador nos dijo que nos iba a reubicar antes de que nos sacaran. Estábamos esperando ese momento y puras promesas, no se nos ha cumplido nada, ahora terminamos en la calle. Hay personas discapacitadas, niños, adultos de la tercera edad aquí varados. Nos están echando a la calle, da mucha tristeza que nos saquen a la calle”, lamentó, para después, con los ojos llenos de lágrimas, enviar un mensaje al titular del Poder Ejecutivo estatal:
“Bonilla, ¡te he pedido muchas veces ayuda! ¡Te estoy pidiendo ayuda, Bonilla, porque ya te vas del poder y te necesitamos antes de que te vayas! Porque dijiste que nos cumplirías una promesa, ¡y la tienes que cumplir antes de que salgas del poder!
“Bonilla, ¡acá te necesitamos porque nos están desalojando, porque nos están aventando a la calle cuando hay personas que no tienen ni trabajo, tengo un niño discapacitado, échanos la mano, no seas injusto, ¡esta noche no tenemos dónde quedarnos! Escúchanos, somos muchas familias y hay muchos bebés, no nos dejen tirados en la calle, se siente feo que no tenga uno dónde reubicarse. Ustedes, gente de Tijuana, apóyennos, no nos echen tierra, somos gente honesta; pensamos que nos reubicarían antes de desalojarnos”.
La noche del 10 de agosto, alrededor de 60 familias desalojadas durmieron en la calle. Llovió en gran parte de la ciudad.
En las vialidades que rodean al cerro, quedaron a la intemperie madres solteras con sus hijos, personas de la tercera edad y familias de hasta nueve personas, quienes amenazan con plantarse en próximos días frente al Centro de Gobierno, para exigir que Jaime Bonilla cumpla su palabra.
LAS EMPRESAS DETRÁS DEL DESALOJO
La maquinaria pesada utilizada para el desalojo en el Cerro Las Abejas, pertenece a la empresa Río Tijuana Compañía Constructora, SA de CV, con RFC: RTC970830Q11. Se dedica al giro de la construcción y ha sido beneficiada con distintos contratos de obra pública en distintas administraciones estatales y municipales.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, los socios de esta firma son los hermanos María Guadalupe, Jorge Eduardo y José Alejandro Valenzuela Moreno; Jorge Maldonado Rotter y María de los Ángeles Delgado Rubio de Rotter.
La denuncia para desalojar a las personas que se instalaron de manera ilegal fue presentada ante la FGE por la empresa El Florido California, SA de CV, representada por Mauricio Javier Villa Soaje, apoderado legal.
Según los documentos revisados por ZETA en el Registro Público del Comercio, los socios de la empresa dedicada a la construcción son:
Joel Chagoya Casanova
Jorge Francisco Manuel Alemán Velasco
Raymundo Múzquiz Ayala
Gustavo Spinolo Ávila
Joaquín Unda Hernández
Georgina Serrano Cuevas de Romero
Carlos Ignacio Serrano Santibáñez
Javier Mondragón Hoyos
Armando Pozos Pineda
Elena Cuevas de Bueno
Lilia Castillo de Serrano.
