Cuando ordenó la reforma que municipaliza parcialmente los servicios de agua potable en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez pasó por alto, que la construcción de la planta fotovoltaica- uno de sus principales proyectos-, que dotará de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado, tiene como compromiso de pago, el cuál debe salir, de las comisiones estatales de los servicios públicos de Tijuana, Ensenada y Tecate, lo que complicaría el proceso de transición a los municipios.
El decreto 178 emitido por el Poder Legislativo de Baja California, otorgó la posibilidad al Ejecutivo del Estado de celebrar el contrato con la empresa Next Energy, para la construcción de la planta fotovoltaica ubicada en la carretera a San Felipe, de Mexicali.
Dicho decreto autoriza a la Comisión Estatal del Agua (CEA), que asigne las aportaciones correspondientes para el cumplimiento del contrato plurianual en el Presupuesto de Egresos de cada año, por lo que se cubriría con recursos públicos propios y de participaciones federales.
Sin embargo, en el segundo artículo establece como garantes a las comisiones estatales de servicios públicos de Tecate, Tijuana y Ensenada, para que sean estas instituciones las encargadas de cubrir algún adeudo generado por el propio Estado.
Para ello se establece que el dinero saldrá del recurso recabado del cobro de suministro de agua a los usuarios.
Dos abogados consultados por ZETA consideraron que este apartado en el decreto complicaría sustancialmente la transición de las comisiones de Tijuana y Ensenada, cuyas transiciones ya fueron publicadas, en el Periódico Oficial del Estado (POE)
Y es que dichas comisiones no tendrían capacidades de cobro, pero si obligaciones de pago.
